Palestina se incorpora a la Corte Penal Internacional

Palestina se incorpora a la Corte Penal Internacional

MUSSA QAWASMA / REUTERS

Palestina se ha convertido este primero de abril en miembro de pleno derecho de la Corte Penal Internacional (CPI), el organismo destinado a investigar los casos de crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio que tengan lugar en el mundo. Naciones Unidas, como anunció hace tres meses su secretario general, Ban Ki-moon, ha autorizado su entrada porque tiene derecho a ello, después de haber sido reconocido en noviembre de 2012 como estado observador, no miembro, de la Asamblea General de la ONU. No es un país plenamente soberano pero sí tiene la entidad suficiente para sumarse a este tipo de organismos internacionales.

¿PARA QUÉ SERVIRÁ Y A QUIÉN INVESTIGARÁ?

La incorporación al tribunal permitirá al Gobierno del presidente palestino, Mahmud Abbas, denunciar al Ejecutivo de Israel por supuestos crímenes de guerra. Como explica Raji Sourani, que dirige el Centro Palestino por los Derechos Humanos desde Gaza, tres son los flancos por los que se puede atacar a su adversario en la CPI:

  • Los asentamientos en Jerusalén Este y Cisjordania, en los que viven cerca de 600.000 colonos.
  • El muro de separación cisjordano, 700 kilómetros de hormigón y alambrada declarado en 2004 “ilegal” por la Corte Internacional de Justicia, que dio orden de tirarlo.
  • Y el bloqueo que se mantiene sobre Gaza, por tierra, mar y aire, desde 2007, cuando Hamás se hizo con el poder.

También posibilitará, a su vez, que los grupos de milicianos palestinos como Hamás o la Yihad Islámica puedan ser procesados e, incluso, lo sea el Gobierno palestino. Una vez que se entra en la CPI y una vez que se denuncia un caso la investigación es global, incluye a las dos partes de un conflicto. Los grupos armados palestinos han accedido a que Abbas dé el paso porque dicen que no tienen "nada que temer", mientras que Israel "tiene que temblar porque sus crímenes están a punto de ser corroborados", en palabras de Fawzi Barhoum, portavoz de Hamás en Gaza.

¿CUÁL HA SIDO EL PROCESO?

El presidente Abbas, presentó la candidatura de adhesión el 31 de diciembre, un movimiento que provocó fuertes críticas de Israel, que anunció como represalia la congelación del envío de 105 millones de euros de impuestos recaudados por el Ejecutivo de su adversario que se transfieren mensualmente al Gobierno palestino. Esa cifra ya se ha multiplicado por cuatro, como cuatro son los meses que lleva Israel sin pagar. El reelegido primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha prometido desbloquear los fondos, pero aún no lo ha hecho. Los funcionarios palestinos llevan todo este tiempo cobrando la mitad de su salario y la situación se ha vuelto muy inestable.

La decisión de Abbas también suscitó fuertes críticas en Estados Unidos, que calificó el paso del sucesor de Yaser Arafat como “muy preocupante” y “totalmente contraproducente, según advirtió Jeff Rathke, portavoz del Departamento de Estado. También algunos congresistas republicanos de Estados Unidos han pedido que Washington frene su ayuda a la Autoridad Palestina, unos 400 millones de dólares anuales (335 millones de euros), informa EFE.

En enero, la CPI anunció que aceptaba la petición de Palestina de iniciar una investigación sobre la Operación Margen Protector de Israel contra Gaza, la del pasado verano, 51 días de ofensiva que dejaron cerca de 2.100 muertos palestinos, el 70% civiles y, de ellos, 500 menores de edad. Abbas había pedido que se examinara lo pasado, pero como aún no era miembro de la Corte, se temía que su recurso fracasara porque no existe la retroactividad. Sin embargo, la gravedad de los hechos ha llevado al Tribunal de La Haya a aceptar el caso. La fiscalía asume que hay "indicios" de crímenes.

¿QUÉ PASA CON LAS OPERACIONES PREVIAS?

Ya en 2009, tras la Operación Plomo Fundido, en la que murieron más de 1.300 personas en Gaza, la fiscalía de la Corte tumbó un expediente contra Israel, cuando Palestina no era un estado observador de la ONU. Lo mismo pasa con la ofensiva Pilar Defensivo, que ocurrió 10 días antes de la votación de ese reconocimiento en Nueva York.

Hasta noviembre de 2012, el Ejecutivo palestino no tenía posibilidad de reconocer la CPI. Sin embargo, entonces Palestina fue abrumadoramente reconocida como Estado observador, lo que le abría las puertas a su incorporación a organismos y convenios internacionales. Entre ellos se encuentra el Estatuto de Roma, por el que se constituyó el tribunal de La Haya.

La población palestina es muy favorable a la denuncia contra Israel en este organismo, pero Abbas se ha refrenado desde entonces, en parte por la petición –más bien exigencia- de Estados Unidos de que así lo hiciera, y en parte por la amenaza de represalias de Israel –desde anexiones en Cisjordania a congelación de transferencias de fondos-.

¿QUÉ LE PUEDE PASAR A ISRAEL?

Israel firmó el Estatuto de Roma pero no lo ratificó, por lo que en la práctica no se siente vinculado por lo que haga la CPI. Sin embargo, una denuncia puede ser un golpe moral importante, además de acarrear notables problemas en los países que sí reconocen el tribunal para aquellos políticos o militares demandados.

Riyad Mansour, el embajador palestino ante la ONU, confiesa que puede llevar “décadas” demostrar los supuestos delitos, pero se aferra a la “transformación de la pelea palestina”. “Estamos buscando justicia por medios legales, pacíficos y civilizados. Hemos evolucionado y avanzado. Es nuestro camino. E Israel deberá convivir con los titulares que genere el proceso”, abunda.

Jibril Rajoub, el que fuera jefe de la Inteligencia palestina y hoy miembro destacado de Fatah -el partido de Abbas-, sostiene que el proceso ayudará a cambiar la actitud de la comunidad internacional. “Este conflicto se está convirtiendo no en una prioridad del mundo, sino en una molestia. Si hay órdenes de arresto en Interpol [cuerpo al que también se ha sumado Palestina], habrá naciones europeas que no puedan dejar entrar a líderes israelíes sin detenerlos… Y a Occidente no le gustan las molestias. Ya harán por ayudarnos a resolver esto”, sostiene.

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Rodrigo Carretero es Traffic Editor Manager en 'El HuffPost' y trabaja desde Madrid. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado en 'El Día de Valladolid', en 'El País' y en las radios musicales del grupo Prisa. Puedes contactar con él en rodrigo.carretero@elhuffpost.es