Fuensalida, una pequeña localidad de la provincia de Toledo que cuenta con poco más de 11.000 habitantes, ha vivido en las últimas semanas un torbellino político. El pasado 17 de septiembre, los príncipes y el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, asistieron allí a la inauguración del curso escolar. Una treintena de personas les separaban para silbarles y gritarles, mientras otro grupo de personas les mostraban su apoyo. Ahora, la red wifi de la localidad es la protagonista de una nueva polémica.

El Ayuntamiento, encabezado por el PP, ha aprobado con el apoyo de IU un reglamento regulador del servicio, de forma que a partir de ahora todo el que quiera utilizar la red de Internet pública de la localidad deberá pedir un usuario y una contraseña en el Consistorio. Los datos de páginas web que se visitan quedarán registradas en una base de datos.

El PSOE ha puesto el grito en el cielo ante la medida, que califica en un comunicado como una de las "más restrictivas" que se han votado en la localidad. "Se verán limitadas totalmente las posibilidades de acceso al wifi. ¿Pretende el Ayuntamiento determinar qué páginas son apropiadas y cuales no para ser visitadas en Fuensalida?"

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?

"La existencia de una base de datos que recoge los datos de navegación de los usuarios nos hace preguntarnos ¿por qué? y ¿para qué? Sobre todo cuando en el punto 6 del reglamento aprobado se establece que el Ayuntamiento notificará a las autoridades competentes si se ha accedido a material obsceno", dice el comunicado.

José Luis Castaño, portavoz del PSOE de la localidad, se pregunta en una conversación con El Huffington Post qué puede entender el Consistorio por "material obsceno". "¿Visitar la Interviú? Si lo que se pretende es proteger al menor, así no se consigue porque esta normativa dice que los responsables de lo que vean los menores serán sus padres porque no hay filtros. Se podrían tomar otras 1.000 medidas con las que se evite el acceso a páginas pornográficas", explica Castaño.

Entonces, ¿qué se persigue con esta medida? Castaño no lo duda: "Para nosotros, en un pueblo en el que todo se sabe, se pueden hacer análisis del tipo de navegación que se hace y saber, por ejemplo, quién visita la página del PSOE de Fuensalida o páginas en las que se critiquen los recortes del PP".

Desde el Ayuntamiento, rechazan todas esas acusaciones porque aseguran que "no tienen nada que ver con la realidad" y son "dañinas" para la imagen de la localidad.

"Nos basamos en la ley 25/2007 creada por el PSOE con la que se previene que la red wifi de la localidad sea utilizada para conductas potencialmente delictivas relacionadas con la pederastia o el terrorismo", explica María Plaza, Concejal de Comunicación del Ayuntamiento, que destaca que, en virtud de la ley de protección de datos, el Consistorio no puede acceder en ningún caso a la base de datos si no es con una orden judicial. Creen, además, que con este sistema se podría saber quién fue el responsable de la difusión de vídeos como el de la concejala de Los Yébenes Olvido Hormigos.

LEY 25/2007

Los sujetos obligados adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los datos especificados en el artículo 3 de esta Ley se conserven de conformidad con lo dispuesto en ella, en la medida en que sean generados o tratados por aquéllos en el marco de la prestación de los servicios de comunicaciones de que se trate.En ningún caso, los sujetos obligados podrán aprovechar o utilizar los registros generados, fuera de los supuestos de autorización fijados en el artículo 38 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

VIOLAR LA LEY

Añade que, en caso de orden judicial, el Ayuntamiento debería poner todo ese material a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o al CNI sin consultarlo en ningún momento. "Si consultásemos esos datos violaríamos la propia ley y el artículo 18 de la Constitución", recalca Plaza. Castaño tiene, sin embargo, otra visión: "Esa normativa es para los operadores, no para el Ayuntamiento".

LO QUE DICE LA LEY 25/2007

El objeto de esta Directiva es establecer la obligación de los operadores de telecomunicaciones de retener determinados datos generados o tratados por los mismos, con el fin de posibilitar que dispongan de ellos los agentes facultados.

Plaza lo aclara: "A la hora de ofrecer un servicio wifi público y gratuito, el Ayuntamiento funciona como una operadora, y se le exige lo mismo. Además, los filtros para que no se pueda acceder a páginas pornográficas ya existen y ya existían. El Ayuntamiento ni puede ni quiere saber en qué portales se meten los vecinos. La denuncia del PSOE es muy retorcida y se ha utilizado el tema de la pornografía para generar morbo. No sé qué pretende el señor Castaño", lamenta Plaza.

Por todo ello, el PP e IU han elaborado un comunicado conjunto en el que solicitan al PSOE que rectifique las informaciones que ha hecho públicas "al haber distorsionado de forma premeditada la verdad de los hechos, causando graves daños a la imagen de los vecinos" y que "pida perdón a los ciudadanos".