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02/02/2017 10:35 CET | Actualizado 02/02/2017 13:19 CET

Unos 20 detenidos en una operación contra la financiación irregular de CDC

EFE

La Guardia Civil ha desarrolla una operación contra la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya en la que se prevén cerca de veinte detenciones en relación con tres empresas de infraestructuras públicas del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.

Entre los detenidos se encuentra el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, el exteniente de alcalde Antoni Vives y Francesc Sánchez, encargado de pilotar la refundación de Convergència.

Según han informado a Efe fuentes del instituto armado, la Operación Pika, dirigida por el juzgado de instrucción número uno del Vendrell (Tarragona), se dirige a tres empresas públicas que supuestamente amañaban contratos con otras empresas. Se trata de las empresas Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals SA), en las que agentes de la Guardia Civil han practicado requerimientos de información, registros y detenciones.

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El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo sale esta mañana de las oficinas del Puerto de Barcelona

Las investigaciones apuntan a que estas compañías adjudicaban obras públicas a otras empresas a cambio de una contraprestación, presuntamente el 3%, que llegaba a fundaciones satélite del partido catalán.

Fuentes de la investigación han indicado que la mayoría de los detenidos son empresarios, aunque también se prevé el arresto de algún ex alto cargo de la formación política, además de registros en empresas, sedes mercantiles y despachos de abogados. Todas las detenciones -cerca de 20- y registros se centran en las provincias de Barcelona, Lleida, Girona y Madrid.

La Operación Pika es continuación de las tres fases de la Operación Petrum, desarrolladas por la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona y que investiga desde 2015 el presunto pago de comisiones del 3 por ciento a CDC a cambio de obra pública.

Con todo, el caso se remonta a hace una década cuando en 2005, durante un debate en el Parlamento catalán sobre el hundimiento del túnel del Metro en el barrio de El Carmel, el entonces presidente de la Generalitat Parqual Maragall (PSOE) le espetó al entonces líder de la oposición, Artur Mas (CiU): "Ustedes tienen un problema y se llama 3%". Las palabras de Maragall no eran más que una velada acusación a que durante años de Gobierno de CiU las obras públicas se gravaban con tal porcentaje en forma de comisiones que servían para financiar la formación nacionalista.

Casi una década después, la Operación Petrum y ahora la Pika son las últimas líneas de investigación abiertas sobre esas supuestas comisiones.

La operación tiene su origen en un presunto caso de corrupción investigado en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) a raíz de las denuncias presentadas en 2013 por la exconcejal de ERC en Torredembarra (Tarragona) Montse Gasull.

TENSIÓN ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL CATALÁN

Las detenciones practicadas hoy coinciden con un pico de tensión tras el anuncio del Gobierno catalán de un posible adelanto del referéndum sobre la independencia de Cataluña, anunciado en principio para septiembre y rechazado por el Gobierno español por considerarlo ilegal.

No obstante, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy que "hay que disipar cualquier duda" respecto a que esta operación sea una respuesta a la intensificación del proceso independentista en Cataluña.

El ministro recordó que las detenciones y los registros se están practicando por orden de la autoridad judicial y que es la cuarta vez que se realiza una operación de estas características relacionada con el mismo caso.

JUNQUERAS PIDE "DILIGENCIA" CONTRA TODA LA CORRUPCIÓN POR IGUAL

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha defendido este jueves que siempre serán firmes aliados contra la corrupción pero ha pedido "la máxima diligencia" contra todos los casos por igual, ante la operación de la Guardia Civil por presunta financiación irregular de CDC.

"Pedir la máxima diligencia contra los casos en los que abiertamente un ministro del Interior trabaja para manipular pruebas y actuar contra el sistema sanitario catalán", ha expresado declarado a la prensa en una alusión indirecta al ya exministro Jorge Fernández Díaz.

Junqueras ha insistido en que lo que le preocupa es "que haya corrupción y el uso partidista de la persecución de la corrupción", y, preguntado por los periodistas, ha asegurado que el Govern pediría la dimisión de cualquier investigado si resulta culpable.

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