ECONOMÍA

La declaración de bienes en el extranjero hundió a Rato

19/04/2015 12:10 CEST | Actualizado 19/04/2015 12:10 CEST
JUANJO MARTÍN / EFE

La investigación de la Agencia Tributaria que derivó en el registro de la casa y despacho de Rodrigo Rato tiene su origen en las incongruencias de los datos fiscales comunicados por el exvicepresidente del Gobierno a Hacienda. Se han detectado incoherencias, por ejemplo, entre las rentas afloradas en la amnistía fiscal y las declaraciones posteriores de bienes en el extranjero. Sobre Rato pesa una acusación de fraude fiscal, blanqueo y alzamiento de bienes.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en marzo de 2012 una amnistía fiscal que fue aprovechada por el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, para regularizar bienes y rentas que habían escapado del control de Hacienda. Con esa actuación, el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) quedaba exonerado de responsabilidades penales por delito fiscal, siempre y cuando su declaración fuera completa y veraz.

Que un político de la talla de Rato tuviera dinero no declarado puede merecer un reproche moral, pero al acogerse a la amnistía actuó dentro los márgenes legales establecidos por el Gobierno y la Agencia Tributaria. Las sospechas en Hacienda se levantaron posteriormente cuando, en abril del año 2013, Rato presentó la declaración informativa de bienes en el extranjero y aparecieron incongruencias entre ese formulario y la declaración de la amnistía fiscal.

Incoherencias que se intensificaron un año después al actualizar el formulario fiscal de rentas en el exterior. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció ayer que el caso se origina con la presentación del modelo 720 y lo desligó de la “declaración tributaria especial”, el eufemismo utilizado para referirse a la amnistía fiscal. La investigación se inició hace más de un año.

En la amnistía fiscal aparecían bienes que luego no se declararon en el modelo 720 y viceversa

Durante el plazo establecido para acogerse a la amnistía fiscal –entre marzo y noviembre de 2012–, el Gobierno fue elaborando y publicitando una nueva ley contra el fraude fiscal que, de alguna forma, debía servir para asustar a los evasores e invitarles a adherirse a la amnistía.

Entre las medidas incluidas en la ley, generó especial temor a los defraudadores la nueva obligación anual de informar sobre las rentas y bienes en el extranjero que superasen los 50.000 euros. Esta exigencia se acompañó de un duro régimen sancionador que, además de incorporar multas muy elevadas, implicó una suerte de imprescriptibilidad para los bienes en el exterior no declarados.

Más de 134.310 contribuyentes presentaron en abril de 2013 la declaración de bienes en el extranjero y, entre ellos, se encontraba Rodrigo Rato, que ya había abandonado la presidencia de Bankia tras la nacionalización de la entidad.

En ese momento, funcionarios de la Agencia Tributaria detectaron incoherencias que se mantuvieron y agrandaron en los años siguientes. Así, bienes que se declararon en la amnistía no aparecían posteriormente en los modelos 720. Y viceversa, rentas que se incluyeron en la declaración de bienes en el extranjero no se habían incorporado en el formulario de la amnistía fiscal y tampoco aparecían en otras declaraciones como la del IRPFo el impuesto sobre el patrimonio.

Por este motivo, la Agencia Tributaria inició las investigaciones que desembocaron en una denuncia de la Fiscalía de Madrid por delito fiscal, blanqueo de dinero y alzamiento de bienes. La investigación sostiene que la declaración tributaria especial que presentó Rato no era ni completa, ni veraz. Y detecta delitos contra la Hacienda pública cometidos en su persona y a través de una empresa que, en ambos casos, pueden derivar en un proceso por blanqueo.

Montoro defiende que la actuación de la Agencia Tributaria demuestra que “la ley es igual para todos”

La acusación de alzamiento de bienes implica que, supuestamente, Rato escondió parte de su patrimonio para no responder a sus acreedores. En este sentido, el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar debe colaborar a la fianza colectiva de 800 millones impuesta por el juez del caso Bankia. Se sospecha que Rato pudiera haber puesto bienes a nombres de sus allegados para evitar responder con su patrimonio a los múltiples frentes abiertos. Ello explicaría, apuntan fuentes de la investigación, las incongruencias entre las declaraciones fiscales de Rato, en las que aparecen y desaparecen rentas.

De hecho, en el centro de las pesquisas se encuentra el entramado de sociedades que Rodrigo Rato tiene a nombre suyo o de sus familiares. En la denuncia, aparecen bienes ubicados en paraísos fiscales y también sociedades en Holanda, Reino Unido, Estados Unidos o República Dominicana. Además, se investiga un posible delito por tráfico de divisas a través de operaciones en Luxemburgo, Suiza, Gibraltar, Irlanda y Holanda, informa Efe.

Si bien fueron la amnistía fiscal y las declaraciones posteriores las que originaron la investigación, la Agencia Tributaria analizó ejercicios que abarcan hasta 2009. Los anteriores estarían ya prescritos.

Rato aseguró el viernes en declaraciones a Efe que no tiene ninguna sociedad “ni en un paraíso fiscal y, ni siquiera, fuera de la Unión Europea”. Aunque ciertos movimientos resultan a los ojos de los investigadores sospechosos. Un día después de pedir un aval de tres millones para la fianza en el caso de las tarjetas black, Rato viajó a Suiza, un trayecto que ha realizado en varias ocasiones en los últimos meses.

Tras regresar a su casa el viernes después de otro registro de su despacho en el barrio de Salamanca, Rato negó que a raíz de la fianza impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por el caso Bankia haya movido dinero entre sus sociedades.

Por otra parte, la Agencia Tributaria ha remitido al Sepblac el expediente de 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y sobre los que existe la sospecha de que utilizaron el proceso para blanquear dinero. Se trata de un colectivo de nombres, entre los que se encuentra Rato, que directa o indirectamente tienen relación con la Administración. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rechazó ayer la posibilidad de publicar la lista de estos 705 investigados. Recordó que la actual normativa lo prohíbe.

PSOE e Izquierda Unida reclamaron que se publiquen los nombres de los amnistiados y, en particular, de los 705 contribuyentes cuyos expedientes han sido remitidos al Sepblac. La actual ley contra el blanqueo de capitales exige que se preste una especial supervisión a personas con responsabilidad pública. ¿A quién se refiere? “A quien desempeñe o haya desempeñado funciones públicas importantes por elección, nombramiento o investidura”. Es decir, jefes de Gobierno, ministros, secretarios de Estados, parlamentarios o altos magistrados.

También forman parte de este grupo los presidentes y diputados autonómicos, altos cargos de las Fuerzas Armadas o alcaldes y concejales de municipios con más de 50.000 habitantes. El mayor control también debe ejercerse sobre familiares y allegados de las “personas de responsabilidad pública” y que se conocen como PEP’s, el acrónimo en inglés de Politically Exposed Persons.

La investigación a Rato que ha desembocado en el registro de su vivienda no parte del Sepblac, sino de la Agencia Tributaria. Montoro defendió que la actuación de Hacienda contra Rato demuestra que “ley es igual para todos”, y que “no entiende de color político” ni del “poder político, social o económico que uno se atribuya”. “Todos somos iguales ante la ley”, añadió. El ministrio de Hacienda, que formó parte junto a Rato de los Gobiernos de José María Aznar, rechazó realizar una valoración personal. Y avisó: “Si hay alguien por allí que no haya declarado, tiene poco tiempo para hacerlo”.

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