POLÍTICA

La Audiencia Nacional imputa a Trapero y a los presidentes de ANC y Òmnium por sedición

Por el asedio a los guardias civiles que registraron la Conselleria de Economía el 20 de septiembre.

04/10/2017 09:07 CEST | Actualizado 04/10/2017 10:30 CEST
AFP
Josep Lluis Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado como investigados por un delito de "sedición" al jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero; al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; al de Omnium, Jordi Cuixart; y a una intendente de la policía catalana.

La titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional acuerda estas diligencias al entender que estos hechos pueden ser constitutivos de delitos de sedición por ir "dirigidos a romper la organización territorial del Estado".

Fuentes de la Audiencia Nacional han confirmado a EFE que la citación es para el próximo viernes en relación al asedio que sufrieron los guardias civiles que registraron la Conselleria de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre.

En el atestado, según El Español, la Guardia Civil atribuye a los presidentes de ANC y Òmnium el control de la muchedumbre que impidió salir del edificio durante 18 horas a los supervisores del registro y a los agentes que lo llevaron a cabo.

15 AÑOS DE CÁRCEL POR SEDICIÓN

En caso de quedar probado que facilitaron o cooperaron para que se cometiera un delito de sedición, a Trapero y su intendente podrían condenarlos a 15 años de prisión, pena por sedición perpetrada por autoridades, según El Español.

Según el Código Penal, incurren en sedición quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad (...) el legítimo ejercicio de sus funciones o (...) de las resoluciones administrativas o judiciales".

Según la Cadena SER, la denuncia está firmada por el teniente fiscal del mismo órgano jurisdiccional, Miguel Ángel Carballo. Lamela asumió el caso después de que por un error en el reparto, hubiera recaído inicialmente en su compañero Ismael Moreno.

LOS HECHOS

Como primera diligencia de investigación, la juez pidió el informe del instituto armado que incluye hasta seis peticiones por escrito a los Mossos en relación con los incidentes de la Conselleria, contestadas —en algún caso dos horas después— con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud.

Además, los guardias pidieron en varias ocasiones ayuda a la intendente imputada de los Mossos, Teresa Laplana, desplazada al lugar desde primera hora de la mañana pero que hasta las 14.30 horas no se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas.

En una de esas peticiones, se traslada a la intendente la necesidad de proteger los tres coches que habían quedado fuera y que ya estaban rodeados. Se le dijo que los coches tenían "armas largas" y que, si los manifestantes accedían a los vehículos, "podría incrementarse la amenaza de forma muy importante".

La intendente respondió, según el guardia, que no podía hacer nada y que su intención era "mantener la situación".

El relato de los guardias que actuaron revela que los agentes que custodiaban la puerta se vieron obligados a entrar en el edificio para evitar "el enfrentamiento directo", ante la actitud "cada vez más hostil" de los manifestantes.

A medida que avanzaba el día y crecía el número de asistentes, la Guardia Civil apunta que la protesta estaba coordinada y organizada, incluso con avituallamiento y con voluntarios que formaron una cadena humana para permitir la salida de las autoridades y trabajadores pero no de la comitiva judicial.

A las 22.00 horas se dio por finalizado el registro pero la comisión judicial "quedó retenida y sitiada en contra de su voluntad". Dos horas después, Sánchez y Cuixart, subidos a un vehículo de la Guardia Civil —que ya habían sido destrozados— arengaron a los asistentes a persistir en la protesta.

A juicio de la Guardia Civil, ¡ demostraron capacidad para coordinar la concentración pero no usaron ese control para disolver una manifestación que habían convocado y que estaba "coaccionando" a los agentes.

