El pasado día once el Gobierno se veía obligado a aprobar un ajuste de 65.000 millones de euros que contemplaba la subida del IVA, la reducción de las prestaciones por desempleo, el fin de las deducciones fiscales a la compra de vivienda y la supresión temporal de la paga extra de Navidad a los funcionarios y altos cargos; todas ellas medidas de gran calado y, hasta hace no mucho, casi impensables.

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