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La defensa de la infanta Cristina pide la absolución y una sanción para Manos Limpias

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INFANTA CRISTINA Y URDANGARN
La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, a su llegada a la sede de la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) de Palma. | EFE
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El abogado defensor de la Infanta Cristina Pau Molins ha solicitado su libre absolución en el caso Nóos y "se restablezca la justicia para Cristina de Borbón" frente a la actuación del sindicato Manos Limpias, que, considera, ha ejercido "un abuso de derecho" contra ella y ha obrado "con gravísima temeridad".

El letrado ha mostrado así su "rotundo desacuerdo" con las conclusiones de la acusación popular, que reclama ocho años de cárcel para la exduquesa como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

La defensa ha criticado así el mantenimiento "obsesivo" de la acusación hacia la Infanta, aunque "de modo evidente la prueba del juicio oral haya desacreditado por completo la versión de este sindicato".

Molins reclama asimismo que, de acuerdo al artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se le imponga a Manos Limpias una sanción económica "prevista para los casos de abuso de derecho y que ya le ha sido impuesta en otros procedimientos".

LIBRE ABSOLUCIÓN DE URDANGARÍN

Así mismo, la defensa de Iñaki Urdangarin, ejercida por el abogado Mario Pascual Vives, ha solicitado la libre absolución de su patrocinado en el marco del juicio del caso Nóos, al aseverar que no cometió delito alguno.

El letrado mantiene así la inocencia del exduque, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años y medio de cárcel por urdir y liderar, junto a su exsocio Diego Torres, una trama empresarial con la que lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública.

Pascual Vives ha dejado constancia de que su cliente ha consignado un total de 1,2 millones de euros a efectos de reparar los posibles daños causados.

SIETE MESES Y MEDIO DE CÁRCEL

Por su parte, la defensa del expresidente del Govern Jaume Matas ha solicitado una condena de siete meses y medio de cárcel a sustituir por multa en el marco del caso Nóos, que contrasta con los cinco años de prisión que reclama la Fiscalía Anticorrupción en esta causa.

Así lo ha anunciado su defensa durante el trámite de conclusiones del juicio del caso Nóos, en el que ha señalado admitir que dio la instrucción de contratar la Instituto Nóos para poner en marcha los denominados Illes Balears Forum -por los que la entidad presidida por Iñaki Urdangarin percibió 2,3 millones de euros públicos-, pero no la de pagar a esta asociación 400.000 euros que el exduque reclamaba al Ejecutivo autonómico en deudas.

El abogado del exministro ha admitido de este modo que su patrocinado incurrió en delitos de prevaricación y fraude como autor directo, con la aplicación de las atenuantes de confesión y reparación del daño.

TRAMA VALENCIANA

Las defensas de los cinco acusados de la llamada trama valenciana de Nóos han pedido hoy al tribunal que juzga el caso en Palma la libre absolución de todos ellos por la contratación del Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y Diego Torres para organizar tres foros en Valencia.

Han negado la comisión de cualquier delito las defensas del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, que además ha solicitado que se condene en costas a la acusación particular del PSOE; de Luis Lobón, exsecretario de Turismo; de José Manuel Aguilar, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa); de Jorge Vela, exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, y de Elisa Maldonado, responsable jurídica de Cacsa.

En el trámite de presentación de conclusiones, que hoy ha concluido en presencia de los 17 procesados, también ha pedido la libre absolución el defensor de Salvador Trinxet, el asesor fiscal de Nóos a quien solo acusa Manos Limpias.

La abogada del antiguo contable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro, que colaboró con la Fiscalía en la fase de instrucción y confesó delitos durante el juicio, se ha conformado con la pena de 2 años de cárcel más multa que solicita el ministerio público.

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