POLÍTICA

Las agencias privadas de colocación recibirán incentivos por denunciar fraude en el cobro del paro

23/08/2013 20:55 CEST | Actualizado 23/08/2013 21:01 CEST
GTRES

Las agencias privadas de colocación percibirán un incentivo por notificar "incumplimientos" en las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Según han explicado desde Ministerio de Empleo, si una agencia de colocación notifica que un trabajador ha incumplido sus obligaciones (por ejemplo, que ha cometido fraude en el cobro de prestaciones), el Servicio Público de Empleo Estatal procedería a comprobarlo mediante un proceso de inspección.

Si de dicha inspección se derivara una sanción en firme al trabajador, la agencia recibiría una compensación equivalente al 15% de lo que habría percibido por colocar al trabajador.

Además, las agencias recibirán también incentivos por insertar en el mercado laboral a personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social y también si el desempleado colocado se mantiene un año en su puesto de trabajo. Todo ello se da en el contexto del acuerdo marco de colaboración entre estas entidades y los servicios públicos de empleo para ayudar a encontrar trabajo a los desempleados, según fuentes del Ministerio de Empleo.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto este acuerdo marco, que tiene por objeto complementar la intermediación de los servicios públicos de empleo en el mercado laboral mediante un sistema de colaboración público-privada con las agencias de colocación.

Las agencias privadas de colocación tienen de plazo hasta el viernes 30 de agosto para solicitar su participación en este acuerdo, con el que se seleccionarán aquellas agencias que podrán colaborar con los servicios públicos de empleo en la inserción laboral de los parados.

Para ello, deberán estar acreditadas como agencias de colocación y ser solventes económica y financieramente.

El Ministerio prevé que se destinen a los contratos basados en el acuerdo marco un total de 200 millones de euros durante los dos años de su duración, prorrogables hasta otros dos, para el conjunto de contratos celebrados por los servicios públicos de empleo.

Sólo hay tres comunidades autónomas que han rechazo adherirse a este plan: Cataluña, País Vasco y Andalucía.

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