La Audiencia anula la indemnización a los afectados por la talidomida
El tiempo corrió en contra de los afectados por la talidomida. La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado el pago de una indemnización a los afectados de la talidomida que reclamaron 204 millones de euros por las malformaciones que les causó ese medicamento al considerar prescrito.
El tribunal ha revocado la condena que el pasado mes de noviembre la juez de Primera Instancia número 90 de Madrid, Gemma Susana Fernández Díaz, impuso a la farmacéutica Grünenthal al estimar parcialmente la demanda presentada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite).
La farmacéutica alemana fue condenada a pagar 20.000 euros a cada uno de los afectados por cada punto porcentual de minusvalía que les hubiera reconocido la Administración, pero recurrió la sentencia, lo que ha sido aceptado por la Audiencia.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,la Sección 14 de la Audiencia Provincial de Madrid ha revocado en su integridad la resolución adoptada por el juzgado de Primera Instancia nº 90 de Madrid al estimar el recurso de apelación interpuesto por Grünenthal Pharma S.A. a la demanda de Avite.
En la sentencia, los magistrados estiman que las acciones ejercitadas por Avite han de entenderse prescritas, por lo que proceden a revocar la sentencia y desestimar en su integridad la demanda interpuesta, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
"UN GOLPE MUY BAJO"
El presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), José Riquelme, considera "un golpe muy bajo y muy fuerte" la sentencia de la Audiencia.
"Nos parece increíble y alucinante que la titular del juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid no viera prescripción anteriormente y ahora tres jueces de la Audiencia Provincial de Madrid hayan visto prescripción", ha declarado Riquelme.
El presidente de Avite ha destacado que van a seguir luchando, mientras tengan "aliento y vida", para reclamar indemnizaciones, y ha asegurado que recurrirán la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ante el Tribunal Supremo, aunque tengan que esperan cuatro años más para ver qué dice la justicia en las altas instancias.
