POLÍTICA

El juez sienta en el banquillo al PP como responsable civil en la caja B

28/05/2015 14:40 CEST | Actualizado 28/05/2015 15:57 CEST
EFE

El juez José de la Mata ha acordado sentar en el banquillo al PP como responsable civil subsidiario en relación con la caja B del partido por delitos fiscales cometidos en el pago de las obras de reforma de su sede en la calle Génova, por lo que le pide depositar en diez días una fianza de 1,2 millones.

Esa cantidad se desgrana así: algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 que dejó de abonar la empresa Unifica, que renovó la sede central de los 'populares' en la calle Génova de Madrid, y 220.000 por la cantidad que habría dejado de ingresar ante Hacienda por el Impuesto de Sociedades de 2008.

El juez de la Audiencia Nacional, que ha sustituido a Pablo Ruz, adopta esta decisión en el auto de apertura de juicio oral en el que también acuerda sentar en el banquillo a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, al exgerente del partido Cristóbal Paéz (a los que acusa entre otros delitos de integración en organización criminal) y a los empleados de Unifica, el estudio que reformó la sede del PP, Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero.

También deberán responder por los delitos de asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública.

20 DÍAS

El magistrado da veinte días a los acusados para que presenten sus escritos de defensa y diez para que depositen las fianzas impuestas, que se sitúan en 43,5 millones de euros. El juez también les advierte de que, si no lo hacen en el plazo establecido, realizará un embargo.

Las fianzas más altas, de 8,9 millones de euros, tendrán que ser prestadas por Bárcenas y Lapuerta. A continuación se sitúan Páez, que tendrá que afrontar una caución de 7,4 millones de euros; y Urquijo, García y Montero, que tendrán que depositar, respectivamente, una fianza de 6,1 millones de euros.

Además de al PP, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atribuye a Unifica la condición de responsable civil subsidiario en el procedimiento, al tiempo que le impone una fianza civil de 4,5 millones de euros.

En relación con el 1.024.987 euros que Unifica cobró en negro por las obras de la sede del PP, el juez sigue el criterio de la Abogacía del Estado y señala que "la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda Pública es también predicable de quien no tiene responsabilidad en el pago del tributo". Argumenta que debe responder el PP como persona jurídica como consecuencia de la "relación de dependencia" que Bárcenas, Lapuerta y Páez tenían con la organización.

Bárcenas en Baqueira

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