POLÍTICA

El Defensor del Pueblo recibió 23.186 quejas en 2014, un 2,2% más que en 2013

27/02/2015 09:02 CET | Actualizado 27/02/2015 09:02 CET
PACO CAMPOS/EFE

El Defensor del Pueblo recibió 23.186 quejas, un 2,2 % más que en 2013, que han quedado recogidas en su informe anual, presentado este jueves por la defensora, Soledad Becerril, a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero. El 65,47 % de quejas tramitadas se refieren a la política social y aluden a situaciones de necesidad y lucha contra la exclusión, de forma específica a las rentas mínimas.

El Defensor aumentó las actuaciones de oficio en 2014 un 41% -hasta alcanzar 489 expedientes-, ante problemas sobre pobreza energética, acogida de inmigrantes, de inclusión educativa de alumnos con discapacidad o de niños con problemas de alimentación.

Las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos han sido las relacionadas con asuntos sociales, como rentas mínimas o prestaciones de dependencia, impuestos y retrasos en la administración de justicia.

También han crecido las recomendaciones del Defensor a las administraciones un 29%, aunque siete de ellas "se han resistido", ha explicado Becerril en una comparecencia ante los medios de comunicación. El defensor formuló 467 recomendaciones, que fueron aceptadas en un 72,09%.

Madrid, con más del 31% (7.227) y Comunidad Valenciana, con más del 16% (3.689), fueron las comunidades autónomas que presentaron más expedientes de queja.

Por el contrario, las autonomías que presentaron un menor número de quejas fueron Navarra (208), Cantabria (259), Baleares (342), La Rioja (345), País Vasco (360), Asturias (384) y Extremadura (396).

La defensora ha destacado que con el nuevo portal de transparencia en la web de la institución los ciudadanos pueden seguir la tramitación de sus quejas, que, según ha detallado, son respondidas en una media de 36 días y en el caso de las administraciones, de 78 días.

ECONOMÍA

El Defensor del Pueblo apoya la futura Ley de Segunda Oportunidad que permitirá reestructurar la deuda de las familias y las pymes y recomienda este procedimiento de insolvencia dirigido a particulares y consumidores con "buena fe y sobreendeudados".

El informe insiste además en la necesidad de restablecer la deducción por inversión en vivienda habitual cuando se hagan obras para adecuar la vivienda por razones de discapacidad, con el fin de proteger a este colectivo.

Pide un IVA reducido para el gas natural y la electricidad ante el elevado número de personas a las que afecta la pobreza energética en España y por el incremento del precio de la electricidad en comparación con otros países de la UE.

Cree que tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no protegen adecuadamente a los clientes bancarios, pues algunas entidades financieras ni acatan sus resoluciones ni sufren consecuencias por resistirse a su cumplimiento.

Ha sugerido a distintas administraciones locales que procedan al abono, con la mayor brevedad posible, de sus obligaciones pendientes de pago acumuladas, tras recibir numerosas quejas de empleados públicos por demoras en el pago de sus nóminas.

POLÍTICA SOCIAL

El 65,47% de quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo se refieren a la política social. La dependencia supone el 12% de las quejas; menores y familia el 9% y personas mayores el 5,71% de las quejas de política social.

En 2014, se registra un aumento considerable de las quejas relacionadas con las rentas mínimas de inserción, que se ha reflejado en las 800 quejas procedentes de la Comunidad de Madrid por las demoras de más de un año en la tramitación de los expedientes.

La institución ha comprobado que se ha extendido entre las administraciones "una conciencia clara" de la importancia de actuar para evitar las consecuencias de la pobreza infantil y los problemas de nutrición de los menores, aunque considera que hay que avanzar.

SANIDAD

La defensora ha detectado una "tendencia a la baja" desde 2009 en la comercialización de medicamentos innovadores, que se ha visto "fuertemente acentuada" en 2013, un asunto que constituye uno de los principales motivos de queja de los enfermos graves y oncológicos. La Memoria recoge un descenso del 60 % de las quejas de los ciudadanos en materia sanitaria con respecto a 2013.

En concreto, son 743 quejas frente a las 1.854 de 2013 y 1.756 de 2012, y de ellas, el 57 % se refieren a los ámbitos de atención primaria y especializada y prestación farmacológica.

A las quejas recibidas, de las que se han admitido un 56 %, hay que añadir 19 actuaciones de oficio sobre cuestiones muy variadas, como la abierta para contrastar las opiniones de expertos de que se estaba incrementando los retrasos en la incorporación de medicamentos innovadores al Sistema Nacional de Salud, especialmente los indicados para el tratamiento de enfermedades oncológicas.

JUSTICIA E INTERIOR

En el área de Interior el Defensor aconsejó por dos veces al Ministerio que retirara las concertinas del vallado exterior de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla pero este departamento no aceptó esta recomendación.

La institución ha constatado un descenso de las quejas de los ciudadanos por presuntos malos tratos policiales, al pasar de 21 y 32 reclamaciones en 2013 y 2012 respectivamente a las nueve recibidas el pasado año.

En materia de prisiones, el Defensor del Pueblo ha reclamado a la administración penitenciaria que pague los fármacos prescritos a presos infectados con el sida o la hepatitis C que no los están recibiendo en la actualidad ante la negativa de las comunidades autónomas a abonar su importe.

Por otra parte, ha pedido al Ministerio de Fomento que invierta más en la conservación de las carreteras ya que este aspecto incide directamente en la seguridad vial, dificulta la fluidez del tráfico y provoca un envejecimiento del parque móvil.

En el área de Justicia, el Defensor subraya el "claro malestar" que las tasas judiciales provocan en los ciudadanos y en los operadores jurídicos que intervienen en los procesos.

EDUCACIÓN

El Defensor pide al Ministerio de Educación que revise el sistema de gestión y concesión de becas para evitar "la demora"en la entrega de las cuantías a los universitarios, lo que "ha obligado a muchos estudiantes a solicitar préstamos" o a "abandonar los estudios".

Se recogen 1.361 quejas en materia educativa y buena parte de ellas relacionadas con el ámbito universitario ante el "incremento significativo" de los precios.

La Memoria recuerda que el número de becarios en enseñanzas obligatorias ha descendido un 35 %, mientras que en las universitarias ha aumentado un 8 %, pese al descenso en la financiación estatal.

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