POLÍTICA

La Marea Blanca exige medicación para todos los pacientes de hepatitis C

18/01/2015 17:45 CET | Actualizado 18/01/2015 17:45 CET
EFE

Una nueva edición de la Marea Blanca ha vuelto a recorrer este domingo las calles del centro de Madrid para exigir la medicación necesaria para todos los pacientes de hepatitis C, reclamar una mejor estrategia de salud mental y manifestar su oposición a las "privatizaciones".

La portavoz de la Mesa de la Defensa de la Sanidad Pública en Madrid (MEDSAP), Carmen Esbrí, ha señalado que están denunciando "el negocio que se está haciendo con la salud y con la vida", ya que "eso afecta a todos los ciudadanos y a todas las enfermedades". "Detrás está el modelo que estamos sufriendo, el neoliberal, que tiene como fijación que todo tiene que ser eficiente en terreno económico, cuando lo eficiente tiene que ser en terrenos de salud y de vida", ha considerado.

Respecto a la situación de los enfermos de hepatitis C, Esbrí ha señalado que "parece que están haciendo algo, pero es que aquí no hay otra cosa que hacer que dar la medicación". "Se ha nombrado un consejo, una burocracia para decir que hacen algo", ha asegurado la portavoz de la MEDSAP, que ha lamentado que "además este consejo está formado por persona que pertenecen a algunos laboratorios".

Las claves para entender la lucha de los enfermos de hepatitis C

Por su parte, el coordinador de Acción Sindical de CC.OO., Mariano Martín, ha enumerado las denuncias del sindicato como que "este Gobierno está privatizando la Sanidad, que ya no es universal ni gratuita; la privatización de la donación de sangre en la Comunidad de Madrid; las derivaciones de pacientes a las clínicas privadas; y el colapso de los hospitales y de los centros de salud debido a los recortes en personal y medios materiales". "Tenemos pacientes de hepatitis C a los que no se les suministra la medicación para poder tener una vida digna", ha añadido.

Los enfermos de hepatitis C protestan desde hace semanas, algunos de ellos encerrados en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, para reclamar una partida extraordinaria de 800 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 para tratar a los enfermos más graves. Con ese dinero, argumentan, se podría tratar con los fármacos de última generación, dado que solo llegarán al 0,6% de los afectados este año por su elevado coste.

Contra esa protesta, el Gobierno argumenta que ningún paciente se va a quedar sin recibir los tratamientos que le recete el médico, pese a que los hepatólogos han acusado a la autoridad sanitaria de “poner en riesgo la salud de los pacientes” por recomendar tratamientos para algunas situaciones “con una elevada incidencia de efectos adversos graves sin ninguna base científica” contraviniendo las recomendaciones “de cualquier guía nacional o internacional”.

GÓMEZ: "TENEMOS LAS ACCIONES JUDICIALES PREPARADAS"

También han asistido personalidades políticas como el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, que ha incidido en que "el Gobierno no ha puesto ni un duro encima de la mesa". "Avisamos al Gobierno de que tenemos las acciones judiciales preparadas. Si en los próximos días no vemos movimiento estaremos en los juzgados, en el tribunal supremo, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la vía penal, la vía civil y la que haga falta", ha hecho hincapié.

El candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha resaltado que los socialistas han propuesto "en el Congreso de los Diputados medicamentos de hepatitis C en junio y una PNL (Proposición No de Ley) en noviembre para suministrar medicamentos de hepatitis C a los enfermos", pero ha asegurado que en ambos casos "la respuesta fue el silencio".

Por su parte, el candidato de IU a la alcaldía de Madrid, Mauricio Valiente, ha expresado que "la movilización social ha demostrado una gran capacidad para obtener victorias concretas". "La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C ha sido capaz de marcar la agenda política del Gobierno", ha elogiado, para después anticipar que "lo que se ha demostrado durante estos años es que, si no somos capaces de echarles de las instituciones a los que han aprobado las políticas de recortes, no garantizaremos una Sanidad pública para todos".

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