POLÍTICA
30/01/2017 19:20 CET | Actualizado 30/01/2017 19:26 CET

Trabajadores del Departamento de Estado se oponen al veto de Trump

Reuters

Ni siquiera los trabajadores del Departamento de Estado están de acuerdo con el veto de Donald Trump a los refugiados e inmigrantes procedentes de países musulmanes. Numerosos miembros de la plantilla de este Departamento, según publican algunos medios, como ABC News, han firmado un memorándum para protestar por la medida y oponese a su aplicación.

"Como profesionales consulares, oficiales del Servicio de Extranjería y miembros del Servicio Civil, vemos cada día el valor que la doctrina 'Fronteras Seguras y Puertas Abiertas' tiene para nuestro país. Una política que cierra nuestras puertas a alrededor de 200 millones de viajeros legítimos, en la esperanza de prevenir la entrada de un pequeño número de personas que podrían querer dañar a los Estados Unidos, no cumple su objetivo de hacer nuestro país más seguro", dice el texto.

Este veto contradice el núcleo de los valores americanos de no discriminación y además puede ser contraproducente

El veto "no cumple sus objetivos y puede, de hecho, ser contraproducente", sostienen los firmantes del documento, en el que también afirman: "Esa política contradice el corazón de los valores americanos de no discriminación, juego limpio y cálida bienvenida a visitantes extranjeros e inmigrantes". "Existe", prosigue la primera parte del memorándum, "soluciones alternativas para hacer frente al riesgo de ataques terroristas que son tanto más eficaces como más coherentes con el espíritu del Departamento de Estado y los valores americanos".

El documento de protesta, desvelado en el blog Lawfare, ha sido puesto en marcha en el 'Dissent Channel' del Departamento de Estado. Es un mecanismo que sirve precisamente para que los empleados expresen de forma confidencial su desacuerdo con determinadas políticas del departamento. Fue creado en 1971, en torno a la Guerra de Vietnam: los firmantes no pueden ser castigados por el hecho de serlo.

Una vez que el documento es presentado, debe seguir un curso ascendente en la jerarquía federal y llegar a las manos del Secretario de Estado, además de a las de otros altos cargos de la administración, que tendrán que darle una respuesta en un plazo razonable de tiempo.

LA OPOSICIÓN DE LOS FISCALES

El escrito de oposición de los diplomáticos no es el único frente que se le ha abierto a la administración Trump a causa de su polémica medida. Este mismo lunes, los fiscales generales de 16 estados de Estados Unidos han emitido un comunicado conjunto en el que califican de "inconstitucional" el veto de Trump.

"Condenamos la orden ejecutiva inconstitucional, anti-estadounidense e ilegal del presidente Trump", han afirmado los procuradores, que dicen representar "más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros" en sus estados.

Trabajaremos juntos para garantizar que el Gobierno Federal (...) no acose a nadie por su origen nacional o fe

Los fiscales, de estados gobernados tanto por demócratas como por republicanos, remarcan su "compromiso de garantizar que la menor gente posible sufra la situación caótica que (la orden de Trump) ha creado". "Trabajaremos juntos -han afirmado- para garantizar que el Gobierno federal obedezca la Constitución, respete nuestra historia como nación de inmigrantes y no acose a nadie por su origen nacional o fe".

Los estados gobernados por demócratas representados en el comunicado son California, Nueva York, Pensilvania, Washington, Hawai, Virginia, Oregón, Connecticut y el Distrito de Columbia, donde está la capital del país. El resto están gobernados por republicanos y son Massachusetts Vermont, Nuevo México, Iowa, Maine, Maryland e Illinois.

EL VETO DE LOS JUECES AL VETO DE TRUMP

El decreto de Trump suspende tanto la entrada de todos los refugiados durante 120 días como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia.

Pero algunos jueces lo han dejado sin efecto. La primera en hacerlo fue Ann M. Donnelly, que el sábado, cuando miles de manifestantes tomaban los principales aeropuertos del país, emitió un fallo en el que ordenaba que ninguna persona que entre en Estados Unidos con un visado en regla podrá ser deportada.

La suspensión se mantendrá hasta el 21 de febrero, de acuerdo con la orden de emergencia emitida por Ann Donnelly contra la aplicación de la prohibición impuesta a ciudadanos de siete países musulmanes. La queja la cursó la American Civil Liberties Union (ACLU) en nombre de Hameed Khalid Darweesh y de Sameer Abdulkhaleq Alshawi, los dos iraquíes que fueron detenidos al llegar al aeropuerto JFK de Nueva York. "Nuestros tribunales funcionaron hoy como un baluarte contra los abusos del Gobierno o las políticas inconstitucionales", dijo un abogado de esa entidad.

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