ECONOMÍA

¿Quién dijo cupo (catalán)?

Los expertos desaconsejan extender el sistema foral a Cataluña porque generaría mayor inequidad entre las autonomías.

03/10/2017 18:23 CEST | Actualizado 04/10/2017 07:42 CEST
Jon Nazca / Reuters
El vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras.

Tres eran tres las hijas del Rey ¿País Vasco, Navarra y Cataluña? ¿Café para todos? ¿Por qué los vascos sí y los catalanes no? A juicio de los expertos en Hacienda, un cupo catalán copiado del vasco tampoco parece la solución al actual conflicto que enfrenta a las administraciones central y autonómica a cuenta del Espanya ens roba, bandera de los convocantes del referéndum ilegal del 1-O.

El aspecto económico puede que no sea el único que está detrás del impulso del movimiento independentista, pero ha desempeñado un papel muy relevante. La idea de que los catalanes contribuyen más que el resto y reciben menos está grabado a fuego en el imaginario soberanista.

El País Vasco y Navarra son comunidades forales, que recaudan sus impuestos y, posteriormente, transfieren una parte al Estado para sufragar las competencias no asumidas como el gasto en defensa o exteriores. También hay una aportación, mínima, al fondo de compensación interterritorial. El dinero que el País Vasco abona al Estado recibe el nombre de cupo y, en el caso navarro, se denomina aportación.

UN NO ROTUNDO

Jordi Pujol lo rechazó, quizá porque limitaba su capacidad negociadora con Madrid, pero Artur Mas lo pidió años más tarde. Mariano Rajoy le dijo no, un no rotundo. Quizá porque aquel no era el mejor momento: el país atravesaba una crisis económico financiera de dimensiones considerable y, aunque el Gobierno pudiera utilizarlo para pactar mayorías, sabía que el modelo produciría pelusa entre autonomías.

Y es que el modelo, a ojos de los expertos en financiación autonómica, es cuanto menos insolidario. Inexistente en otros países europeos de corte federal, los cupos son marca España.

¿QUIÉN DIJO CUPO?

Dos días antes de la mítica fecha del 1-O, una mala interpretación de las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, en el programa Les Matins de TV3 hizo correr la pólvora entre las consejerías de Economía y Hacienda autonómicas.

¿Quién dijo cupo (catalán)? No fue Luis de Guindos, cuyo departamento aclaró después, que el ministro se refería a un pacto fiscal, toda una concesión, también, en los tiempos que corren.

Calcular el jarro de agua fría que el anuncio ha vertido sobre la Junta de Andalucía es una tarea ciclópea. La medida supondría el retorno a las autonomías de dos velocidades, uno de los fantasmas que más se agitan en el actual momento político andaluz.

Andalucía considera inadmisible que se extienda este régimen fiscal, que en esencia consiste en que la propia comunidad recauda sus tributos y luego paga al Estado la cantidad que considera por los servicios que éste le presta, y que el País Vasco y Navarra tienen protegido por la Constitución. En el resto de las comunidades funciona al revés: es el Estado quien recauda y luego reparte a cada territorio. La Junta defiende un modelo de solidaridad, bajo el axioma de que no tributan los territorios sino las personas, y que asegure que los españoles reciban lo mismo, vivan donde vivan, a base de calcular el coste promedio de los servicios y multiplicarlo por la población.

No fue Luis de Guindos quien propuso el cupo, pero hay quien quiere el modelo vasco también para Cataluña. Lo cierto es que el sistema foral funciona tal y como está. De distinta manera sería si tanto el cupo como la aportación vasca estuvieran bien calculados y ambas autonomías entregaran anualmente al Estado una cantidad justa por el coste de los servicios generales, opinan los expertos consultados.

¿POR QUÉ EL CUPO?

El cupo vasco, el puño de hierro en las relaciones entre el Estado y el País Vasco, el guante de seda entre Gobierno central y autonómico. El acuerdo es una herramienta tan flexible que cada cinco años se convierte en un pulso entre ambas administraciones, ya que fija la cuantía que el País Vasco, que tiene su propio sistema de impuestos, aporta a las arcas nacionales por servicios que proporciona el Estado pero que recauda Euskadi. Se trata de compensaciones fiscales con las que se busca, además, equilibrar la carga impositiva de los ciudadanos españoles con indiferencia de su lugar de residencia.

