POLÍTICA

El Tribunal Constitucional suspende la resolución independentista catalana

11/11/2015 19:34 CET | Actualizado 11/11/2015 20:26 CET
AP

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la resolución independentista que aprobó el Parlament de Cataluña este lunes.

Esta decisión de los magistrados del Alto Tribunal, tomada por unanimidad, implica la inmediata suspensión de esta moción, tal y como pedía el recurso, que deberá ser ratificada o levantada en un plazo no superior a cinco meses.

El Tribunal también ha aceptado la petición del Gobierno de apercibir de suspensión a 21 altos cargos catalanes, advirtiéndoles de que una eventual desobediencia de su mandato les llevaría a incurrir en un delito y también a la suspensión de sus funciones.

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En concreto, la providencia del Constitucional acuerda advertir a estas personas, entre las que se encuentran el president en funciones, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

La advertencia también llegará a cada uno de los miembros de la Mesa del Parlament: el vicepresidente primero, Lluís Corominas; el vicepresidente segundo, José María Espejo; a la secretaria primera, Anna Simó i Castelló; el secretario segundo, David Pérez Ibáñez; el secretario tercero, Joan Josep Nuet i Pujals; a la secretaria cuarta, Ramona Barrufet i Santacana; y el secretario general del Parlamento, Pere Sol i Ordis.

El resto de apercibidos son, de acuerdo al recurso del Ejecutivo, la vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté; al consejero de presidencia, Francesc Homs i Molist; la consejera de Gobernación y Relaciones Instucionales Meritxell Borrás i Solé; al consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell; a la consejera de Enseñanza Irene Rigau i Oliver; a consejero de Salus Boi Ruiz i García; al consejero de Interior Jordi Jané i Guasch; al consejero de Territorio y Sostenibilidad ; Santi Vila i Vicente; el consejero de Cultura, Ferrán Mascarell i Canalda; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Jordi Ciuraneta i Riu; el consejero de Empleo y Ocupación; Felip Fpug i Godes y el consejero de Justicia, Germá Gordi i Aubarell.

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La notificación debe extenderse, "en su caso a quienes resulten designados por el presidente de la Generalitat como consecuencia del acto de investidura por el Parlamento Catalán", solicitaba también el Gobierno.

EL GOVERN DICE QUE OBEDECERÁ AL PARLAMENT

La decisión del Constitucional parece no haber afectado al Govern, cuya vicepresidenta y portavoz en funciones, Neus Munté, ha defendido hoy que el Ejecutivo catalán actúa en "estricto cumplimiento" del Parlamento catalán "soberano" y ha acusado al Gobierno de "utilizar" a la justicia para poner "una mordaza" a los 'anhelos de libertad' de Cataluña.

"La voluntad es sacar adelante el contenido de la resolución. Los motivos son claros: es el mandato de un Parlamento soberano", ha dicho Munté.

OCHO ARTÍCULOS "VIOLADOS"

El recurso presentado por la Abogacía del Estado señalaba que la citada resolución "viola con total evidencia" hasta ocho artículos (1.2, 2, 168, 1.3, 1.1, 9.1, 164 y 23) de la Constitución Española además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna.

El recurso insistía en que "los ciudadanos de Cataluña no pueden confundirse con el pueblo soberano concebido como la unidad ideal de imputación del poder constituyente", sino que están sometidos al Ordenamiento español "y no tienen, en cuanto tales más derechos que los que la Constitución les garantiza".

"Sólo el pueblo español es soberano", insistía el escrito, y "sólo después, y no antes" de un nuevo acto constituyente del pueblo español podría Cataluña declararse a sí misma pueblo soberano.

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