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Las medidas contra el fraude fiscal que "no acabarán con la economía sumergida", según los inspectores

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Angel Diaz / EFE

El Gobierno presentó en la mañana de este viernes un nuevo plan contra el fraude. "Se trata de que declare todo el mundo, porque para que aumente la recaudación, más que el debate de los tipos, es importante que las bases sean muy amplias", en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Según ella, se acaba la pregunta "¿con IVA o sin IVA?"

Estas son sus principales medidas y lo que opina, a falta de conocer los detalles, el vicepresidente Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Ramsés Pérez Boga. Para él, el plan "no acabará con la economía sumergida, pero es un paso en la buena dirección".

No se podrán hacer pagos en efectivo de más de 2.500 euros. El límite tiene excepciones, como cuando los pagadores sean varios (en cuyo caso se puede rebasar) o cuando el pago lo haga un extranjero no residente en España, en cuyo caso aumenta hasta 15.000 euros.

"ECuanto más se rebaje el límite, por ejemplo hasta los 1.000 euros (como en Italia), más se lucha contra la economía sumergida. Será muy difícil de controlar el profesional que te hace una chapuza en casa, por ejemplo, pero lo cierto es que se le pone más difícil. Nos parecería muy útil rebajar mucho más el pago de nóminas, a 500 o 1.000 euros. Eso sí sería una medida efectiva"

Obligación de declarar cuentas y actividades económicas en el extranjero. No prescribirá e incumplir la norma acarreará multas de hasta 10.000 euros, con recargos de 5.000 por cada dato no declarado.

"En un futuro, en la Unión Europea los inspectores podremos obtener datos de otros países como lo hacemos en España, de manera automática. De momento, los Estasdos miembros son muy celosos de su autonomía en esta materia, por lo que la medida es en parte un brindis al sol. Podemos pedir datos individuales a través de chivatazos o indicios concretos, pero la medida será difícil de ejecutar por el momento"

Lucha contra las facturas falsas en sistema de módulos. Se excluyen del régimen de módulos los empresarios que facturen menos del 50 % de su operaciones a particulares. Solo será para aquellos cuyo volumen de rendimientos del año anterior supere los 50.000 euros. El sistema de módulos se basa en la llamada estimación objetiva, por el cual una empresa tributa en base a umbrales previstos por la ley y no en base a los datos directamente derivados de la actividad económica. Por este motivo, se dan casos en los que se emiten facturas en las que no se ingresa el IVA, pero que otros se deducen.

"Reducirá considerablemente el comercio de facturas falsas. Hace que disminuya de facto el volumen hasta en un séptimo gracias al límite de 50.000 euros. Puede generar algunos problemas en sectores como el del transporte, que para ser competitivos bajan mucho los precios y podrían verse perjudicados por los cambios en el régimen de módulos".

Refuerzo de las sanciones, medidas cautelares y el personal de la administración. La medida apenas fue concretada por la vicepresidenta. Parte de las medidas ya existen, de una u otra forma, en las reglas que se aplican en la actualidad. El cuerpo de inspectores de Hacienda, como recordó la vicepresidenta, está exento de la norma de no sustitución de funcionarios que causen baja.

"Es nuestro caballo de batalla. Hasta llegar al límite (y de eso estamos lejos) deberíamos tener claro que es necesario invertir 20 céntimos para recaudar un euro. Es obvio que invirtiendo más en personal se recaudará más. Las medidas cautelares están ya previstas, pero siempre es positivo que se refuercen".

UGT CONSIDERA INCOHERENTE CON LA AMNISTÍA

UGT considera que el proyecto de ley será "insuficiente", al ser "poco ambicioso e incoherente con la reforma fiscal".

En un comunicado, el sindicato liderado por Cándido Méndez insiste en llevar a cabo una "reforma integral" del sistema fiscal que "eleve su potencia recaudatoria, mejore su equidad y progresividad y ataque con contundencia las conductas fraudulentas".

Más concretamente, el sindicato indica que la limitación a 2.500 euros de los pagos en efectivo, excepto los efectuados entre particulares, podría haberse establecido en una cuantía más reducida y haberse fijado también sanciones "verdaderamente disuasorias".

La secretaria general de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, aseguró que "lo lógico es combatir el fraude fiscal y no hacer regalos a los defraudadores" con una amnistía que es "impresentable", informa

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