La Comisión Europea exige mano dura en la deportación de inmigrantes

La Comisión Europea exige mano dura en la deportación de inmigrantes

Recomienda detener más tiempo a los extranjeros que obstaculicen su expulsión o planeen fugarse

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el pasado miércolesAFP

Atrás quedaron esos días en los que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pedía una Europa "honesta y solidaria" para abordar la crisis migratoria actual. Dos años después de aquellas palabras con las que se puso sobre la mesa la primera -rediseñada hasta la saciedad- propuesta para recolocar hasta 160.000 refugiados, el organismo ha sacado a relucir su lado más duro. La Comisión Europea exige ahora mano dura en la deportación de inmigrantes.

El equipo de Jean-Claude Juncker ha presentado esta mañana en Bruselas un Plan de Acción renovado para la devolución de inmigrantes ilegales, que llega, tal y como informa la agencia Reuters, después de dos años intentando que los Estados Miembro aceptaran y pusieran en marcha lo que firmaron (la acogida según una serie de cuotas) de decenas de miles de personas. Desde el primer momento quedó claro que aquello no funcionaba: a la negativa de varios países, que incluso optaron por construir vallas -véase el caso de Hungría- se le sumó el pasotismo de España -España ha acogido hasta la fecha a 144 personas desde Italia y a 707 desde Grecia-. Por eso ahora Bruselas ha tirado de una medida tajante que, seguro, dará que hablar: insta a los Estados a usar todo el margen de la ley, que permite privar de libertad entre seis y 18 meses a indocumentados, mientras se cierran sus expedientes.

La recomendación a los Estados miembros se basa, según informa El País, en unos cálculos que sitúan el número de potenciales candidatos a la expulsión por encima del millón de personas. Fuentes comunitarias citadas por este medio advierten de que se trata de una estimación, no de un número preciso, pero el documento aporta datos que sugieren que el volumen podría ser superior. Sólo en los dos últimos años, la UE ha recibido 2,6 millones de solicitudes de asilo. Teniendo en cuenta que la tasa de reconocimiento de esas demandas ronda el 57%, todo el resto se sitúa en el ámbito de quienes Bruselas considera que deben ser deportados (aproximadamente 1,1 millones). La estimación no incluye a aquellos que acceden irregularmente a la UE pero que optan por no pedir asilo. Con las reglas europeas, todos ellos deben recibir también una orden de expulsión.

Por otro lado, el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, ha amenazado este mismo jueves con expedientar a los países que incumplan su obligación de reubicar en sus territorios a demandantes de asilo desde Italia y Grecia y ha alertado de que, al ritmo actual, la UE no cumplirá con sus compromisos de aquí al próximo septiembre.

"Ya no hay más excusas para que los Estados miembros no cumplan. Aún es posible reubicar a todos de aquí a septiembre, todo depende de la voluntad política", dijo el comisario en una rueda de prensa.

La UE se comprometió en 2015 a distribuir entre los Estados miembros desde Grecia e Italia a 160.000 solicitantes de asilo.

El comisario ha precisado que hasta ahora la apertura de procedimientos de infracción contra los incumplidores "no era una opción", pero ha avisado de que si los países fallan en sus compromisos en los próximos meses, la CE no dudará en actuar contra ellos.

Avramópulos ha presentado los últimos informes sobre el traslado de demandantes de asilo desde Italia y Grecia a otros Estados miembros y el reasentamiento de personas que gozan del estatus de refugiado y se encuentran en países de fuera de la Unión.

La CE ha alertado también de la lentitud en las reubicaciones desde Italia y Grecia, aunque en febrero se ha batido un nuevo récord mensual con unos 1.940 traslados. En total se han llevado a cabo hasta ahora 13.546 reubicaciones: 3.936 desde Italia y 9.610 desde Grecia. España ha acogido hasta la fecha a 144 personas desde Italia y a 707 desde Grecia.

Según la CE, de momento sólo Malta y Finlandia van camino de cumplir sus obligaciones, mientras que Hungría, Austria y Polonia siguen negándose a participar en modo alguno en el programa y la República Checa, Bulgaria, Croacia y Eslovaquia lo están haciendo de manera "muy limitada".