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Derecho al olvido: Google se enfrenta en la UE a Protección de Datos por la memoria de internet

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DERECHO AL OLVIDO
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Un funcionario de prisiones se convierte en diana de ETA al conocerse su nombre a través del Boletín Oficial del Estado, donde figura una sanción disciplinaria. El nombre de un ciudadano se asocia para siempre al destrozo de un monumento, a pesar de que pagó por él y ya ni figura en sus antecedentes policiales o penales. Una víctima de violencia de género ve cómo la dirección y nombres de sus hijos pueden encontrarse en internet pese a la amenaza para sus vidas. Internet no olvida todos esos datos y los hace fácilmente accesibles a través de los buscadores. ¿Debería ser así?

Alrededor de 180 personas que sufren las consecuencias de un pasado que les persigue, entre las que se encuentran los protagonistas de estos tres casos, se enfrentan a Google en la Audiencia Nacional para intentar borrar el rastro. Su caso llega este martes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tendrá que mediar entre el buscador hegemónico en el mercado español y la Agencia Española de Protección de Datos, que le exige borrar de sus registros los hechos. La UE entra en escena porque es el tribunal comunitario el que tiene que interpretar la aplicación de la directiva de 1995 sobre el tratamiento de datos personales, un texto sobre el que lentamente se negocia una modificación que tenga en cuenta internet.

El debate revive el conocido como “derecho al olvido”, casi un tópico literario y también objeto de cada vez más ensayos desde la aparición de internet. ¿Puede sobrevivir una sociedad que no olvida nunca, que hace posible una ley del talión permanente, en este caso digital? Según el teórico francés Emmanuel Hoog, exdirector del Instituto Audiovisual Nacional, "fijar el pasado de cada uno de manera inmutable" a través de una "nueva memoria digital, que ignora el olvido, que lo recuerda todo", puede "hacer imposible la convivencia".

Para Google, lo que realmente está en juego no es la convivencia, sino la libertad de expresión. La compañía retira regularmente contenido o enlaces de su buscador y su larga lista de plataformas si infringen derechos de autor o leyes como las que combaten la pornografía infantil. Sin embargo, se niega a actuar en casos como los que encabezan este artículo, especialmente teniendo en cuenta que es lícita y veraz, argumentan fuentes de Google consultadas por El HuffPost y que rechazan ser identificadas.

¿QUÉ DERECHO PESA MÁS?

Distintos derechos chocan abruptamente. Para Google, está en riesgo convertir a los buscadores en filtros de la realidad, más que en herramientas para descubrirla. En otras palabras: censura. Para la Agencia de Protección de Datos, se trata de datos personales cuyo uso puede acarrear graves consecuencias para ciudadanos totalmente indefensos. Una especie de “pena del telediario” que se repite sin parar y que es posible desde un blog o a raíz de una información periodística.

“Estamos siguiendo el caso”, asegura Mina Andreeva, portavoz comunitaria de Justicia y Derechos Fundamentales, “pero es importante aclarar que el derecho al olvido no está recogido en la actual directiva, que reconoce el derecho a que se borren datos personales si se procesan de manera inadecuada, en particular por su naturaleza incorrecta o incompleta”.

Esa es la principal obsesión de la comisaria europea Viviane Reding. “Un adolescente publica una foto en una red social. ¿Qué ocurre si esa persona, ahora un adulto, lamenta haberlo hecho? Quizás por estar buscando un trabajo se agobia por las consecuencias de que su empresa lo encuentre”, aseguró en una entrevista reciente la titular europea de Justicia. “Creo que debes tener el derecho a que la red social borre la foto de sus archivos”, añadió en una clara referencia a redes sociales como Facebook, Tuenti o Twitter.

Si prospera la propuesta de Bruselas el control del usuario sobre los datos que libremente suministra a una red social pasará a ser sagrado en todos los países. Pero también lo será el trabajo de los periodistas, amparados en la libertad de expresión, o el de boletines oficiales que publican datos de personas que pueden ser usados para otros fines.

Mientras la nueva directiva se negocia, la Agencia Española de Protección de Datos quiere que la justicia comunitaria identifique a Google no sólo como una web que ofrece resultados filtrados por su relevancia, sino como una web que gestiona datos personales, lo que conlleva obligaciones adicionales.

¿QUIÉN DEBE PERDER LA MEMORIA?

Según la Agencia, el derecho al olvido “no es algo nuevo, sino la reformulación de los tradicionales derechos de cancelación” de datos, según fuentes del organismo. Tampoco es “incompatible con la libertad de expresión”, sacrosanto derecho constitucional, ni “un intento de reescribir la historia ni de alterar las hemerotecas”.

Para el organismo, los medios de comunicación gozan de esa protección, siempre que publicaciones como las que encabezan este artículo sean legítimas. Pero otra cosa es el “supuesto derecho a enlazar información” de los buscadores, algo que puede restringirse caso por caso para evitar un daño al ciudadano en cuestión.

El planteamiento de Google es justamente el contrario. ¿Por qué retirar un enlace cuando la información es legítima y veraz? ¿No debería ser el medio de comunicación el que tomase la decisión de ocultar esos datos para evitar que apareciesen en los buscadores?

La respuesta llegará en unos meses. Tras la vista que se celebra este martes en Luxemburgo, sede del tribunal, el abogado general de la institución presentará sus orientaciones antes de que se tome una decisión definitiva, que será la que acabe aplicando la Audiencia Nacional.

Por el momento, Google trata de evitar a toda costa cumplir con las resoluciones de la agencia española y asegura no estar en contra del derecho al olvido sino a favor del derecho de la información. A pesar de todo, gran parte de su estrategia jurídica se centra en argumentar que son los tribunales de EEUU, mucho más proclives a los intereses del buscador, los competentes para decidir.

Luxemburgo tiene ahora que decidir si Google debe cumplir con la ley de protección de datos europea y cómo se interpreta ésta. Pero, sobre todo, debe dictaminar sobre la aparente y trascendental contradicción aparecida con internet. Derechos de ciudadanos víctimas de su pasado frente a la libertad de expresión e información. Derecho a olvidar frente a la transparencia eterna y sus riesgos.