Las zonas veredales de Colombia: donde las FARC abandonan las armas y regresan a la vida civil

Evelio, Federico, Ángela o Karina eran y son de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su compromiso con las FARC se conjuga en pasado y en presente. Lo que va a cambiar, lo que ya está cambiando, es su estado. Ya no serán más guerrilleros o milicianos. Puede que se conviertan en miembros de las nuevas FARC que se pretenden transmutarse en partido político, o quizá se conformen con ser sus votantes en unas elecciones. Podrán llegar a ser albañiles, agricultores, peluqueros, cocineros. Lo que quieran. Porque colgar el uniforme y entregar el fusil trae su refundación como civiles y, con ella, la libertad propia y la del pueblo colombiano, sufridor de su conflicto con el Gobierno durante los últimos 52 años, la herida abierta -ya cicatrizando- más vieja de América Latina, que deja por el camino la vida de más de 220.000 personas.

El personal de las FARC lleva desde febrero en puntos pactados con el gabinete del presidente Juan Manuel Santos en los que están a llevar a cabo su desmilitarización y su transición a la vida en paz. Tienen 180 días, hasta el 31 de mayo, para completar el proceso. El tiempo se acaba, y es un problema, porque a día de hoy el proceso va lento. Demasiado. "Pero todos los grandes procesos de paz se han estirado un poco, no hay dudas de que se aplicará", constata, pese a todo, una fuente del Ministerio de Defensa de Colombia.

Unos 6.900 miembros de la guerrilla (de los que un 44% son mujeres) están viviendo ya en las 19 zonas veredales transitorias de normalización (conocidas como ZVTN) y otros siete puntos transitorios de normalización (PTN, más pequeños) distribuidos en 14 de los 32 departamentos del país. Llegaron desde todos los rincones en los que se escondían. En barcos, en autobuses, caminando. Aquella fue la última gran marcha guerrillera, el principio del fin. "Un camino difícil pero hecho con voluntad y esperanza en el corazón", resume el sacerdote Santiago Ortega, que ha acompañado a varios de los excombatientes en su camino a Pueblo Nuevo, en las montañas de Cauca.

El "esfuerzo" es un compromiso insoslayable con el acuerdo de paz firmado el pasado noviembre y aprobado más tarde por el Parlamento colombiano, un texto remodelado tras el rechazo en una consulta popular -por la mínima, 51% de los sufragios- que incluye un importante esfuerzo de organización para ir dando estos pasos que a largo, medio y corto plazo han de llevar la calma al país. Sin embargo, hay unos 300 milicianos que aún se resisten a ser desmovilizados.

CÓMO SE LLEVA A CABO LA DESMOVILIZACIÓN

Según explica el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones de Colombia, los miembros de las FARC estarán seis meses en estos campamentos creados ex profeso para que apilen sus armas y se olviden de ellas. Una delegación de las Naciones Unidas será la encargada de recibirlas. Según la ONU, por ahora apenas ha recibido unas 1.000 armas, un número muy bajo, teniendo en cuenta que hay registradas cerca de 7.000, fusiles en su mayoría. Ni el 15% de cumplimiento, pues. La fecha para la recolección total, el día d+180, es inamovible, avisa el Gobierno.

Dentro de cada ZVTN -todos con facilidades de acceso por carretera o vía fluvial- hay entre uno y cuatro campamentos, rodeados por una franja de seguridad de un kilómetro, y en ellos sólo hay miembros de las FARC, que recibirán a los observadores cuando vayan a verificar las entregas. Los miembros de las fuerzas estatales sólo podrán acceder en caso de que se produzca algún suceso.

En los campamentos, abunda el llamado Ministerio TIC, hay contenedores en los que se han de dejar las armas para su inutilización. Cuando estén, no se van a destrozar, no, sino que habrá que destruir el mecanismo interno del arma sin dañar su forma, porque con las carcasas se van a levantar simbólicas esculturas en Nueva York, La Habana y Bogotá en homenaje a la paz, como pactaron ambas partes, la guinda a meses de duras negociaciones en Cuba. El desarme completo es la prueba de fuego del compromiso de la guerrilla con un futuro sin violencia.

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AMNISTÍA Y REPARACIÓN

Más allá de inutilizar pistolas y fusiles y cualquier otro material de guerra, lo verdaderamente importante dentro de las zonas veredales es lo que pasa con las personas, con esos milicianos que no serán más milicianos. La conversión a la democracia, el abandono de la clandestinidad.

