Detenidos cinco exdirectivos de la CAM por irregularidades en la gestión
Su gestión condujo al desastre. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado la detención de cinco exdirectivos de CAM, entre ellas su ex director general Roberto López Abad, en el marco de la causa en la que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de la caja alicantina.
Entre los arrestados por la Guardia Civil se encuentra también el exdirector de empresas de la entidad Daniel Gil que, junto a los otros cuatro, comparecerán mañana ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
Gómez Bermúdez ha ordenado asimismo registrar dos despachos de abogados en Valencia y Alicante y una oficina mercantil en Mallorca, han informado a Efe fuentes jurídicas.
El magistrado investiga las irregularidades de la Caja y mantenía hasta el momento imputados en la causa a López Abad, la también exdirectora general María Dolores Amorós, el ex presidente Modesto Crespo y los ex directores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.
UNA CAJA HUNDIDA TRAS UNA GESTIÓN DESASTROSA
Gómez Bermúdez les impuso el pasado mes de junio una fianza solidaria de 35 millones de euros al considerar que todos ellos "al menos conocían o debían, pudieron y no quisieron conocer la situación patrimonial de la CAM". A pesar de ello y "en el mejor de los supuestos", no pusieron "objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes".
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y se sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB. Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas hasta el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, que se la adjudicó por un euro, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
