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Detenido el dueño de Vitaldent y otros directivos por fraude fiscal y blanqueo de capitales

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VITALDENT
Imagen de un anuncio de Vitaldent | EFE
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Una caries... económica. La Policía Nacional ha detenido este martes al dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, y a otras 12 personas, todas ellas en la Comunidad de Madrid, en una operación por un presunto delito fiscal, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

En la operación Topolino, la Policía se ha incautado de un avión y 36 vehículos de lujo, y se se decretado la prohibición de disponer sobre 124 fincas repartidas por toda España.

¿CÓMO SE PRODUCÍA EL FRAUDE?

Los responsables de Vitaldent desviaban sin declarar el dinero en metálico que exigían a sus franquiciados, concretamente a los países de Suiza y Luxemburgo. Luego ese dinero se reinvertía en artículos de lujo, coches de alta gama, fincas o incluso un avión valorado en un millón de euros que ya ha sido incautado por la Policía.

Los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública, según la Policía. La Fiscalía, en un comunicado emitido este martes, habla incluso de "organización criminal" dirigida por el dueño de Vitaldent, Ernesto Colman.

Los investigadores explican que para evitar sus obligaciones fiscales, el máximo responsable de la empresa ingresaba los ingresos obtenidos de las franquicias de la marca en entidades bancarias de Suiza o Luxemburgo. Posteriormente, parte de este capital era reinvertido en España mediante la adquisición de bienes inmuebles, vehículos y otros artículos de lujo, culminándose de este modo un proceso de blanqueo.

Los investigadores no han hecho todavía una estimación exacta de a cuánto asciende el dinero blanqueado, pero advierten de que el fraude es millonario. No siempre se exigía el mismo porcentaje, pero eran grandes cantidades.

Las detenciones se han precipitado porque el dueño tenía pensado cerrar el negocio y quedarse con el dinero negro.

Las actuaciones parten de la denuncia presentada por varios franquiciados afectados y las detenciones se han precipitado ante las sospechas de la UDEF de que el dueño de Vitaldent tenía previsto cerrar repentinamente el negocio y quedarse con el dinero recaudado por este procedimiento.

LAS CLÍNICAS SIGUEN FUNCIONANDO

Las fuentes han precisado que la operación no tiene que ver con el funcionamiento de las franquicias de la marca, que están trabajando con normalidad aunque con problemas informáticos.

La operación, que desarrolla la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, continúa abierta y es fruto de numerosas denuncias de clientes, según otras fuentes citadas por Efe.

Vitaldent cuenta con más de 350 clínicas en toda España y en su plantilla hay más de 2.500 odontólogos, según la web de la empresa, que pone como "aval" de su eficacia la realización de más de un millón de implantes.

DELITOS CONTRA HACIENDA, BLANQUEO Y ESTAFA

Fuentes jurídicas han precisado que la causa la la instruye el juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid) a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y estafa a franquiciados.

La juez ha ordenado registros, según las mismas fuentes, que se están practicando.

Según las fuentes consultadas, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se dirige contra el dueño de la clínicas Ernesto Colman, Bartolomé Conde y otras personas de la dirección del grupo.

Esta es la segunda operación vinculada a una red de clínicas dentales tras la desarrollada el pasado 29 de enero cuando fue detenido el responsable de Funnydent, Cristóbal López, por un delito de estafa tras el cierre inesperado de los nueve centros que disponía en Madrid y Cataluña.

El pasado septiembre, la organización de consumidores FACUA denunció a Vitaldent por eludir su responsabilidad con los pacientes que sufren problemas en sus franquicias.

Las denuncias fueron remitidas a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad y a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la empresa tiene su sede social, y a la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, al haberse producido en Cádiz las irregularidades que originaron las actuaciones.

El Consejo General de Dentistas hizo público su apoyo a la denuncia de FACUA. "Se está poniendo en peligro la salud de la población con la creciente mercantilización del acto sanitario y con el aumento de la publicidad sanitaria inapropiada y engañosa", señaló la organización colegial de dentistas, según recuerda en un comunicado.

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