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Piden 4 años de cárcel para esta mujer por exterminar a 2.200 animales

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ACUSADA PARQUE ANIMAL
EFE
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El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga acoge estos días el juicio a la presidente de la Protectora Parque Animal, que se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por el supuesto exterminio de 2.200 animales. Ella ha negado los hechos, pero los testigos que toman parte en el proceso han confirmado que en el centro se llevaban a cabo prácticas eutanásicas e incluso que había "días de exterminio".

La acusada por los delitos continuados de maltrato animal e intrusismo profesional, además de un delito continuado de falsedad, ha negado los hechos alegando que "jamás" ha llevado a cabo los hechos de los que se le acusa. "Yo tengo fobia a poner inyecciones", ha afirmado, para señalar que eran los veterinarios quienes decidían las eutanasias.

"Yo soy amante de los animales solamente, no me atrevo ni a cortarles las uñas", ha asegurado en su interrogatorio, apuntando que "con una jeringuilla me han podido ver", pero no con producto eutanásico, sino con jarabe para darlo por la boca. "Tenía mis ocupaciones que eran los animales, buscarles dueño y que la protectora funcionara bien", ha señalado.

"LAS CIFRAS SON UN DISPARATE"

La mujer ha aseverado que las más de 2.200 muertes de las que está acusada son una cifra "monstruosa, que no sé de dónde se lo han sacado" y ha añadido que "es imposible, un disparate, entonces por qué iba yo a dedicar mi vida a estar allí procurándoles dueños". En ese punto, ha señalado que sigue teniendo en casa 12 perros, 14 gatos, dos conejos, dos ocas y dos tortugas. "La gente sigue creyendo en mí, me los traen y no puedo decir que no".

Según su versión, en el período por el que está siendo juzgada, se produjeron en el centro 283 fallecimientos con justificación. Por eso, considera que este proceso "es un cúmulo de mentiras" y que surge después de que ella tuviera una reunión con tres veterinarios, quienes le propusieron gestionar ellos una parte del centro, a lo que ella se negó.

El otro acusado, un empleado de la protectora, ha negado los hechos y ha insistido, como la anterior, en que eran siempre los veterinarios los que decidían las eutanasias que se hacían. "Yo no he pinchado a ningún animal", ha señalado, apuntando que no sabe por qué los exempleados le relacionan con esto. Ha dicho que él sólo estaba "para limpiar y recoger" y ha señalado que sólo se sacrificaba "muy de vez en cuando" y cuando el animal estaba muy enfermo.

LAS ACUSACIONES DE LA FISCALÍA

Frente al testimonio de los dos encausados, está un duro escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press. En él, se extrae que desde principios de 2008 y hasta al menos octubre de 2010, los acusados vinieron sacrificando animales domésticos de los recogidos en la asociación "de forma masiva e injustificada", haciendo "auténticas sesiones de exterminio" sobre animales normalmente sanos.

Para la acusación fiscal, esto se realizaba, supuestamente, "sin que hubiese causa que justificase la muerte", salvo "la falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados". Considera que la presidenta era la que "impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente", con la colaboración "imprescindible" del empleado, que se dedicaba a funciones de mantenimiento, limpieza de animales y dependencias.

Así, se indica que supuestamente inyectaba los productos "de forma inexperta" y "sin sedación previa". "De esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su vista durante horas", pone de manifiesto el ministerio público, exponiendo algunos casos concretos, en los que los dueños entregaron sus animales a la asociación para adopción, pero fueron sacrificados.

Asimismo, según esta acusación, era la acusada la que "bajo el nombre de supuestos veterinarios firmaba certificados de eutanasia o los expedía en su totalidad de su puño y letra, así como otros certificados veterinarios". También firmaba los listados mensuales de animales para incineración que eran presentados en el Ayuntamiento "o alteraba su contenido en los extremos necesarios a sus intereses".

LA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS

Uno de los testigos, que era veterinario en ese momento, ha asegurado que "a los lunes que se apagaban las cámaras y se ponía la música alta se les llamaba días de exterminio, porque cuando llegábamos ya no había tantos perros ni gatos como la semana anterior".

"Los días de exterminio solían ser los lunes, cuando yo llegaba seguía la música alta y si un viernes había una galería de perros llena y el lunes no había ninguno, lo que suponíamos es que los habían sacrificado", ha indicado, apuntando que se practicaban eutanasias "sin control" profesional, algo que, ha dicho, la acusada le reconoció.

Ha señalado que la acusada utilizaba el término 'intraperro' para referirse a la forma de realizar la eutanasia, lo que significaba que "pinchaba donde pillaba"; y ha asegurado que se escuchaban "gritos y alaridos que eran de sufrimiento, tenían agonía". Ha apuntado que él nunca ha realizado estas prácticas en el centro y que llegó a grabar a varios perros muertos.

No obstante, ha admitido que no vio directamente a los acusados llevar a cabo estas prácticas, ni tampoco analizó los cadáveres para determinar las causas de la muerte, aunque sí ha explicado que un día, "tras escucharse gritos y alaridos", vio a la procesada con un bote del producto utilizado para ello con una jeringuilla pinchada.

Ha aludido a una reunión, en la que estaban la acusada y varios veterinarios, aunque ha explicado que en ese encuentro "se le dijo que sabíamos lo que estaba haciendo y cómo y yo le dije que tendría que hacerse de forma legal y por un veterinario" y no que quisiesen quedarse con la clínica. "Al día siguiente me dijo que no fuese más a trabajar", ha apuntado.

Otro testigo, también veterinario, ha explicado que vio dos casos, señalando que "presumiblemente se administró menos producto y donde no se debía". Ha señalado que la situación era "un poco grotesca, porque no podíamos pasar a la parte de atrás donde estaban los chillidos de los perros y entonces sabíamos que iban a sacrificarlos, pero no podíamos hacer nada".

Las defensas han planteado la nulidad de todo el proceso por vulneración de derechos, sobre todo a la inviolabilidad del domicilio, pero el fiscal ha respondido que no existe tal nulidad, defendiendo la actuación de la Guardia Civil que no realizó un registro sino inspecciones y la retirada de los animales sacrificados. Ha indicado que la relevancia social "no la causa el Seprona, sino los hechos".

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