El documento para la abstención que encargó Sánchez a Jordi Sevilla

INFORME INTERNO: CONDICIONES PARA UNA ABSTENCIÓN

La investidura del presidente del gobierno y la constitución consiguiente de un nuevo gobierno se encuentran bloqueadas.

No se dan hasta hoy las condiciones exigidas por la Constitución para la investidura pues el candidato del Partido Popular no ha logrado, en el tiempo transcurrido desde las elecciones del 26 de junio, los apoyos necesarios para lograrlas ni, menos aún, los acuerdos suficientes para asegurar la gobernabilidad del país en la Legislatura.

El PSOE acordó, tras la reunión del Comité Federal del partido, su voto negativo a dicha investidura.

Fue una decisión, por ello, independiente de cualquier propuesta de programa de gobierno que pudiese formular el Partido Popular o el propio candidato.

Fue una decisión, por el contrario, que tomaba como fundamento dos tipos de consideraciones que siguen siendo válidos. Por un lado, la condición del Partido Socialista de alternativa política al Partido Popular y, consiguientemente, su obligación de ejercer la oposición como fuerza más votada de entre las que consideran necesario y urgente un cambio político. Por otro lado, el anunciado propósito de Mariano Rajoy de perseverar estrictamente, en la legislatura que ahora se inicia, en la política puesta en práctica por su gobierno desde diciembre de 2011, significa que apuesta por una línea de actuación que, a juicio del Partido Socialista, ha erosionado gravemente derechos de los ciudadanos, la calidad y cantidad de los servicios públicos que reciben, las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría, la confianza en la democracia y la calidad de nuestras instituciones.

No ha habido, en estas semanas, una propuesta del Partido Popular que altere esta perspectiva y suscite el apoyo o, al menos, la comprensión de otras fuerzas políticas.

No merece ese nombre el Programa para el Gobierno de España que el pasado 13 de julio el Partido Popular remitió a los grupos políticos con representación parlamentaria.

El PSOE ha estudiado con detenimiento este documento y ha comprobado que no se se separa de la línea mantenida por el Gobierno del PP desde diciembre de 2011 y, en consecuencia, estima que no contiene las respuestas que requieren los graves problemas de nuestra vida política, económica y social ni, menos aún, las que necesitan los ciudadanos para recuperar condiciones de vida digna y protección adecuada antes los estados de necesidad que afectan a millones de personas.

También comprueba el PSOE que es difícil identificar en este documento novedades y correcciones de rumbo que permitan prever y justifiquen un cambio en los partidos políticos que ya han expresado públicamente su intención de votar negativamente la investidura del Sr. Rajoy.

No ha habido, pues, cambio de actitud que refleje la comprensión por el Partido Popular de que está en minoría en el Congreso. No ha habido conciencia de que, si quiere mantener la Presidencia del gobierno, necesita pactos sobre la actuación futura del gobierno que incorporen propuestas, iniciativas o planteamientos de otros grupos políticos. No ha habido negociación real alguna que facilite la acción y la estabilidad de un nuevo Gobierno. Se ha preferido actuar como si mantuviesen las condiciones inherentes a un gobierno apoyado por la mayoría absoluta del partido que presida ese Gobierno.

Parecería que Rajoy, poniendo la carga de la responsabilidad en el apoyo incondicionado de los grupos parlamentarios de la oposición, buscaría conseguir la mayoría absoluta que no le han dado los ciudadanos.

De mantenerse este estado de cosas, está garantizada una grave crisis institucional y democrática de la que sólo el Partido Popular es responsable por su pasividad, su inamovilidad y su aislamiento.

Creemos que no es posible asumir con resignación que el partido más votado en las pasadas elecciones renuncia a su responsabilidad de, mediante la flexibilidad, la generosidad y el pacto, lograr los apoyos que permitan a la democracia española poner fin a un periodo de interinidad política y de gobierno en funciones que se extiende ya por más de siete meses. No es posible asumir, igualmente, que la única salida que tácitamente promueva el Partido Popular sea una nueva convocatoria de elecciones generales.

