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Amnistía Internacional alerta: 2016 ha sido el año del "discurso del odio y la demonización"

22/02/2017 07:28 CET | Actualizado 22/02/2017 07:28 CET
AMNISTÍA INTERNACIONAL

El año pasado han sido varios los gobiernos que han hecho la vista gorda ante crímenes de guerra en el mundo, que han propiciado acuerdos que menoscababan el derecho a solicitar asilo, que han impulsado leyes que violaban la libertad de expresión, que han instado a asesinar a personas simplemente por estar acusadas de consumir drogas, que han justificado la tortura y la vigilancia masiva y que han ampliado poderes policiales draconianos. 2016 ha sido, en definitiva, el año del odio. Han sido 365 días en los que se ha consolidado la “política de demonización”. Y el peligro no se ha terminado, sino que ahora existe el riesgo de que se produzca un efecto dominó; de que sean más los países que retroceden en sus compromisos con los derechos humanos.

Así lo denuncia Amnistía Internacional en su informe anual 2016/17, publicado este miércoles a nivel mundial. Son cerca de 500 páginas en las que se realiza un análisis exhaustivo del estado de los derechos humanos en el planeta, que abarca 159 países. Se advierte, además, de que las consecuencias de la retórica del “nosotros contra ellos” con que se elabora la agenda en Europa, EEUU y otras partes del mundo, “están fomentando un retroceso en materia de derechos humanos (DDHH) y debilitando la respuesta global a las atrocidades masivas”. Esa "retórica", ha alertado la organización, "ha adquirido prominencia global a una escala nunca vista desde la década de 1930".

Donald Trump (EEUU), Viktor Orbán (Hungría), Recep Tayyip Erdogan (Turquía) o Rodrigo Duterte (Filipinas) son algunos de los líderes mundiales que son citados expresamente en el informe, en el que se alerta de que cada vez son más “los políticos que dicen ser antisistema y que tienen una agenda tóxica, que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas”. “La política de demonización que se hace en la actualidad lo que hace es difundir la idea peligrosa de que algunas personas son menos humanas que otras, lo que amenaza con desatar los aspectos más negativos de la naturaleza humana”, ha explicado durante la presentación del informe Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La política de demonización que se hace en la actualidad lo que hace es difundir la idea peligrosa de que algunas personas son menos humanas que otras

Junto a Beltrán han estado, en la presentación del documento, dos figuras clave en la defensa de los derechos humanos en el mundo: Vicent J. Ward, abogado estadounidense del caso de Chelsea Manning -condenada por filtrar información clasificada a Wikileaks- y Belal Darder, fotoperiodista egipcio que tuvo que huir de la represión en su país. Son dos rostros que representan a las miles de personas que, a día de hoy, son víctimas de la sistemática violación de los derechos humanos en el mundo. Ward ha recordado cómo su hija lloró cuando supo que Trump había ganado y cómo los derechos fundamentales “están bajo ataque en EEUU". Este abogado, que se presenta como "un representante del 'sueño americano'" por su mestizaje racial, ha lamentado que este retroceso se da "especialmente para las minorías", entre las que ha destacado los inmigrantes. Darder ha recordado cómo fue condenado a 15 años de cárcel por el mero hecho de cubrir las revueltas en su país. Ambos han unido sus voces para pedir que el mundo reaccione ante la “falta de liderazgo mundial” en materia de derechos humanos.

Y para quien piense que la violación de DDHH es algo lejano, que sucede lejos de España, nada más lejos de la realidad. Esta forma de hacer política, indica Amnistía Internacional, ha contagiado a Europa o al G8 (Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón), dentro del que sólo Alemania o Canadá son “honrosas excepciones en lo que defensa derechos humanos se refiere”.

