Juana Rivas, que sigue ilocalizable, recibirá asistencia jurídica de la Junta de Andalucía
Susana Díaz anuncia que le proporcionará ayuda para pedir la suspensión del régimen de visitas del padre de los niños, de 3 y 11 años.
Juana Rivas, que ayer no entregó sus dos hijos a su padre tal y como establecía una orden judicial, sigue ilocalizable con los menores y recibirá asistencia jurídica de la Junta de Andalucía en su batalla legal, en la que se abre un nuevo frente porque su expareja tiene intención de denunciarla por secuestro.
La presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ha anunciado hoy que la Junta proporcionará asistencia jurídica a Juana para pedir la suspensión del régimen de visitas de los niños, de 3 y 11 años.
Así lo hace constar en la red social Twitter, desde donde ayer ya trasladó su apoyo a esta vecina de Maracena (Granada), cuya expareja y padre de sus hijos, residente en Italia, fue condenado en el año 2009 por lesiones contra ella.
La consejera andaluza de Igualdad, María José Sánchez Rubio, ha explicado esta tarde que con este ofrecimiento dirigido a pedir la suspensión del régimen de visitas, "tal y como contempla el ordenamiento jurídico en el Código Civil", la Junta pretende facilitarle a Juana Rivas "todos los instrumentos a su favor". Se trata, ha dicho, de evitar que los niños sigan sufriendo una "tensión psicológica que les afecte a su normal desarrollo".
AUXILIO ADMINISTRATIVO PARA EL PADRE
De momento continúa en vigor la orden de la titular del Juzgado de primera Instancia número 3 de Granada, que dictaminó que el padre fuera auxiliado por las fuerzas de seguridad en el supuesto de que la madre no entregara a los niños, como así ocurrió ayer tarde, día fijado para la devolución de los menores en un punto de encuentro familiar al que solo asistió el progenitor.
Se trata de un auxilio administrativo por el que se insta a las fuerzas de seguridad -en este caso, a la Guardia Civil, a la que corresponderle la demarcación de Maracena- a que notifiquen a la madre que debe entregar a sus hijos al padre.
En principio la juez no tiene intención de emitir ninguna otra orden judicial, según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero el abogado Adolfo Alonso, que representa al padre, ya ha anunciado que iniciará acciones legales ante lo que considera un "secuestro" de los niños.
Se queja este abogado de la "instrumentalización" del caso, que, en su opinión, pretende derivarse exclusivamente a una cuestión de violencia de género, cuando, dice, es un tema de "secuestro y de un padre que lleva un año sin poder hablar con sus dos hijos menores".
VÍCTIMA RECONOCIDA
No opina lo mismo el entorno de Juana Rivas, que insiste en que la mujer, cuya expareja cuenta con una condena por lesiones en el ámbito familiar de 2009, está oficialmente reconocida como víctima de maltrato y que sus hijos también han recibido asistencia profesional por este motivo, según ha incidido hoy Francisca Granados, que como asesora jurídica del centro municipal de la mujer de Maracena (Granada) ha prestado asistencia a la madre.
Aunque con posterioridad a esa condena la pareja retomó la relación en Italia y tuvo un segundo hijo, ella decidió ponerle fin y, en julio de 2016, volvió a denunciarlo por violencia machista una vez que llegó a España tras abandonar Italia con sus hijos, donde residían los cuatro.
Esa denuncia está aún pendiente de ser tramitada ante la justicia italiana, a quien corresponde dilucidar sobre los hechos, dado que supuestamente ocurrieron en aquel país.
Granados ha reconocido que deberá ser un juez el que determine en última instancia la custodia de los niños, pero mantiene que se trata de un caso de violencia grave y lamenta el "desconocimiento" por parte de algunos miembros de la judicatura que habrían obviado que los menores también son legalmente reconocidos como víctimas.
La decisión de Juana Rivas de no entregar a sus hijos, de 3 y 11 años, como así lo ordenó la juez, podría llevarla a incurrir en posibles delitos de desobediencia a la autoridad judicial y de secuestro o sustracción de menores, penados a partir de tres meses de cárcel, según han apuntado a Efe fuentes judiciales.
Su representación legal sigue trabajando con nuevos informes en el recurso de reposición contra la ejecución de la resolución que obligaba a Juana a entregar a sus hijos, así como en la preparación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
