ECONOMÍA

Ingresan en prisión por gastar 800 euros con una tarjeta robada en 2008

30/03/2015 21:21 CEST | Actualizado 30/03/2015 21:21 CEST
GTRES

Dos mujeres de 28 y 24 años, que en 2008 gastaron 800 euros con una tarjeta robada, ingresarán el miércoles en prisión después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya ratificado sus condenas a dos años y cuatro meses por un delito de estafa y otro de falsedad documental.

Son Ainhoa Valdés e Irene García; que entonces tenían 22 y 18 años e iban acompañadas de una menor de 16. Están acusadas de un delito de estafa continuada y otro de falsedad de documentos por utilizar una tarjeta robada con la documentación de otra persona.

Los hechos tuvieron lugar en 2008, cuando un hombre les ofreció una tarjeta de crédito para que comprasen lo que quisieran en El Corte Inglés, además del DNI del titular de la misma; según cuentan las acusadas, con la condición de que comprasen un ordenador para él. Aunque dudaron, al final acabaron cometiendo lo que entonces consideraron una travesura y se gastaron alrededor de 800 euros en media hora.

DOS AÑOS Y CUATRO MESES DE PRISIÓN

Primero compraron sus "caprichos" y luego volvieron a entrar al centro comercial a por el portátil que quería el hombre, momento en el que la dependienta no pudo pasar la tarjeta porque saltó el límite, y entonces reparó en las chicas jóvenes utilizando una Visa Oro. A la salida del centro, fueron arrestadas; y el hombre que les había dado la tarjeta había huido.

En 2010 el Juzgado de lo Penal 23 de Madrid condenó a dos años y cuatro meses de cárcel a cada una por incurrir en los delitos ya mencionados. Había sido la menor que las acompañaba quien había firmado los recibos de la compra, pero alguien tenía que responder por ello.

"Fue una tontería. Nunca lo habíamos hecho ni lo volvimos a hacer. Ir a la cárcel es abusivo", explica una de las dos jóvenes. "No compramos nada muy caro, solo un móvil y un MP3 para escuchar música... cosas que nuestros padres no se podían permitir".

PIDIERON UN INDULTO COMO PUDIERON

Las condenadas recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid su sentencia y el cumplimiento de la pena; pero estos recursos no fueron estimados. Critican que la abogada de oficio que se les asignó entonces aceptó la condena sin poner pegas durante el juicio y, cuando le preguntaron qué podían hacer para evitar entrar en prisión, les dijo que fueran al Ministerio de Justicia y pidieran un indulto, cosa que hicieron "como pudieron".

Queda pendiente aún que el Ministerio de Justicia resuelva sobre un indulto solicitado por el abogado actual, interpuesto en septiembre de 2014; que argumenta que se trata de dos jóvenes que no tenían antecedentes policiales cuando ocurrieron los hechos, y que no han vuelto a delinquir. Fue un hecho puntual y ambas están "plenamente reinsertadas" en la sociedad, trabajando, de manera que la función rehabilitadora de la cárcel no tendría sentido, según el abogado, que ha destacado que Irene tiene un hijo de dos años y que Ainhoa ya ingresó en prisión por estos hechos.

Irene corrobora que ella siempre ha trabajado, ha reconocido el error y ha pagado los 1.600 euros de multa y los 400 de responsabilidad civil que le exigieron, y sostiene que entrar en la cárcel por esos delitos, y además siete años después, es "injusto y abusivo". "Es un sinvivir, no puedes hacer nada, y además nosotras no tenemos nada que ver con las personas que están ahí", dice preocupada.

Asume que el miércoles debe entrar en la cárcel a la espera de que se resuelva el indulto y el recurso interpuesto contra esta medida, pero advierte de que "de ahí sabes cuando entras pero no cuándo sale".

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