INTERNACIONAL

Trump pondrá fin al programa que protege de la deportación a 800.000 'dreamers'

Se conoce así a los jóvenes que entraron ilegalmente en EEUU cuando eran niños.

04/09/2017 08:26 CEST | Actualizado 04/09/2017 08:26 CEST
AFP
Dos 'dreamers' enarbolan pancartas en favor del programa que los protege de ser expulsados: el amarillo dice "Mis sueños no son ilegales", en referencia al término de 'soñadores' con el que se los conoce; el mapa representa las posesiones mexicanas en 1794 y reza: "No cruzamos la frontera, la frontera cruzó EEUU".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido deportar a los cerca de 800.000 dreamers (soñadores) que hay en el país. Se conoce así a los jóvenes en situación irregular porque entraron a EEUU sin papeles cuando eran menores, aunque llevan allí casi toda su vida.

Trump pondrá fin al programa que les da acceso a permisos de trabajo y dará al Congreso seis meses para acordar una legislación alternativa, según han informado este domingo fuentes conocedoras del asunto.

El magnate decidió retrasar el fin del programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege a unos 800.000 jóvenes de la deportación, para dar tiempo a los congresistas a impulsar una ley que lo reemplace.

El programa también autoriza a pedir permisos de trabajo a los beneficiarios.

La decisión, que será anunciada el martes, busca aplacar a las dos partes en el debate migratorio, en un momento en el que Trump también debe lidiar con el programa nuclear de Corea del Norte y la recuperación de Houston tras el paso del huracán Harvey.

UNA PROMESA ELECTORAL DE TRUMP

"Queremos a los dreamers, queremos a todo el mundo", ha dicho Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca. El magnate neoyorquino se ha limitado a revelar que se pronunciará sobre el tema pero no ha querido avanzar cuál será su decisión.

Trump prometió durante su campaña electoral terminar con el programa de inmediato, pero una vez en la Casa Blanca encontró una férrea oposición que incluye a miembros del Partido Republicano. Desde que asumió el poder en enero, la cantidad de deportaciones ha aumentado con fuerza.

En la campaña insistió en que no estaba dispuesto a darles una "amnistía ilegal", pero luego suavizó su discurso y prometió tratarlos con "gran corazón". "DACA es un tema muy difícil para mí (...) Es uno de los temas más difíciles que tengo porque hay chicos increíbles" protegidos por el DACA, dijo en febrero.

La polémica ha resucitado porque fuentes oficiales han contado a Fox —una cadena cercana a Trump— que se anunciaría pronto el fin del DACA "tal y como existe hoy".

El líder de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, instó el viernes a Trump a no derogar el programa creado bajo el mandato de su predecesor, Barack Obama.

El fiscal general republicano de Tennessee, Herbert Slatery, ha asegurado que su oficina no participará en una demanda que desafíe el DACA y ha insistido al Congreso a buscar una solución legislativa.

"Muchos de los receptores del DACA, algunos de cuyos registros he revisado, tienen logros sobresalientes y ambiciones elogiables, que si logran, serán de gran beneficio y servicio para nuestro país", ha escrito Slatery en una carta dirigida a los dos senadores republicanos de Tennesse.

UNA MEDIDA TEMPORAL

El DACA surgió como una medida temporal ante la falta de una reforma migratoria más amplia, bloqueada en el Congreso. Creado en junio de 2012 por el anterior presidente, Barack Obama, el plan busca sacar de la clandestinidad a quienes ingresaron ilegalmente al país con menos de 16 años.

Ejecutivos de varias decenas de grandes empresas estadounidenses, desde Amazon hasta Apple pasando por Facebook, Microsoft, eBay y General Motors, han advertido contra el impacto económico de devolver a la informalidad a tantas personas que pagan impuestos.

Estos jóvenes "perderían la posibilidad de trabajar legalmente en el país y estarían expuestos al riesgo de deportación. Nuestra economía perdería 460.300 millones de dólares del PIB nacional y 24.600 millones de contribuciones fiscales al sistema de seguridad social", han indicado en una carta.

El plan otorga un permiso renovable de residencia de dos años que impide la deportación y autoriza el trabajo formal, concediendo así derechos pero también deberes a los beneficiarios. Pueden acogerse quienes el 31 de junio de 2012 tuvieran menos de 31 años y hubieran vivido en el país desde 2007.

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