POLÍTICA

Un exalto cargo de la Junta de Andalucía presidirá el juicio a Chaves y Griñán

24/02/2017 14:20 CET | Actualizado 24/02/2017 14:20 CET
EFE

El juez Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de Andalucía entre los años 2008 y 2014, será el ponente y presidirá el juicio contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos en la pieza política de los ERE.

Izquierdo, que preside la sección primera de la Audiencia de Sevilla, ha sido elegido ponente del juicio en un sorteo interno celebrado entre los cinco magistrados de la sala.

El magistrado ha explicado a un grupo de periodistas que en los próximos días enviará un escrito a las partes personadas para que planteen un incidente de recusación si consideran que, con su elección como ponente en este caso, se ve 'comprometido el desarrollo normal de la actividad del tribunal'.

El juez, que no pertenece a ninguna asociación de jueces, también ha dicho que no considera que tenga que abstenerse en esta causa, y ha subrayado que su paso por la Junta de Andalucía le supuso un "enriquecimiento" profesional porque ayudó a montar el dispositivo de información digital en el ámbito judicial, conocido como Lexnet.

COINCIDIÓ CON CHAVES Y GRIÑÁN

"Me siento orgulloso de haber servido a Andalucía", ha enfatizado Izquierdo sobre su paso por la Consejería de Justicia, tiempo en el que coincidió con los expresidentes Chaves y Griñán, para el que la Fiscalía pide 6 años de cárcel por malversación, y con la actual presidenta andaluza, Susana Díaz, todos del PSOE.

El tribunal que celebrará el juicio, cuya fecha aún no se ha fijado, estará compuesto por Izquierdo como presidente y ponente y por las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez Caselles.

POSIBLE RECUSACIÓN

Para la posible recusación que se presente, el juez ha recordado que debe hacerse atendiendo a las causas de abstención y, en su caso, de recusación, que recoge el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Uno de los 16 apartados de esta ley establece que es causa de abstención "haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad".

Preguntado por este apartado del artículo, el magistrado ha respondido que consideraba que no le afecta y que, por lo tanto, podría ser el ponente de la pieza política de los ERE.

Otro apartado de ese artículo 219 considera causa de abstención "haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo".

DECISIÓN EN SORTEO

La elección de la sección primera de la Audiencia para la pieza política de los ERE se decidió ayer en un sorteo entre las tres secciones con opción de celebrar el juicio.

El sorteo se hizo debido "a las excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática" de la causa, según la propuesta que hizo el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, y que aprobó esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Esta pieza política o del procedimiento específico es la primera de las que se han concluido en el caso de los ERE, que acumula más de doscientos imputados y que dividió en noviembre de 2015 la juez María Núñez Bolaños tras las reiteradas negativas de Alaya a hacerlo.

Además de los expresidentes, la Audiencia de Sevilla ha confirmado el procesamiento de los exconsejeros del Gobierno andaluz Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, y tiene aún que pronunciarse sobre los recursos de otros acusados.

Entre los procesados hay, además, un consejero más, dos exviceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.

El procedimiento, que se aplicó entre los años 2000 y 2011 y supuso un desembolso de 855 millones de euros, tenía por objeto "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía", según explicó el juez de refuerzo Álvaro Martín en el auto de procesamiento.

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