Los vigilantes de seguridad privados podrán identificar, cachear y detener en la vía pública
La nueva Ley de Seguridad Privada permitirá a los vigilantes de seguridad privados identificar, cachear y detener en la calle.
La nueva Ley de Seguridad Privada, que ha pasado el visto bueno del Congreso, contempla mayores atribuciones para los vigilantes de seguridad privados, de acuerdo con una enmienda pactada entre PP y CiU sobre el artículo 41 de la ley, referido a las competencias de las empresas de seguridad privada.
La norma permitirá a los vigilantes privados no sólo identificar, cachear y detener a los ciudadanos en zonas comerciales peatonales o en espectáculos deportivos o culturales, sino que también lo podrán hacer en cualquier espacio público con la autorización pertinente.
También genera polémica el artículo 32, que versa sobre 'Vigilantes de seguridad y su especialidad', en el que se recogen sus funciones. Entre ellas, se contempla la vigilancia en establecimientos, bienes, lugares y eventos, tanto privados como públicos, "llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión".
También podrán "efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades".
En cuanto a la posibilidad de practicar detenciones por parte de los vigilantes de seguridad, la ley dice que "en relación con el objeto de su protección o de su actuación" pueden "detener y poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes". "No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la averiguación, comprobación o anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades", añade el artículo.
PRIVATIZAR LA SEGURIDAD
El portavoz de Interior del PSOE, Antonio Trevín, considera que esta ley rompe con la concepción de la seguridad pública, atribuida a las fuerzas de seguridad del Estado.
"Cuando viene un vigilante de seguridad mi tranquilidad no es la misma', ha destacado Trevín, para quien este proyecto contenta de lleno al sector gracias a que "el Gobierno ha convertido la seguridad en una oportunidad de negocio".
Además, Trevín ha señalado que con la nueva legislación, las empresas de seguridad podrán tener entre sus empleados a auxiliares con menor salario, con lo que irá aparejado "a una reducción salarial en todas las empresas".
Ricardo Sixto, de Izquierda Plural, considera que la ley esconde "una tendencia clarísima a la privatización de la seguridad".
PP, CIU Y PNV, MÁS CONTENTOS
Más contentos se han mostrado los diputados del PNV, CiU y PP. Emilio Olabarria, del PNV, cree que la ley es "buena pero mejorable", aunque considera que "la interacción de los intereses de todos es completa".
Jordi Jané, de CiU, ha pedido que en el Senado, adonde pasará ahora la ley, mejore el texto y revise "en profundidad" que la complementariedad de las empresas de seguridad privada con respecto a la pública se enmarque "en una subordinación". De lo contrario, Jané piensa que se puede correr el riesgo de establecer "departamentos estancos" de seguridad privada y pública.
Desde el PP, Francisco Márquez cree que la ley modernizará la del año 1992 y ha negado que se persiga privatizar la seguridad. "La ley se fundamenta en los principios de complementariedad y subordinación funcional", ha asegurado.
