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Un juzgado de Madrid paraliza el sacrificio de 2.700 cabras en Madrid

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El Juzgado Contencioso Administrativo nº 32 de Madrid le ha dicho este lunes a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, que no puede matar 2.700 cabras montesas en la Sierra de Guadarrama. No puede hacerlo, al menos de momento, porque la jueza ha decretado la suspensión cautelar del Plan de Gestión de Abatidas que la Comunidad iba a poner en marcha el 19 de octubre.

La suspensión llega tras las denuncias que el Partido Animalista PACMA interpuso contra los responsables de medioambiente de Madrid. Mientras estas se resuelven, el Plan que la Comunidad había ideado para acabar con la superpoblación de cabras no podrá ponerse en marcha.

En un comunicado en el que se felicita por la decisión, PACMA explica que "las cabras fueron introducidas en la zona por la mano humana en la década de los 90. La falta de gestión y seguimiento de las poblaciones por parte de la Administración ha llevado a que hoy alrededor de 4.000 cabras hayan hecho de estas montañas su hogar".

En cuanto a las medidas para solucionar el problema, PACMA se opone a cualquier método que implique la muerte de animales y ha instado a las autoridades a adoptar medidas "éticas y compatibles con los derechos de los animales". Entre estas estaría, a juicio de la formación, "facilitar la expansión natural y dispersión de la especie, empleo de métodos anticonceptivos, traslado de los animales a hábitat similares, respeto y protección de las poblaciones de depredadores como los lobos, gestión de las especies vegetales protegidas…

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