Libertad con cargos para el abogado sospechoso de grabar la declaración de la infanta

Libertad con cargos para el abogado sospechoso de grabar la declaración de la infanta

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¿Grabó a la infanta Cristina durante su declaración? El abogado Francisco José Carvajal ha quedado en libertad provisional, imputado por los presuntos delitos de desobediencia y revelación de secretos, tras prestar declaración durante tres horas como sospechoso de haber filmado la comparecencia judicial de la hija pequeña del rey el 8 de febrero.

Carvajal ha declarado como detenido durante una hora en la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Baleares, y posteriormente ha sido conducido a los juzgados en un coche policial y puesto a disposición del juez de Instrucción número 11 de Palma, Manuel Penalva, que instruye la investigación sobre la grabación oculta y ante quien ha comparecido durante otras dos horas.

El letrado no ha hecho declaraciones al salir de los juzgados sobre las 16.00 horas, tras quedar en libertad provisional.

Carvajal fue uno de los alrededor de 30 abogados que presenciaron la declaración de la infanta Cristina ante el juez que instruye el caso Nóos, José Castro el pasado 8 de febrero.

Asistió a la misma en sustitución de otro abogado, Javier Saavedra, defensor de uno de los imputados en esta causa, el presunto testaferro Robert Cockx.

Saavedra solicitó al juez que autorizase la asistencia de dos "compañeros codefensores", Carvajal y María del Carmen Jiménez, porque el día de la declaración iba a estar fuera de España.

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LA INVESTIGACIÓN

La declaración de Carvajal como imputado forma parte de la investigación que inició la Policía al día siguiente de la comparecencia judicial de la infanta Cristina, tras la publicación de una fotografía y un vídeo del interior de la sala mientras prestaba declaración.

El juez del caso Nóos había prohibido expresamente mediante un auto cualquier tipo de grabación de la declaración de la infanta Cristina, así como el acceso a la sala de vistas de cualquier dispositivo que permitiera la toma de imágenes de la imputada.

Para ello, estableció la obligación de que todas las personas que accedieron a la sala, unas cuarenta entre abogados defensores, fiscales, representantes de la acusación y funcionarios, depositaran bajo custodia policial antes de entrar sus teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles o cualquier otro dispositivo que pudiera grabar imagen o sonido.

Para prevenir una posible filtración, el juez había accedido además a la solicitud de la defensa de la infanta de que la declaración sólo se grabara en audio para su posterior transcripción, pero no en vídeo como se había hecho en ocasiones precedentes.