Colau no permitirá oficiar matrimonios a los ediles que no quieran casar a gays

Colau no permitirá oficiar matrimonios a los ediles que no quieran casar a gays

EFE

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, retirará inmediatamente la potestad de casar a los ediles que se nieguen a casar a personas del mismo sexo, según ha anunciado la concejal de Ciclo de la Vida, Feminismos y LGTBI, Laura Pérez, en declaraciones a los periodistas.

Alcaldía otorga en Barcelona esta potestad a los concejales y tiene también la capacidad de retirarla a través de un decreto, ha detallado Pérez, que ha explicado que presentarán esta medida -de la que asegura que ya tienen conocimiento los grupos municipales- ante el Consejo LGTBI, que se reúne la tarde de este jueves.

Pérez ha recordado que en 2014 un concejal del PP se negó a casar a dos lesbianas haciendo objeción de conciencia, y que el caso llegó al Síndic de Greuges (el defensor de las personas), Rafael Ribó, que concluyó que representaba una vulneración de los derechos de la pareja, algo que comparte el Gobierno municipal y el consejo.

Pérez ha resaltado también que el Síndic instó al Ayuntamiento a tomar medidas y que, pese a que no tienen constancia de que actualmente ningún concejal plantee una objeción de conciencia ante el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, han impulsado esta medida para garantizar que no se vulneran derechos de parejas homosexuales.

LOCAL EN SANT ANTONI

El Ayuntamiento prevé ubicar el Centro Municipal de Recursos LGTBI -previsto en el Plan Municipal LGTB 2010-2015- en un local municipal en la calle Compte Borrell, en el barrio de Sant Antoni, que cuenta con 1.314 metros cuadrados de superficie disponible distribuidos en dos plantas.

El espacio deberá ser adecuado a los nuevos usos del local después de que lo visiten las entidades, tras lo que el Ayuntamiento arreglará el espacio según su plan funcional, que está en fase de diseño y aprobación a través de un proceso participativo con las entidades.

El consejo abordará también en esta sesión la constitución de un grupo de trabajo de seguimiento de la aplicación del la Ley contra la LGBTIfobia, ya que el Gobierno municipal considera que se debe impulsar con el consenso de los grupos políticos del consistorio y también de las entidades.

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