Fomento negocia la liberalización de la estiba, que controla el 85% de las exportaciones
El Ministerio de Fomento se reúne este viernes con los sindicatos de estibadores, el sector de la carga y descarga de mercancías en los puertos, para la liberalización del sector que ha planteado. El colectivo mantiene su rechazo a la reforma y ha convocado huelgas para finales de mes.
El Ministerio ha propuesto la ruptura del monopolio que los 6.150 estibadores tienen sobre un sector básico para la economía, dado que los puertos canalizan el 85% de las exportaciones y el 65% de las importaciones.
El proyecto dará un plazo de tres años para que desaparezcan o se reconviertan en ETT's las sociedades de servicios portuarios (Sagep), firmas de las que actualmente dependen todos los estibadores y que controlan su contratación por parte de las empresas que utilizan los puertos.
LOS TRABAJADORES DENUNCIAN UN "ERE ENCUBIERTO"
Representantes de Fomento se sentarán con la patronal del sector, Anesco, y los sindicatos La Coordinadora, CCOO, UGT y CGT para negociar. La Alianza por la Competitividad de la Industria española, que agrupa a las principales asociaciones empresariales del sector, ha defendido la liberalización porque a su juicio permitirá reducir los costes del transporte marítimo.
Los portavoces de la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) han denunciado que la reforma convertiría los actuales contratos indefinidos en "puestos de trabajo precarios", pues las empresas podrán "sustituir libremente" a un 25, 50 y 75% de las actuales plantillas durante los próximos tres años.
"Se trata de un ERE encubierto pagado con fondos públicos que creará un modelo en el que las empresas tendrán capacidad de libre contratación e indemnizarán el despido del personal actual con fondos públicos", ha denunciado el coordinador general de la CETM, Antolín Goya.
"El Gobierno español va a descuartizar la normativa vigente, demostrando un despiadado menosprecio por los empleos españoles, por el prestigio de España y los convenios internacionales. Sus planes son descabellados", concuerda Paddy Crumlin, presidente de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte.
"HUELGAS ILEGALES"
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha mostrado abierto al diálogo pero llevará el proyecto de reforma al Consejo de Ministros del viernes 17 de febrero, con lo que da una semana para lograr un acuerdo con el sector. "Esa es la fecha máxima. Hasta entonces, apostamos por intentar llegar a un acuerdo, siempre dentro de la normativa comunitaria", ha puntualizado.
Las empresas de estiba han denunciado que están sufriendo "huelgas ilegales encubiertas y selectivas" de los estibadores en las terminales portuarias que ralentizan las operaciones de carga y descarga y están causando "un grave impacto económico y comercial".
Según Anesco, las acciones de presión de los estibadores están produciendo "un inasumible quebranto económico en las empresas del sector, que se están viendo abocadas, en algunos casos, a ceder ante estas prácticas frente a las que se encuentran totalmente indefensos".
"ATADOS DE PIES Y MANOS" ANTE LA UE
La aprobación de la reforma a través de un Real Decreto Ley que luego requiere convalidación del Congreso tendría lugar antes de que arranquen los paros oficiales convocados por los estibadores, previstos para los días 20, 22 y 24 de febrero. Están convocados los 6.150 trabajadores del sector y se realizarían en las horas impares, desde las 9:00 horas del 20 de febrero a las 8:00 horas del 21; de las 9:00 horas del 22 a las 8:00 horas del 23 y de las 9:00 horas del 24 a las 8:00 horas del 25 de febrero.
De la Serna achaca la premura al riesgo que afronta España de que la UE imponga una sanción y ha avanzado la imposibilidad del Gobierno de atender a las principales reivindicaciones de los estibadores, dado el rechazo que ya ha manifestado hacia las mismas la Comisión Europea.
Europa ha rechazado la reivindicación de los estibadores de articular un registro de los trabajadores del ramo y de contar con más de tres años para abordar el proceso de cambio del sector.
De la Serna asegura que esta sentencia está "a punto de fallarse" y supondría una multa de 134.000 euros al día "para el bolsillo de todos los españoles" durante un periodo de tiempo indefinido.
"No es el Gobierno el que decide hasta donde tiene que llegar la reforma, sino que es la Comisión Europea la que decide", ha asegurado De la Serna. "Hacemos lo que la Comisión nos permite hacer. Estamos atados de pies y manos", ha añadido.