El Partido Socialista se siente irrenunciablemente vinculado a sus principios programáticos, a la defensa de los derechos, libertades e intereses mayoritarios de los españoles, a la exigencia de garantía efectiva de los grandes servicios públicos del Estado. Y también se siente firmemente comprometido con la estabilidad política, el gobierno del Estado y la eficacia del ordenamiento constitucional.

Nada hay hasta ahora que justifique un cambio de decisión sobre el voto negativo del PSOE a la investidura como presidente del gobierno del candidato del Partido Popular. Pero el Partido Socialista está dispuesto a intentar favorecer que se articule una mayoría de gobierno suficiente.

Lo hace con dos condiciones. La primera, que el candidato alcance una mayoría que, si insuficiente para asegurar por sí misma la investidura, obtenga un resultado cercano a ella (más de 168 votos) y garantice una cierta posibilidad de gobierno estable. La segunda, la aceptación de las propuestas que a continuación se listan.

De darse ambas, el Partido Socialista no apoyará con el voto de los diputados de su Grupo Parlamentario la investidura del Sr. Rajoy ni aceptará negociar un acuerdo de gobierno ni se comprometará con la acción de ese gobierno. Simplemente, posibilitará, con su abstención, la constitución de un nuevo gobierno que ponga fin a la interinidad actual y normalice el funcionamiento de las instituciones. Será, por tanto, el eje de la oposición parlamentaria, una opción que ejercerá con lealtad pero con firmeza, con contundencia, pero con sentido de Estado y, siempre, con la voluntad de alcanzar acuerdos en torno a las siguientes iniciativas:

1- Adopción, en el plazo de un mes tras la constitución del gobierno, de las siguientes decisiones:

Incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

Reconocimiento del subsidio indefinido a los parados de larga duración de más de cincuenta y dos años.

Incremento sustancial de la ayuda por hijo a cargo por parte de la Seguridad Social.

Recuperación de afiliación y cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares.

Reconocimiento efectivo de prestaciones a los dependientes ya calificados.

Reducción del IVA cultural al 10 por ciento.

Paralización del calendario de aplicación de la Ley de Educación.

Supresión del llamado impuesto al sol.

Medidas necesarias para retirar el recurso ante el TC contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Inicio de las negociaciones en torno a un nuevo modelo de financiación autonómica que establezca la garantía de una financiación suficiente y estable de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia).

Elaboración de un Plan Integral de lucha contra la economía sumergida y la explotación laboral.

2- Revisión, en el plazo de dos meses, de disposiciones aprobadas en la X Legislatura:

Ley de reforma laboral: recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos; modificación de la actual preferencia del convenio de empresa, para excluir la regulación de jornada y salario que deberá ser sectorial; prohibición de efectuar horas extraordinarias no remuneradas, sobre todo con contratos a tiempo parcial.

Ley de Seguridad Ciudadana.

Recuperación de la jurisdicción universal.

Ley de racionalización y modernización de la Administración Local: recuperación de los servicios sociales; financiación local.

3- Aprobación, en el plazo de tres meses, de Proyectos de Ley para:

Establecimiento de un mínimo común nacional en Impuesto de Patrimonio y un Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Creación y aplicación de un Impuesto sobre transacciones financieras.

Moratoria del plazo de instrucción previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Lucha contra el cambio climático.

4- Medidas de regeneración democrática a adoptar en el plazo de dos meses:

Aprobación de un nuevo sistema de nombramientos en órganos constitucionales y organismos reguladores conforme a criterios que garanticen la no intervención de los partidos y la objetividad de evaluación de los méritos de los candidatos.

Garantía de independencia efectiva de RTVE.

Compromiso de cese inmediato de altos cargos y renuncia a la condición de electos (y, en caso de negativa, envío al grupo mixto) de quienes afronten juicio oral a título de acusados.

5- Constitución, en el plazo de dos meses, de los siguientes órganos:

Subcomisión para la reforma constitucional.

Grupo de estudio sobre Cataluña.

Grupo para un Pacto por la educación que, en el plazo de tres meses, proponga una Ley de consenso.

Grupo de estudio de la tributación de la riqueza.

En el marco de de la Comisión del Pacto de Toledo, subcomisión sobre fórmulas de asegurar la financiación suficiente de las pensiones de la Seguridad Social.

Comisión para un Pacto nacional contra la Violencia de Género.

Comisión para un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

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