Al igual que Navarra, el País Vasco cuenta desde finales del XIX con un régimen económico y fiscal propio: el concierto económico, regulado en su Estatuto de Autonomía. Franco lo abolió en Guipúzcoa y Vizcaya. Por rebeldes. Pero los padres de la Constitución lo recuperaron para País Vasco y Navarra.

El cupo vasco es la puntada que cose las relaciones entre el País Vasco y la Administración central del Estado. Es el marco sobre el que descansan las relaciones financieras entre ambos Gobiernos y una excepción en el panorama internacional. De su grosor, dependerá su firmeza.

Las tres diputaciones forales vascas son las encargadas de recaudar todos los impuestos en el País Vasco. El IRPF, IVA, Sociedades, Especiales... y posteriormente reparten al Estado por los gastos acordados en el cupo. Las diputaciones deciden cuál es el nivel de impuestos que deben pagar sus ciudadanos. El único requisito es que la carga sea similar a la del resto del Estado. En el resto de autonomías el sistema funciona al revés, es la Agencia Tributaria la que recauda y reparte en función de los criterios del sistema de financiación autonómica. Este sistema es el que actualmente está en vías de reforma.

Y como el País Vasco recauda y distribuye por su cuenta, el Estado le pide que aporte como pago por aquellos servicios que ofrece la Administración central. Abona así el 6,48% de las competencias no transferidas. Este porcentaje se renegocia cada cinco años en función de cuánto gasta Gobierno central en cada partida de su exclusiva competencia, aunque en su día se fijó en función del peso de la economía vasca en el PIB español.

El Cupo vasco para 2017 quedó fijado en 1.300 millones de euros, pero a esta cantidad hay que descontar las políticas activas de empleo, con lo que queda en 956 millones.

¿CAFÉ PARA TRES?

"El sistema de concierto, en su esencia, sería generalizable a otras comunidades ricas, siempre que se garantizara que pagaran con justicia no solo las cargas generales, sino también la solidaridad interterritorial, explica Alain Cuenca, uno de los académicos llamados por el Gobierno a estudiar la reforma de la financiación autonómica en la Comisión de expertos que terminó sus trabajos en julio pasado. Todos los economistas citados en este reportaje forman parte de la citada Comisión. "Eso no sucede ahora con País Vasco y Navarra", explica, "por eso, es imposible extender en la práctica el concierto". "Previamente sería necesario asegurar lealtad a prueba de cualquier discrepancia. lealtad propia de quienes quieren vivir juntos", diferencia.

Pero ni con esas Ángel de la Fuente, director de Fedea, ve posible esto del café para tres. "Incluso si se hicieran bien las cuentas, el sistema no es bueno y, cuanto peor se hagan, peor será la situación desde el punto de vista del interés general", se explica Ángel de la Fuente. Coincide con él Ana Herrero. La economista de la UNED calcula un altísimo coste y los servicios públicos se verían muy mermados.

Alain Cuenca, asimismo profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, ve sin embargo el vaso medio lleno. "El concierto tiene ventajas porque otorga gran responsabilidad por el lado de los ingresos y es reconocido fácilmente por los ciudadanos, que saben a quién pagan los impuestos y por tanto les exigen responsabilidades políticas sobre el gasto".

¿CAFÉ PARA TODOS?

Las comunidades autónomas gastan mucho pero ingresan poco. En términos de hacienda: tienen mucha capacidad operativa pero poca recaudatoria. De eso se queja la mayoría.

"Un sistema de cupo para todos solo interesaría a Cataluña, "que quiere la llave de la caja", apunta con peso en el fragmento final de su frase Ana Herrero. La economista valora como muy complejo diseñar un cupo para cada región. Además, recela de que cada autonomía tenga la llave de la caja. "El Gobierno central ha intervenido las cuentas de la Generalitat y puede hacerlo porque tiene el grueso de los recursos", entiende.

Tanta pelea, entonces, no se entiende. "La conflictividad es consustancial a un Estado cuyo poder está descentralizado", admite Alain Cuenca. "Es normal que los políticos se peleen entre sí por el poder, nuestro problema es que no hay suficientes cauces para establecer el diálogo necesario", continúa. "Si el poder está repartido territorialmente, nadie puede imponer su voluntad en muchas políticas donde las competencias son necesariamente compartidas", resuelve.