En el texto también se advierte de que se ha producido "un cambio radical de paradigma". "Del planteamiento de que la función de los gobiernos era proporcionar seguridad para que las personas pudieran disfrutar de sus derechos se pasó a la idea de que debían restringir los derechos de las personas para proporcionar seguridad". Por eso esta ONG alerta sobre cómo en Francia entre las estrictas medidas de seguridad aplicadas en virtud del prolongado estado de excepción tras los atentados, ha habido “millares de registros domiciliarios, así como prohibiciones de viaje y detenciones”. Algo parecido sucede en Bélgica, donde los ataques han cambiado al país: el informe hace referencia expresa a cómo las organizaciones de la sociedad civil han recibido informes policiales sobre uso de perfiles étnicos por parte de la policía y a las críticas que ha recibido por parte del Tribunal Europeo de DDHH por su tratamiento de los delincuentes con enfermedad mental. Reino Unido tampoco se libra de las críticas en este campo: tras el Brexit “han aumentado los delitos de odio” y la nueva ley de vigilancia aprobada en el país, que ha ampliado “considerablemente los poderes de las agencias de inteligencia y otros organismos para invadir la privacidad de las personas a escala masiva”.

Tras el Brexit han aumentado los delitos de odio en Reino Unido.

Y luego está el que ha sido, sin duda, la gran crisis del año pasado: la migratoria. Esta ha sido usada en muchas ocasiones por los líderes políticos, que han olvidado, que, en definitiva, son seres humanos. "En 2016 los mensajes y movimientos populistas han irrumpido en el discurso preponderante" y los “políticos de toda la región sacaron provecho de un sentimiento generalizado de marginación e inseguridad", alerta la ONG. Los blancos de estos ataques dialécticos han sido "muy diversos" -las élites políticas, la UE, la inmigración, los musulmanes, la prensa y la amenaza constante del terrorismo, enuncia Amnistía Internacional-, pero el principal objetivo han sido los refugiados.

LA GESTIÓN DE LA CRISIS MIGRATORIA

En el informe se cita el caso concreto del acuerdo migratorio con Turquía, que la UE pretende replicar con "acuerdos marrulleros" con países como Libia, y el incumplimiento del sistema de cuotas para el reparto de los refugiados, ya que la UE debía haber acogido a 120.000 solicitantes de asilo desde Italia, Grecia y Hungría en dos años y sólo lo ha hecho con 8.000. Una de las principales consecuencias ha sido que "las personas musulmanas y migrantes han corrido riesgo de discriminación y aplicación de criterios raciales por parte de la Policía", e incluso han sido víctimas de delitos de odio en varios países europeos.

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Un refugiado en Grecia

Las denuncias de Amnistía no terminan ahí: los gobiernos de la región han endurecido además sus respectivos códigos penales, incorporando "medidas que en otro tiempo se consideraban excepcionales". En este ámbito destaca Turquía, donde el presidente, Recep Tayyip Erdogan, sopesa recuperar la pena de muerte, a lo que se suman las decenas de miles de detenciones en supuesta relación con el fallido golpe de Estado del 15 de julio. La ONG señala asimismo a Filipinas como caso de "violencia a gran escala aprobada por el Estado" por la guerra contra las drogas del presidente, Rodrigo Duterte, que se saldó con más de 6.000 muertes" en 2016.

La comunidad internacional también se enfrenta a una "larga lista" de conflictos armados repartidos por toda la geografía mundial. Amnistía Internacional ha documentado crímenes de guerra cometidos en al menos 23 países en 2016. El caso paradigmático es Siria, donde "las consecuencias humanas de más de cinco años de combates han sido, lisa y llanamente, incalculables", con crímenes de guerra cometidos por todas las partes en conflicto.

Amnistía Internacional también ha puesto el foco sobre África por los "graves abusos y violaciones de los DDHH" contra la población civil, especialmente en Chad, Malí, Níger, Nigeria, Camerún, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, República Centroafricana y República Democrática del Congo. "La violencia sexual y de género fue generalizada y se reclutó a menores como niños y niñas soldados", recalca.

El informe incluye un grito desesperado, que ha expresado el director de la rama española de esta ONG: “Hace falta una solidaridad global, una voz mundial unificada que deje claro que respetar los derechos humanos es sinónimo de estabilidad. No protegerlos implica sembrar la semilla de crisis futuras”.

La historia, al menos por ahora, le está dando la razón.

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