Sergio Rescalvo, pensionista de 61 años, se fue el martes de la farmacia de su barrio, en Móstoles (Madrid), sin los medicamentos que había ido a comprar. “Sin las pastillas y muy cabreado”, apostilla. Cuando presentó las recetas que él y su esposa, beneficiaria de su tarjeta sanitaria de pensionista, necesitan para sus distintos tratamientos médicos, el farmacéutico le dijo que le correspondía pagar el 50% del coste. “Eso no puede ser; he consultado la ley y los pensionistas pagamos un 10%”, afirma. El ordenador le atribuía el código TSI 004, el de un trabajador activo con una renta de entre 18.000 y 100.000 euros. Ese era su caso antes de jubilarse hace unos meses, pero ya no, protesta Rescalvo mostrando la resolución de la Seguridad Social con la prestación por jubilación.

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