ECONOMÍA

El Gobierno creará un grupo de trabajo para regular las condiciones laborales de la Seguridad privada

El Consejo de Ministros da un plazo de 24 horas a Eulen y trabajadores para acordar un árbitro.

16/08/2017 20:48 CEST | Actualizado 16/08/2017 20:59 CEST
EFE
Los ministros Íñigo Méndez de Vigo e Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinarios.

El Gobierno ha activado este miércoles noche el arbitraje obligatorio para resolver el conflicto en el aeropuerto Barcelona-El Prat. Reunido en Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha acordado dar un "plazo máximo de 24 horas" a Eulen, a cargo de la Seguridad en los controles de pasajeros, y sus trabajadores para consensuar un árbitro que dicte un laudo de obligado cumplimiento para las partes.

Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al encuentro extraordinario, presidido por Mariano Rajoy, que ha abordado este asunto, tras valorar la situación en el aeropuerto ante una huelga de 24 horas indefinida y tras haber fracaso la mediación.

De la Serna ha explicado que la decisión del arbitraje deberá ser resuelta en el plazo de 10 días desde su designación, plazo que empezará a contar al día siguiente, y ha reiterado que si no hay consenso entre las partes sobre un árbitro, éste será designado a propuesta del Ministerio de Fomento y comunicado a las partes.

El titular de Fomento ha reiterado que esta decisión se ha tomado tras valorar las consecuencias jurídicas de iniciar un arbitraje de obligado cumplimiento, entre ellas la duración de la huelga y la prolongación del conflicto, las posturas irreconciliables de las partes y desde el "más escrupuloso respeto al derecho de huelga".

En el caso de que no lo consigan, Fomento asignará a una persona en las 24 horas siguientes que someterá a las partes para que formulen sus alegaciones y se adoptará una decisión en un plazo máximo de diez días.

La decisión de optar por el arbitraje, que se ampara en una ley de 1977 sobre relaciones laborales, se ha adoptado al concurrir una serie de "circunstancias", ha explicado el ministro.

Entre estas circunstancias figuran la duración de la huelga y las "posiciones irreconciliables" que han mantenido las partes durante el proceso de mediación.

De la Serna también ha aludido al "perjuicio para la economía nacional" derivado del conflicto debido a su afección en el turismo nacional a nivel de empleo, de reputación, "deterioro de la Marca España" e impacto en sectores vinculados al turismo.

El ministro ha subrayado que este acuerdo tiene "carácter excepcional" y que no cree que se puedan extrapolar las circunstancias de estos trabajadores a otros aeropuertos porque existen diferencias, entre otras cuestiones porque las empresas subcontratadas son diferentes.

MARCO REGULATORIO

El Gobierno se ha mostrado conforme con las propuestas de los sindicatos para crear un grupo de trabajo que estudie un convenio estatal marco para la Seguridad privada en el país. Las dos principales centrales del país, CC OO y UGT, han alertado sobre la propagación del problema a otros centros, en muchas ocasiones dependientes de la Administración, que nada tienen que ver con las instalaciones aeroportuarias, pero donde también se viven situaciones cada vez más al límite, como por ejemplo en las estaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Además, De la Serna ha indicado que, ante las peticiones formuladas hoy por los sindicatos, el Consejo de Ministros ha sugerido la creación de un grupo de trabajo con la participación del Gobierno sobre el sector de la seguridad privada.

Este grupo de trabajo abordará cuestiones como la formación, la calidad del servicio, las condiciones laborales o las salariales.

La "voluntad" del Gobierno es comenzar a trabajar en "unos días" para constituir estos grupos de trabajo de cara a establecer este marco general que, ha insistido, no sustituirá la negociación sectorial.

De la Serna ha insistido que el Ejecutivo ha entrado en la resolución del conflicto una vez que fracasó el proceso de mediación y que "no hay ningún otro recurso desde el punto de vista legal para hacer frente a esta situación".


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