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Asuntos Internos desmantela una red corrupta en la Dirección General de Tráfico

Han detenido a ocho funcionarios policiales y de la DGT por favorecer a empresarios con adjudicaciones a cambio de favores personales.

25/10/2017 16:44 CEST | Actualizado 25/10/2017 16:46 CEST

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha detenido a ocho funcionarios policiales y de la Dirección General de Tráfico (DGT) por integrar una trama de corrupción que favorecía a empresarios con adjudicaciones a cambio de favores y beneficios personales.

Fuentes policiales han informado de que han sido detenidos seis funcionarios de la Dirección General de Policía (no todos agentes del cuerpo), uno de Tráfico y otro de la contrata que suministra la comida en la Policía, en una investigación dirigida por el juzgado de Instrucción número 50 de Madrid y por la Fiscalía Anticorrupción que ha sido declarada secreta.

La trama favorecía a empresarios con adjudicaciones a cambio de favores y beneficios personales.

También han sido arrestados seis empresarios que se habrían beneficiado de contratos urdidos por la trama, que favorecía adjudicaciones a cambio de dinero o pagos en especie.

CORRUPCIÓN EN LOS CONTRATOS DE COMIDA

Según las fuentes, la trama estaría relacionada en especial con los contratos relativos a los servicios de comida en dependencias tan relevantes como la Academia de Ávila, el complejo policial de Canillas, en Madrid, o la base del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) de la Policía.

En un comunicado la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada ha informado que en la operación bautizada como "Grapa" se investigan la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, fraude a las administraciones públicas, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, delitos contra la Hacienda Pública y delito continuado de blanqueo de capitales.

La Fiscalía ha solicitado el bloqueo de cuentas bancarias, el embargo de trece vehículos y el precinto de seis inmuebles.

Además de las detenciones se han practicado 22 registros domiciliarios y de entidades sociales en Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Móstoles, Navalcarnero, Ávila, Arenas de San Pedro (Ávila) y Guadalajara.

La fiscalía ha solicitado el bloqueo de cuentas bancarias como medida cautelar, además del embargo de trece vehículos, la mayoría de alta gama, y la prohibición de disponer de forma preventiva de seis inmuebles.

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