¿Qué están haciendo en estos meses? "Las zonas no son un espacio para negociar ni para manifestaciones políticas", rezan los vídeos de propaganda del Gobierno. Así que se dedican a recibir charlas sobre su reinserción legal en la sociedad, prepararse para la vida civil -desde la burocracia a la formación profesional, abarcando todas las áreas, lo económico, lo político y lo social- y tratar de decidir por qué camino quieren ahora optar. Algunos, se dice ya en la prensa local, podrían incluso quedarse en sus nuevos hogares temporales, trabajando la tierra. Unos 60 menores de edad, de los 170 que se cree que estaban enrolados en las FARC, están ya fuera de los recintos, iniciando su nueva andadura con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los principales mecanismos pactados para la seguridad en los territorios y de los propios guerrilleros están, no obstante, en fase de diseño, mientras que los asesinatos y la presencia de grupos armados está creciendo, ahí donde antes estaban los guerrilleros. Mucha tela que cortar aún.

De estos meses, del análisis caso por caso, debe salir la decisión sobre el futuro de cada uno. Amnistía para los procesados por los delitos políticos como rebelión, asonada y conspiración, y condenas especiales para quienes tengan delitos más graves a sus espaldas. Una ley avala este perdón desde finales de 2016, uno de los puntos más polémicos del acuerdo de paz. Los excombatientes, además, tendrán que afrontar sus actos, reunirse con familiares y darles reparación con sus palabras. Así se convertirán en ciudadanos legales, sin armas, civiles.

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Este es otro de los puntos calientes de estos meses: que las cosas van lentas en el terreno judicial. "Las amnistías e indultos para 2.700 presos van a paso de tortuga", decía días atrás la revista Semana. "Desde que se promulgó la Ley de Amnistía se han otorgado 1,3 al día. A ese paso tomará cuatro años cumplir la ley", cita a Diego Martínez, del equipo legal de las FARC. Tampoco está todavía el prometido inventario de los bienes de la guerrilla.

Ya se han firmado dos decretos-ley por los que, además, se crea una comisión de la verdad y la unidad y se declara el compromiso de buscar a los desaparecidos del conflicto, dos hitos que evidencian que el acuerdo, por más lagunas que pueda tener, termina respondiendo al ansia esencial: "verdad, perdón y reconciliación", como resume Carlos Lozada, miembro del secretariado de FARC-Pueblo.

Muy valorado por la población ha sido el gesto doble de semanas atrás, recuerda Lozada, de mandar ayuda a los damnificados por la avalancha de Mocoa -que dejó más de 300 muertos y 400 heridos- o de que los guerrilleros de las FARC se encargarán de desminar el país. "Compromiso" es una palabra recurrente en este portavoz, el ojo en los medios de la guerrilla.

LA VIDA QUE CAMBIA

Sobre el papel, las veredales tendrían que ser campamentos buenos, dignos, pero las FARC están denunciado a diario que su estado es "preocupante": que las conexiones de agua corriente fallan, que los inodoros no llegan, que los materiales son precarios, que los colchones dejan mucho que desear, que se les habían prometido gimnasios y no... Hasta de comida podrida han llegado a hablar. El Gobierno de Santos ha reconocido carencias en su puesta en marcha e insiste en que está "trabajando" para mejorar las instalaciones.

Los aún milicianos emplean su tiempo en ayudan a levantar estructuras, adecentan el lugar en el que viven, limpian, cocinan... y en mitad de todo esto reciben lo que se llama la capacitación en labores productivas y la nivelación en educación básica [Primaria, Secundaria, Técnica], emplean sus horas en arreglar todos los papeles que necesitarán para trabajar, tener cobertura médica, un padrón -en la selva, escondidos, esa no era una prioridad- y en prepararse mentalmente para el giro que están dando sus vidas.

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"Los que yo atendí y escuché antes de entrar están preparados para la paz. Aún llevan armas y, a veces, uniforme, pero el cambio de piel no puede pararse, porque hay voluntad. Quieren ser actores políticos", cuenta vía correo electrónico el padre Ortega. Las imágenes que llegan de Pueblo Nuevo -como las que tomó la agencia Reuters el pasado febrero en la zona y que ilustran este texto- muestran que aún hay costumbre de formar, o de ir de un lado a otro con el arma, "pero es que es una forma de vida que hay que soltar poco a poco", indica este cura, coordinador de comunidades de base en la zona de Santander de Quilichao. En mitad del camuflaje, una partida de ajedrez, un baño, un poco de ayuda en la cocina preparando cerdo, sancocho, frijoles.

¿Fácil? "¿Cómo va a serlo? ¿No recuerda el referéndum y el dolor que supuso el voto en contra? Pero en Colombia somos muy berracos. Esta paz la sacamos adelante sin más tiros".

QUERRÁS VER ESTO

Firma de nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC.