POLÍTICA

El fiscal del juicio a Artur Mas por el 9-N: "Ni recibí indicaciones del Gobierno ni lo habría consentido"

10/02/2017 14:06 CET | Actualizado 10/02/2017 17:32 CET

El fiscal del caso del 9N Emilio Sánchez Ulled ha garantizado hoy que a lo largo del proceso contra el expresidente catalán Artur Mas no ha recibido ningún tipo de "indicaciones" por parte del Gobierno, y ha advertido de que, si hubiera sido así, no las habría "consentido".

En la conclusión de su informe final, Sánchez Ulled ha querido dar "explicaciones" de la actuación de la Fiscalía, ante las "referencias institucionales" que desde la Generalitat han cuestionado que el juicio del 9N fuera democrático: "Ya está bien de todo lo que se está organizando alrededor de este acto".

"Este juicio también es democracia, porque la democracia es muchas más cosas de las que se han dicho aquí", ha proclamado el fiscal, tras asegurar que cuando fue designado para el 9N la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, le pidió un examen "riguroso y técnico" del caso, aunque eso significara su archivo.

Para el fiscal, el juicio por la consulta, que hoy quedará visto para sentencia, "no es un ataque político ideológico", tras lo que ha exigido que no se contraponga "democracia y Estado de derecho", porque eso convertiría el sistema democrático en "quebradizo y peligroso".

BATALLA ENTRE DEMÓCRATAS Y LEGULEYOS

"He tenido la sensación de que en ciertos momentos estaba presenciando una batalla entre demócratas y leguleyos", ha confesado Sánchez Ulled, que ha subrayado que es falso que la Fiscalía dependa del Gobierno y ha garantizado que el tribunal que juzga a Mas será tan democrático "si condena como si absuelve".

"La Fiscalía no depende del Gobierno, no hemos recibido ninguna indicación que viniera de allí, me veo obligado a decir que no", ha insistido Sánchez Ulled, que ha apuntado: "A partir de ahí, que se lo crean o no, me da igual".

Entre murmullos del público y de los propios acusados, lo que ha llevado al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, a imponer silencio, el fiscal ha argumentado que las reticencias de la Fiscalía Superior de Cataluña a presentar una querella contra Mas se enmarcan en "los debates internos" del ministerio público.

En ese sentido, ha argumentado que cuando la Fiscalía adopta una decisión, esta es la que mantiene unánimemente el ministerio público, de la misma forma en que una sentencia no se cuestiona por la existencia del voto particular de uno de los magistrados.

El fiscal ha precisado que en este juicio "perturbador" y de gran "trascendencia pública y mediática" ha evitado entrar a valorar las declaraciones efectuadas por los acusados fuera de la sala de vistas. "Yo no soy periodista, ni tertuliano ni columnista", ha remachado.

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DESOBEDIENCIA CAPRICHOSA

Además, el fiscal ha considerado que el juicio del 9N ha dejado claro que Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau desobedecieron de forma "patente, clara y caprichosa" la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional.

Emilio Sánchez Ulled ha sostenido que, no sólo siguieron con los preparativos, sino que "los intensificaron de forma determinante" tras el veto que el TC dictó el 4 de noviembre de 2014 como medida cautelar.

"Se decidió continuar de un modo encubierto, generando la apariencia de que quedaba en manos de voluntarios", ha defendido el fiscal en una intervención de más de dos horas.

Sánchez Ulled sostiene que el entonces presidente de la Generalitat "articuló una estrategia de desafío abierto al TC" y que para eso contó con la colaboración de las exconselleras Ortega y Rigau.

Considera que los tres acusados sabían perfectamente qué debían paralizar con el pronunciamiento del Constitucional, pese las dudas alegadas por sus defensas.

Por eso, ha lamentado que Mas se negara a contestar sus preguntas, porque ha dicho que le podría haber mostrado la providencia y plantearle: "Dígame usted, de todo esto, qué es lo que usted no entiende".

"NO SE HA ESCONDIDO NUNCA DETRÁS DE UNA MULTITUD DE VOLUNTARIOS"

El abogado de Artur Mas en el juicio por el 9N ha alegado hoy que el expresidente catalán no se escondió tras una "multitud de voluntarios" ni ordenó retirar los medios públicos puestos a su disposición por la inconcreción del Tribunal Constitucional (TC), que cree que no obligaba a impedir la votación.

Durante la exposición de su informe exculpatorio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde hoy quedará visto para sentencia el juicio a Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, el letrado Xavier Melero ha centrado su argumentación en la "falta de concreción" de la providencia del TC del 4 de noviembre de 2014, que suspendía la consulta sin incorporar ningún tipo de advertencia, como había solicitado el Gobierno.

Para la defensa del expresidente catalán, la providencia del Constitucional "no imponía un deber positivo de impedir" la consulta soberanista del 9N.

Según Melero, en todo el procedimiento, Mas "no se ha escondido nunca detrás de una multitud de voluntarios, no ha negado nunca el impulso político de su gobierno al 9N, no ha ocultado que el ejecutivo dio medios materiales a los voluntarios y que no ordenó retirar los medios puestos a su disposición".

El letrado ha insistido que Mas no desobedeció y, para sustentar su alegato exculpatorio, ha recurrido al dictamen de la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña, inicialmente reacio a acusar a presentar una querella contra Mas por desobediencia -que finalmente impuso la Fiscalía General del Estado- por la ausencia de una advertencia expresa en la providencia del TC.

"Si Mas se equivocó, lo hizo de la mano de mucha gente, de las más altas instancias de este país", ha apuntado el letrado, que parafraseando el principio judicial de "in dubio pro reo" (en caso de duda, a favor del reo) ha pedido la absolución de Mas por "in dubio pro libertate" (en caso de duda, a favor de la libertad).

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