POLÍTICA

Caso de los ERE: Los tres primeros imputados se niegan a declarar en la comisión parlamentaria

21/08/2012 20:12 CEST | Actualizado 21/10/2012 11:12 CEST
EFE

Tres comparecencias y tres calladas por respuesta. Los tres primeros imputados por el caso de los supuestos ERE irregulares en Andalucía que han comparecido este martes en la comisión de investigación parlamentaria se han acogido a su derecho a no declarar al estar imputados.

El primero en comparecer fue Ramón Díaz, exdiputado del PSOE y antiguo asesor de la Consejería de Empleo imputado por la juez encargada del caso Mercedes Alaya. Díaz ha intentado ausentarse de la comisión alegando que se sentía "coaccionado" e "indefenso" ante unas preguntas "difamatorias" que pretendían "provocar" su respuesta ante "insinuaciones falsas". El exdiputado ha protagonizado un enfrentamiento con el presidente de la comisión, Ignacio García (IU), a quien ha anunciado su decisión de ausentarse, aunque finalmente ha desistido ante la advertencia de que incurriría en un delito de desobediencia previsto en el Código Penal.

Acompañado, al igual que los otros dos comparecientes, por su abogado, el exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo, Antonio Diz-Lois, ha alegado que era un "simple jefe de servicio" en la Consejería de Empleo. "Un poco nervioso", según ha reconocido, se ha limitado a la lectura de una declaración en la que ha dicho que "jamás" ha sido "asesor ni intermediario en ninguno de los expedientes de concesión de ayudas que están siendo investigados" y ha advertido a la comisión de que se reserva el derecho a emprender acciones judiciales por una "presunta coacción" y una "restricción al derecho a la defensa".

El tercero fue el exgerente de la empresa municipal Mercasevilla Fernando Mellet, que ha denunciado ser objeto de una "persecución personal" con "total ausencia" de garantías jurídicas, lo que ha atribuido a una batalla política de los grandes partidos para alcanzar altas cotas el poder. El testimonio de Mellet se ha centrado en defender su inocencia y el "escarnio" al que estaba siendo sometido y ha apuntado que las ayudas a los expedientes y los contactos con las aseguradoras venían "decididas" por la Dirección General de Trabajo y la Consejería.

Mañana la comisión parlamentaria intentará interrogar a Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta encarcelado desde marzo, y a Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla.