El secretario de Organización del PSC y responsable de la campaña de los socialistas catalanes en las últimas elecciones, Daniel Fernández, figura entre los imputados por su presunta relación con la trama de corrupción urbanística y cobro de comisiones que tiene como epicentro al Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona).

Fernández ha asegurado en rueda de prensa que los Mossos d'Esquadra han visitado su despacho pero que no le han notificado ni formalizado su imputación. Lo que sí le han dicho es que ha de hacer una llamada para confirmarlo. Cuando eso ocurra, ha dicho Fernández, pondrá su cargo a disposición del partido y pedirá que, mientras no se aclare el caso, sus responsabilidades como 'número dos' de los socialistas catalanes queden en suspenso.

Minutos después, el propio Fernández confirmaba su imputación: "Lo confirmo, estoy imputado". Al ser diputado del PSC en el Congreso y por lo tanto aforado, a Fernández no podrá interrogarlo el juzgado de instrucción de Sabadell y se le tendría que abrir una causa separada que instruiría el Tribunal Supremo.

Fernández se une al alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, del PSC, también imputado por delitos contra la administración pública. Bustos ha defendido que es "una persona inocente" por lo que se ha negado a dimitir. "Si alguien ha hecho algo que no debía, que caiga sobre él la ley", ha añadido el regidor en declaraciones a Rac1.

En la operación, bajo secreto de sumario, se han registrado este martes las dependencias del Ayuntamiento de Sabadell. También hay detenidos al menos siete empresarios y un exconcejal a raíz de una investigación iniciada en 2010.

Entre los imputados también se encuentran la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez (PSC), y el jefe de la Policía Local de Sabadell (Barcelona), así como la segunda teniente de alcalde de Economía de Sabadell, Montserrat Capdevila, diputada del Parlament en la última legislatura y que ha vuelto a ganar escaño en las elecciones catalanas del domingo como número 9 del PSC por Barcelona.

Según El País, uno de los proyectos urbanísticos irregulares es el nuevo parque empresarial de Sabadell, un proyecto de 60 millones de euros, donde está previsto que a finales de año se inaugure la tienda Ikea más grande de España.

12.000 EUROS DE DEPÓSITO

La Fiscalía Anticorrupción afirma que la trama se centraba en la exigencia de constituir, como "condición sine qua non" para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública, un depósito previo mínimo de 12.000 euros, cantidad que podría variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar.

Ese depósito inicial era destinado a un fondo perdido que finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como el "pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro", una vez acabada la obra, sobre el total del presupuesto final, terminando ese dinero en un despacho de abogados. En el actual estado de la investigación, se desconoce si ese dinero era colocado en cuentas legales, si se repartía o se blanqueaba, según las mismas fuentes.