Colau ve compatible su acuerdo sobre el 1-O con el informe municipal y el PSC

Colau ve compatible su acuerdo sobre el 1-O con el informe municipal y el PSC

Sigue sin dar ningún detalle sobre cómo va a conseguir el equilibrio.

Imagen de archivo de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau .EFE

La alcaldesa Ada Colau ha afirmado este jueves que el acuerdo con la Generalitat para facilitar el 1-O en Barcelona, del cual no ha dado ningún detalle, es compatible con el informe del secretario municipal y con la posición del PSC, que rechazan la posibilidad legal de ceder colegios electorales.

En una entrevista en TV3, Colau no ha dado ningún detalle del acuerdo que ha anunciado en Twitter y ha trasladado cualquier explicación a la Generalitat, "que es la organizadora" del eventual referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, y en el que cree que los barceloneses podrán participar "con normalidad".

El secretario del Ayuntamiento de Barcelona dictaminó en un informe que Colau debe acatar la providencia del TC y no debe colaborar en el 1-0 cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias "penales".

Por su parte, el segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha dicho que el gobierno municipal no facilitará "ni locales ni medios" para la votación.

En este contexto y requerida al respecto, Colau ha asegurado que lo dicho por Collboni y el secretario municipal "coincide" con su posición: "Facilitar la participación política el 1-O y preservar la seguridad de la institución y de los funcionarios", tal como ya le comunicó al presidente catalán, Carles Puigdemont, en el requerimiento de la Generalitat para ceder colegios electorales.

"No entra en contradicción", ha subrayado Colau, que se ha negado reiteradamente a dar detalles del pacto para que pueda entenderse su posición.

Colau ha aprovechado para cargar contra la Fiscalía, de la que ha criticado que "va más allá" de lo dictado por el Tribunal Constitucional al suspender de forma cautelar el 1-O, con "amenazas" y una "actitud represiva" hacia más de 700 alcaldes que colaborarán con el eventual referéndum desde sus consistorios.