Las cuatro palabras clave para el independentismo en 2017

El independentismo catalán marcó a fuego el 2017 como el año determinante para la suerte del proceso soberanista. Según el programa electoral con el que se presentó Junts pel Sí (JxS), este año debería culminarse una legislatura de 18 meses que dejaría preparadas todas las herramientas para que Cataluña pudiera separarse de España de manera unilateral.

Un año después de la investidura de Carles Puigdemont, sin embargo, el independentismo afronta un año trascendental con muchas incógnitas y una sola certeza: la colisión entre la Generalitat y el Gobierno está servida y nos adentramos en unos meses de alta tensión en los que el proceso independentista marcará la agenda política del país.

Se prevén inhabilitaciones, manifestaciones en la calle, luchas entre partidos y mucha incertidumbre, pero las palabras que marcarán este 2017 en Cataluña son cuatro:

Este será el año en el que el independentismo se sentará en el banquillo de los acusados. Más de una decena de cargos pasarán por los tribunales y los procesos judiciales abiertos reanimarán la movilización ciudadana.

Los primeros en pasar por el banquillo serán el expresidente de la Generalitat, Artur Mas; la exvicepresidenta, Joana Ortega y la exconsellera de Educación Irene Rigau. Los tres serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) entre el 6 y el 10 de febrero por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) al impulsar la consulta del 9 de noviembre de 2014. La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para Mas y 9 para Ortega y Rigau. La defensa, por su parte, pide la absolución y ha solicitado que declaren en la vista el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

También se juzgará por el mismo motivo a Francesc Homs, actualmente diputado en el Congreso por el PDECat y exconseller de Presidència durante la consulta del 9-N. Su condición de aforado, no obstante, hace que su juicio se celebre ante el Tribunal Supremo (TS). Aunque puede que el proceso vaya un poco más lento, la instrucción está ya finalizada y también se prevé que se siente en el banquillo durante este año.

Otra instrucción a punto de cerrarse es la que afecta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Todos los testigos ya han declarado y durante las próximas semanas se conocerá la fecha de su juicio ante el TSJC por prevaricación y desobediencia al TC. A Forcadell se le investiga por permitir que la cámara catalana aprobara en votación una vía para declarar la independencia de manera unilateral.

Paralelamente a los procesos en el TSJC y en el TS, también pasarán por la Audiencia Nacional (AN) numerosos cargos y militantes independentistas: un edil de la CUP de Vic está siendo investigado por un presunto delito de “incitación a la sedición” por haber apoyado una declaración independentista del Parlament. La AN también investiga a otro edil de este partido por haber quemado una foto del Rey junto a otros cuatro manifestantes y por haberse negado a declarar ante ese tribunal.

Otros ediles y alcaldes también tienen procesos abiertos en la justicia ordinaria por negarse a descolgar banderas esteladas de los Ayuntamientos durante las elecciones, por haberse negado a cerrar los Consistorios el 12 de octubre o por descolgar la bandera española de los edificios municipales.

Puigdemont ha prometido para este año un referéndum “legal y vinculante” sobre la independencia de Cataluña. El proyecto de Presupuestos prevé una partida de 5,8 millones de euros para su celebración y se espera que se convoque para este septiembre aunque no cuente con el beneplácito del Ejecutivo de Rajoy.

Este referéndum lo convocará el Parlament para diferenciarlo de la consulta de 2014 y los partidos independentistas han articulado una serie de leyes -que por ahora mantienen en secreto para evitar su impugnación por el TC- que se aprobarían el mismo día de la votación. Estas leyes tienen como objetivo establecer una “legalidad catalana” que ampararía tanto el resultado del referéndum como a los funcionarios que participen en la votación.

Pase lo que pase, Cataluña se dirige inexorablemente hacia unas nuevas elecciones. En el caso de que se celebrase el referéndum, se convocarían unas “elecciones constituyentes” durante los primeros meses de 2018. En el caso de que el referéndum fracase, la legislatura se daría por acabada y los catalanes serían llamados a las urnas por quinta vez en los últimos siete años.

Los aires preelectorales ya se respiran en el Parlament y los partidos van tomando posición. ERC no está dispuesto a repetir la coalición con la antigua Convergència -hoy PDECat- y aspira a erigirse en el partido hegemónico del independentismo catalán. Puigdemont ha descartado ya un segundo mandato y en las filas convergentes buscan urgentemente a un candidato que evite un descalabro del partido en esos próximos comicios. Ada Colau, por su parte, presentará durante este trimestre su nueva formación política, un partido que seguramente se convertirá en un actor indispensable de la política catalana de los próximos años.

El papel que jugará la alcaldesa de Barcelona y su nuevo partido político serán determinantes para calibrar el éxito o el fracaso del proceso independentista. El nuevo partido de Colau aspira a una “República Catalana” pero prefiere que el referéndum se celebre con el permiso del Estado, por mucho que esto requiera más años de negociaciones.

El soberanismo es consciente de que el apoyo de este espacio político -conocido como “los comunes”- es imprescindible para celebrar un referéndum unilateral que cuente con un apoyo considerable de los catalanes, más allá de los independentistas convencidos. Puigdemont incluso adaptó la cumbre sobre el referéndum celebrada el pasado 23 de diciembre para poder incluir a Colau en la foto. Ante el inminente choque de trenes, su nueva formación deberá tomar partido y esto determinará el equilibrio de fuerzas: con Colau, el referéndum unilateral tendría un apoyo mayoritario. Sin ella, no llegaría al 50% de los catalanes.