Más tarde, "la masa" intentó acceder al edificio por la fuerza. El testimonio de uno de los agentes dice:

El ambiente en el exterior era muy tenso y hostil, tirando objetos e insultando constantemente a los guardias civiles. También realizaban cánticos en los que decían "esta noche dormiréis aquí" (...) Sobre las 3 de la mañana hubo una carga violenta de los manifestantes contra las puertas en la que por parte de unos 15 agentes de Mossos y Guardia Civil hubo que aguantar las puertas, puesto que parecía que la masa podía tirarla abajo y acceder.

Para entonces, la secretaria judicial había salido por un teatro anexo, camuflada entre el público que había ido a la función. Los agentes salieron entre las cuatro y las siete de la mañana.

El informe deja constancia de que aquel día la Guardia Civil envió hasta 24 solicitudes de apoyo a los Mossos, diez de ellas con carácter urgente, en diversos puntos de Barcelona, en Sabadell, en Hospitalet, Les Franquesas del Vallés, Vic, Tarrega, Lleida, Manresa, Reus y Valls.

Alertaron de una concentración que se dirigía a la casa cuartel de Vic, por lo que pidieron apoyo para garantizar la integridad del personal y de las familias residentes; hicieron lo mismo en el polígono industrial de Bigues, que la comisión judicial no podía abandonar al haber personas tiradas en el suelo.

Incluso advierten de que han tenido conocimiento de que "todos los alumnos de bachillerato de los dos institutos" de Tárrega se concentraran al día siguiente frente al cuartel de esa localidad.

EL INDEPENDENTISMO CIERRA FILAS ALREDEDOR DE LOS IMPUTADOS

El vicepresidente del Govern y presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha mostrado su apoyo a los imputados en un tuit recogido por Europa Press en el que remarca: "Investigados por obedecer la voluntad del pueblo de Catalunya. Todo nuestro apoyo Trapero, Sànchez y Cuixart. ¡No estamos solos!".

Investigats per obeir la voluntat del poble de Catalunya. Tot el nostre suport Trapero, @jordisanchezp i @jcuixart. No estem sols! https://t.co/v7Bxsa7go3

— Oriol Junqueras (@junqueras) 4 de octubre de 2017

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, también ha mostrado "todo el apoyo" a los investigados en un apunte en Twitter en el que alaba a Trapero por el "excelente trabajo" de los Mossos y a Cuixart y Sànchez por el civismo de las concentraciones de estos días.

Tot el suport al Major Trapero per l'excel•lent feina dels Mossos i a @jcuixart i @jordisanchezp pel civisme de les concentracions. https://t.co/OCOJIPKc4Y

— Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 4 de octubre de 2017

El coordinador de los parlamentarios del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha advertido que "bajar la cabeza no será la respuesta de las instituciones ni de millones de ciudadanos en Cataluña".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha dicho que Trapero "estuvo bajo la instrucción y las órdenes de la Fiscalía durante el domingo y toda la semana", y cree que su citación responde a "un guión del aparato del Estado", pero que "es el siglo XXI, y todo esto se producirá por caminos pacíficos".

"Me parece inaceptable que estemos en esta escalada de judicialización de un conflicto político", ha apuntado el portavoz de ICV, Ernest Urtasun, en una entrevista en Catalunya Ràdio.

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha afirmado en una entrevista en TVE que los jueces y los tribunales no son la solución a la crisis que vive el país, ya que "a la vista está" que eso "no ha funcionado". Y ha insistido en que "lo que hace falta es diálogo" porque en España hay "una sociedad madura y los ciudadanos no necesitan tutelas".

El parlamentario de PNV, Iñigo Iturrate, cree que la citación "es una palada más de leña a fuego" y ha lamentado que el objetivo del Estado "no es buscar una solución, sino desoír la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña".

En declaraciones a Radio Euskadi, ha señalado que "quienes están encomendados a llevar las tareas de arbitrio en España no cumplen con su deber y son árbitros de parte", en una estrategia de "acoso a la voluntad de autogobierno del pueblo catalán". "No vamos por buen camino, y es momento de reiterar al Estado español que los problemas políticos necesitan una solución política dialogada", ha indicado.