Bernard Arnault solicita la nacionalidad belga: el hombre más rico de Francia seguirá pagando sus impuestos en su país

Bernard Arnault solicita la nacionalidad belga: el hombre más rico de Francia seguirá pagando sus impuestos en su país

Bernard Arnault, el hombre más rico de Francia y presidente del grupo de empresas del lujo LVMH, ha confirmado, como avanzó el sábado el diario La Libre Belgique, que ha solicitado la nacionalidad belga, el mismo día en que el se ha anunciado que El Elíseo aprobará un incremento de la presión fiscal a las grandes fortunas para tasarlas en un 75%.

Arnault no ha tardado en aclarar que seguirá pagando sus impuestos en su país natal, "como todos los franceses", según recoge Le Huffington Post, en respuesta a la oleada de críticas recibidas en su país. La mayor fortuna el país y cuarta mundial, según la clasificación de la revista Forbes, precisó que mantendrá la nacionalidad francesa y seguirá siendo residente fiscal en Francia.

En un comunicado del grupo que preside Arnault se confirmó la presentación de la solicitud -el multimillonario, cuya fortuna se estimó en 2011 en unos 41.000 millones de dólares, tiene un domicilio en Bruselas- y al mismo tiempo pretende continuar con sus negocios en Francia. Arnault, nacido en el norte de Francia, asegura que son razones personales las que le mueven a solicitar ser ciudadano del llano país de Jacques Brel.

Aclaración oficial

"La eventual obtención de una doble nacionalidad franco-belga no cambia en nada esa situación (la residencia fiscal) ni en su determinación de continuar con el desarrollo del grupo LVMH y las creaciones de empleo que son consecuencia de ello en Francia", indicó el comunicado.

Entre las marcas del grupo LVMH están algunas de las del sector del lujo más conocidas del mundo, como las de moda Louis Vuitton y Givenchy; de champán Moët & Chandon y Dom Pérignon; y de perfumería Parfums Christian Dior o Sephora.

Georges Dallemagne, presidente de la comisión de naturalizaciones de la Cámara de Representantes belga, afirmó a La Libre Belgique que el asunto recibirá la tramitación correspondiente, que se sigue actualmente en relación con otras 47.000 demandas presentadas a las autoridades de Bélgica. El proceso suele durar dos años.

Escapar del impuesto del 75%

La confirmación de que Arnault pretende obtener la doble nacionalidad ha sentado mal en Francia, donde se han interpretado los planes del multimillonario como un intento de evitar someterse a la nueva fiscalidad del 75% para las rentas superiores al millón de euros anunciada este domingo por el presidente francés François Hollande. En Bélgica no existe ningún impuesto sobre la fortuna.

La Libre Belgique precisó, sin embargo, que Arnault posee un domicilio en Bruselas y Dallemagne y recordó que para obtener la nacionalidad belga es necesario haber residido en el país tres años o demostrar "conexiones verdaderas" con Bélgica. Lo que está claro, también según La Libre, es que no es necesario nacionalizarse para beneficiarse de su favorable régimen fiscal. El diario cita otros ricos franceses que han establecido su residencia en Francia sin pedir la nacionalidad, como la familia dueña de Carrefour.

"Provocación", según Hollande

En su intervención en televisión para anunciar los recortes, Hollande no ha dudado en tildar de "provocación" la noticia sobre Arnault, y ha manifestado al respecto: "Hay que hacer un llamamiento al patriotismo en este periodo, cuando hace falta un mayor esfuerzo". Ha recordado, además que "el propio señor Arnault dijo que asumiría su parte".

"Nuestro país debe contar con la contribución de todos para enfrentarnos a una crisis económica profunda en un contexto presupuestario particularmente constreñido", había manifestado efectivamente con anterioridad el dueño de LVMH, que ha insistido en negar cualquier razón política en su decisión, informa France Presse.

Hollande ha confirmado que la medida de aplicar una tasa del 75% a los que ganen más de un millón de euros anualmente "no tendrá excepciones" y ha recalcado que este impuesto, que afectará a entre 2.000 y 3.000 personas, podría retirarse dos años después de su entrada en vigor si la economía francesa se recupera.