¿DE QUÉ SE QUEJAN?

Hay quien sin embargo cree que Cataluña no está tan falta de razón cuando se queja. Así opina Francisco Pérez, director del Instituto de Investigaciones Económicas (Ivie)."Una parte de su población comparte la idea de que su contribución a la solidaridad nacional es demasiado grande hasta el punto de que algunos hablan de expolio, pese a que los datos en los que se basa no son compartidos por muchos expertos", introduce.

Dentro del propio sistema común, el reparto también produce desigualdades. "Cataluña", explica, "es una de las regiones donde la financiación por habitante está por debajo de la media, una desigualdad difícil de entender entre los catalanes pero más difícil de entender aún entre los valencianos, cuya financiación por habitante está incluso más alejada de la media. Para Pérez, mantener el status quo actual horadaría en un reparto inequitativo de los recursos.

Los recursos que recibe cada comunidad parten de cómo se valoraron las competencias cuando se transfirieron. Al principio se aplicó un criterio razonable: transferir lo que el Estado gasta ahí, pero después de la descentralización, la cosa se desmadró.

"Como consecuencia de los recortes y de esa mala distribución, Cataluña tiene menos recursos que otras autonomías con menos capacidad fiscal, como por ejemplo Extremadura", explica.

A VUELTAS CON LA CONSTITUCIÓN

Cuando hace pocos años los nacionalistas plantearon la adopción de algo parecido al sistema foral, ya era demasiado tarde. Pero los tiempos han cambiado. El desafío soberanista ha puesto los garbanzos en remojo. Los tiempos han cambiado y, para muchos, urge una reflexión sobre el modelo autonómico plasmado en la Constitución española, cuyo título VIII está obsoleto.

La mirada reformista llega tarde para Ana Herrero, de la UNED. "Hace falta abrir el melón de la reforma constitucional, es necesario sentarse a discutir cómo las comunidades forales pueden contribuir más a la solidaridad de los demás, encontrar una fórmula que mejore el ánimo de Cataluña, hacer cambios en el territorio nacional", admite de todos modos.

El título VIII está obsoleto per se porque era una redacción en gran parte transitoria, pero el Estado de la autonomías que se desarrolló a partir de él no, aunque sufre una profunda crisis, debido al asalto de la Generalitat, aunque no solo, endereza Alain Cuenca, de la Universidad de Alcalá de Henares. "El desafío soberanista exige un nuevo pacto sobre cómo queremos vivir juntos", alienta. "Unos pensamos que hay que ir a fondo a un sistema federal, pero me temo que otros aprovecharán estos tiempos para recentralizar poder", cuenta.

"Es cierto", le respalda Ángel de la Fuente, "el título VIII es en buena parte una norma procedimental en la que se regula el proceso de acceso a la autonomía a partir de un modelo centralizado, también incluye un reparto de competencias entre el Estado y las autonomías que en mi opinión es bastante mejorable. Por tanto, sí sería bueno darle un repaso y usarlo para fijar las grandes líneas de un sistema federal que en la práctica ya existe".

SOLUCIÓN MULTILATERAL

"Todo pasa por hacer el sistema más igual", anima Francisco Pérez, del Ivie. "Por una buena solución bilateral, los problemas no son exclusivos de Cataluña", apuntala.

Alain Cuenca es uno de los pocos expertos que en esta búsqueda de soluciones apuesta por ceder el cien por cien de la recaudación del IRPF a las comunidades autónomas para aumentar su capacidad recaudatoria, mejorar su autogestión y evitar estos rifirrafes.

Ángel de la Fuente cree en cambio que sería mejor ampliar su capacidad para subir o bajar los grandes impuestos indirectos, o al menos para proponer subidas o bajadas del tramo que les corresponde de los mismos, que es algo más de la mitad. "Las comunidades ya controlan el 50% del IRPF, con capacidad para subirlo o bajarlo", precisa. "Aquí hay restricciones europeas, pero se dan fórmulas para avanzar".

Ana Herrero mira más lejos. Aplaude el modelo de reparto del IVA de Australia y las ventajas, por flexible y abierto a los cambios e instituciones forales, de Canadá.

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