POLÍTICA

El juez Castro propone al TSJV que investigue a Barberá y Camps

29/05/2013 14:56 CEST | Actualizado 29/05/2013 14:56 CEST
Gtres

El magistrado José Castro, instructor del caso Nóos, ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que asuma las pesquisas sobre Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana, y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, en relación a su presunta participación en las negociaciones para la organización del Valencia Summit.

El magistrado ha acordado elevar a la máxima instancia judicial valenciana una exposición razonada en la que propone que asuma la competencia de estas pesquisas, relativas tanto al Valencia Summit, por el que el Instituto Nóos percibió unos tres millones de euros públicos, como a los Juegos Europeos, que finalmente no se celebraron pese a los fondos que cobró la entidad.

Esta diligencia se produce después de que el juez solicitase a las Cortes Valencianas que certificasen la condición de Camps y Barberá, como trámite previo a elevar la exposición razonada de los hechos por los que podrían ser imputados en el marco de esta causa. El magistrado abría de este modo las puertas al posible encausamiento de los dos parlamentarios, quienes por su calidad de aforados tendrían que ser investigados por el TSJV.

Los nombres de Camps y Barberá han aparecido en varias ocasiones a lo largo de la instrucción de la causa, más en concreto en relación con la tramitación del Valencia Summit, por cuyas tres ediciones el Instituto Nóos presidido entonces por Iñaki Urdangarin percibió unos tres millones de euros (1.044 millones por cada edición, pese a que el coste real de cada una de ellas oscilaría alrededor de los 300.000 euros, según los investigadores).

Precisamente, el exsocio de Urdangarin Diego Torres ha remitido un escrito ante el juez en el que de forma pormenorizada relata cómo se desarrolló la reunión que ambos mantuvieron con Camps y Barberà para abordar el proyecto del Valencia Summit y exponer los objetivos perseguidos por Nóos.

En su escrito, el imputado sitúa el encuentro el 29 de enero de 2004, casi nueve meses antes de que fuese firmado el convenio para la celebración del evento (el 8 de septiembre de ese año).