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El PDC se querella contra Fernández Díaz por violación de secretos y prevaricación

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FERNNDEZ DAZ
EFE
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El Partit Demòcrata Català (PDC) planteará este jueves una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por presuntos delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación tras las conversaciones con el exdirector de Antifraude, Daniel de Alfonso. Las claves de las conversaciones de Fernández Díaz.

La querella criminal, que CDC (ahora refundada en el PDC) ya había anunciado a finales del pasado mes de junio, se presenta finalmente este jueves ante el Tribunal Supremo, tal como había avanzado el diputado Francesc Homs el pasado miércoles en el debate de investidura en el Congreso.

Los querellantes son el exalcalde barcelonés Xavier Trias y la formación CDC (refundada en el PDC), que acuden a la justicia para denunciar al exdirector de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, y al ministro del Interior en funciones tras las grabaciones en las que supuestamente buscaban pruebas y casos de corrupción que afectaran a cargos de partidos independentistas, entre ellos también Francesc Homs.

Los querellantes consideran que Fernández Díaz y De Alfonso incurrieron en delitos de violación de secretos por parte de funcionario público, prevaricación y malversación de fondos públicos.

LA QUERELLA

El texto, de 42 páginas, basa las acusaciones en la documentación escrita y las grabaciones de audio publicadas por el periódico Público el pasado junio, que hacen referencia a dos reuniones entre De Alfonso y Fernández Díaz en el despacho del ministro en octubre del 2014, poco antes de la consulta soberanista del 9N.

La querella alerta de una "política sistemática de revelaciones y desviación de poder en el ejercicio de las potestades investigadoras que, en modo alguno, puede ser casual y que, una vez vistos en su conjunto, permiten pasar del estadio de la conjetura al de indicio".

Así, para los querellantes, de las conversaciones se desprende una "premeditación especialmente insidiosa" de "revelación de información confidencial".

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Imagen de archivo de Jorge Fernández Díaz

En el caso de Trias, queda patente, según la querella, "la intención de perjudicar políticamente al afectado", pese a que Fernández Díaz y De Alfonso "reconocen que no tienen evidencia alguna" de la supuesta cuenta en un banco suizo que posteriormente salió publicada y que fue desmentida por el exalcalde.

El objetivo de las conversaciones fue buscar "torticeramente" el "descrédito" sobre CDC, según los querellantes, que consideran que "Fernández Díaz, sin rubor alguno y con la franca verborrea de quien se cree impune, es elocuente al respecto".

El texto subraya así que el ministro "provoca, posibilita, facilita y favorece activamente" la revelación de información confidencial por parte de De Alfonso, puesto que le "incita" a actuar y le emplaza a una segunda reunión, por lo que "sería partícipe en los delitos de revelación".

Asimismo, para los querellantes, "la conducta de un ministro del Interior que tolera impertérritamente la comisión de delitos en su propio despacho constituiría un delito de omisión del deber de promover la persecución de delitos".

Los querellantes también observan "numerosos indicios que apuntarían a la vinculación del señor Fernández Díaz a la publicación en el diario El Mundo de la noticia sobre la falsa cuenta en Suiza del señor Xavier Trias", lo que sería constitutivo de un delito de violación de secretos.

Según el texto, también "serían constitutivas del delito de prevaricación las decisiones de llevar a cabo las investigaciones injustificadas e ilícitas, con clara y manifiesta desviación de poder tanto por parte del señor De Alfonso como por parte del señor Fernández Díaz".

Finalmente, consideran que existen indicios de la comisión de delitos de malversación por los costes en emprender y desarrollar dichas investigaciones.

Los querellantes también achacan los mismos delitos a De Alfonso y recuerdan que ya fue destituido por el Parlament, al juzgar que había contravenido la ley de la Oficina Antifraude.

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