El PP logra que Ciudadanos rebaje sus exigencias frente a la corrupción

"Los imputados por corrupción política no se sientan ni en el Gobierno ni en los escaños si Ciudadanos está en la negociación". Con esta rotundidad explicaba Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, una de las condiciones que iba a imponer al presidente en funciones y candidato del PP, Mariano Rajoy, antes de empezar la negociación.

Dos semanas después de aquella declaración pública y varias reuniones con el PP mediante, aquella contundencia frente a la corrupción ha ido menguando hasta quedar rebajado a lo que el vicesecretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, ha resumido con esta frase: "Aquellos imputados por delitos de prevaricación ligados a un enriquecimiento personal o a una financiación irregular de partidos".

El resto de delitos de corrupción, siendo "sancionables", reconocía Villegas, simplemente "no están en el acuerdo". De esta forma, el PP conseguía que Ciudadanos aceptara limitar los casos que entienden por corrupción política. "No se trata de hacer pasar por corrupción lo que no es. Tenemos la obligación de ser justos porque no se trata de hacer tabla rasa", ha añadido Fernando Martínez Maíllo, vicesecretario de Organización del PP.

Así, los partido se verían obligados a estudiar cada imputación caso a caso, como con el diputado del PP por Castellón Oscar Clavell, imputado por malversación, prevaricación y fraude en un caso de su etapa de alcalde de Vall d'Uixó y que el partido de Rajoy limita a un caso de "prevaricación administrativa".

Otra cesión más del partido de Rivera que se suma a la que se produjo cuando la formación naranja retiró del pacto el nombre de Luis Bárcenas. Según publicó este domingo El Mundo, antes de que los portavoces de ambos partidos, Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta, firmaran el documento con las condiciones de Rivera, "el PP pidió a Ciudadanos la retirada del nombre de Bárcenas que figuraba en la redacción inicial". Así, el documento que antes rezaba Creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP 'caso Bárcenas' pasó a ser Creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP.

A esto se añade que, según publica La Voz de Asturias, el portavoz asturiano de Ciudadanos, Nicanor García, la exigencia de que los cargos públicos imputados dimitan se limita al ámbito estatal (Congreso, Senado y Gobierno) y no contempla que afecte al ámbito autonómico o local "porque eso sería una pequeña revolución".

De este modo, el PP se ahorraría tener que pedir la renuncia a numerosos cargos públicos de su formación imputados en casos muy conocidos de ámbito autonómico y local, como el caso Imelsa, el caso Pokémon o el caso Brugal.

Ahora el objetivo del PP es no tener que apartar a los imputados hasta que se forme un nuevo Gobierno, al margen de la firma del pacto. "Para que esté en vigor el documento tiene que haber un Gobierno. Si no hay investidura ni Gobierno no existe esto ni otros acuerdos", ha sentenciado Martínez Maíllo.

Con esta sucesión de hechos, cabe preguntarse: ¿logrará el PP otra cesión más de Ciudadanos frente a la corrupción?