INTERNACIONAL

Declaran inconstitucional el cierre del campamento de Dadaab, en Kenia, el mayor del mundo

09/02/2017 10:16 CET | Actualizado 09/02/2017 10:29 CET

El Tribunal Supremo de Kenia ha declarado inconstitucional la decisión del Gobierno del país africano de cerrar el campo de refugiados de Dadaab, el más grande del mundo, con el argumento de que es un lugar de reclutamiento para la milicia yihadista somalí Al Shabab.

La Corte estimó así el recurso presentado por varias ONG contra la decisión del Ejecutivo de Uhuru Kenyatta, que anunció que cerraría el campo de Dadaab el pasado noviembre, lo que obligaría a a más de 260.000 refugiados somalís a volver su país, informó Amnistía Internacional (AI).

"Detener el cierre inminente del campo de refugiados de Dadaab es un primer paso esencial en el respeto y la protección de los derechos de los refugiados. Ahora, Kenia y la comunidad internacional deben trabajar para encontrar soluciones alternativas", dijo el director regional de AI, Muthoni Wanyeki.

DESDE MAYO

El 6 de mayo pasado, el Gobierno de Kenia informó de que “teniendo en cuenta sus intereses en seguridad nacional, ha decidido que la acogida de refugiados tiene que llegar a su fin”. En el mismo comunicado, el secretario de Interior recordó que el país acoge a más de 600.000 refugiados, lo que ha supuesto “una gran carga económica, una carga en la seguridad y en el medio ambiente”.

“De la misma manera que Estados Unidos cambió después del 11-S, Kenia cambiará después de Garissa”, dijo entonces el presidente keniano, William Ruto, refiriéndose al ataque terrorista perpetrado por los yihadistas de Al Shabab contra una universidad del país en el que murieron cerca de 150 personas y que se cree fue planeado en el campo de Dadaab.

El Gobierno de Nairobi ya había tratado de clausurar los campos de refugiados en el 2013 -tras el ataque a un centro comercial también perpetrado por Al Shabab- y en el 2015 tras el ataque de Garissa, pero terminó echándose atrás por las quejas de la comunidad internacional.

La ONU, por su parte, alertó de que la nueva política dejaba en la desprotección total de estos refugiados. "Ante las consecuencias potencialmente devastadoras que tendría para cientos de miles de personas el fin prematuro de la acogida de refugiados, pedimos al Gobierno de Kenia que reconsidere su decisión”, avió entonces en un comunicado. En su opinión, la medida estaba en "contradicción con las obligaciones internacionales hacia personas que necesitan protección por peligro y persecución".

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