El Consejo de Ministros aprueba una suavizada reforma local tras las críticas del Consejo de Estado
Tras meses de espera y amagos, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a su proyecto de racionalización y sostenibilidad local -conocido como la 'reforma local'-, que ha tenido que suavizar tras las observaciones del Consejo de Estado, el rechazo de los propios alcaldes del PP y las críticas airadas de la oposición.
Si ya en el trámite de informe eliminó su intención original de reducir el número de concejales en España y la posible eliminación de ayuntamientos, en el tramo final antes de su llegada al Congreso ha retirado el denominado "coste estándar", criterio que podría derivar en un traslado masivo de servicios de los ayuntamientos hacia las diputaciones.
Asimismo, el Ejecutivo ha reculado en sus cálculos sobre el ahorro. Ahora, estima que con esta reforma se conseguirá ahorrar 8.024 millones de euros hasta 2019. En febrero, momento en el que el informe pasó por primera vez por el Consejo, el Ejecutivo presumió de eliminar gastos por valor de 7.600 millones de euros hasta 2015.
El nuevo poder que adquirían las diputaciones ha sido el motivo principal de choque con la oposición. El PSOE e IU han denunciado a lo largo de estos meses que esto llevaría a un proceso de privatización de servicios que sería orquestado por órganos de gobierno local que no han sido elegidos directamente por los ciudadanos.
No obstante, según ha explicado tras el Consejo el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las diputaciones ganan poder en esta reforma, la mayor de la vida municipal en los últimos 30 años. Estas instituciones podrán coordinar determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes, mediante su prestación de servicios a menos que el municipio justifique que se pueden realizar con un "coste efectivo", es decir, menor que el de aquellas.
Al final, el Gobierno ha dado marcha atrás y ha sustituido el criterio de coste estándar -por el que los ayuntamientos perderían competencias en favor de un órgano superior si no cumplía con esta condición que fijaría Hacienda- por el de "efectivo". ¿Qué significa este término? Los ayuntamientos tendrán tres meses para hacer público el coste de sus servicios -por ejemplo recogida de basuras, llevar agua a domicilio- y, a partir de ese momento, se podría derivar en la diputación, si lo hacen más barato, pero no de manera obligatoria como decía el proyecto inicial.
El ministro Montoro ha vinculado la perdida de prestación de servicios a los municipios que necesiten ayuda financiera del Estado.
INCENTIVO A LA FUSIÓN DE MUNICIPIOS
Respecto al mapa municipal, el Gobierno apuesta por incentivar las fusiones municipales voluntarias. Se incluye la propuesta del Consejo de Estado de alentar, sin obligar, las uniones de forma amistosa de municipios que sean colindantes y estén dentro de la misma provincia.
Para ello, según Moncloa, se establecen una serie de incentivos para el nuevo municipio fusionado, como una mayor financiación per cápita, dispensa temporal para no prestar los nuevos servicios que pudieran resultar obligatorios por su aumento poblacional o una preferencia temporal en planes de cooperación local de infraestructuras, obras, servicios y subvenciones.
El número de concejales del municipio resultante sería temporalmente el resultado de la suma de los fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica Electoral General.
Además, se aumentan las trabas a la creación y escisión de municipios, que deberán contar con, al menos, cinco mil habitantes.
MANTIENE SUS INTENCIONES SOBRE RETRIBUCIONES
El Gobierno mantiene en el texto que ha pasado por el Consejo sus planes sobre los sueldos de los alcaldes y empleados municipales. En este aspecto no ha habido tantos problemas con la oposición, que se ha mostrado a favor de limitar estas retribuciones.
Como ya anunció el Ejecutivo hace meses, los alcaldes de las mayores ciudades (más de 500.000 habitantes) tendrán un sueldo similar al del secretario de Estado (que con complementos suele alcanzar los 100.000 euros anuales).
A partir de ese punto, se establecen escalas en función de la población. También se mantiene el criterio de dedicación exclusiva, por el que el 82% de los concejales no cobrarán, y la reducción del número de asesores en los ayuntamientos.
