- Cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, del vicepresidente, Oriol Junqueras, y de todos los consellers.
- El presidente del Gobierno asume la competencia de disolver el Parlament, poner fin a la legislatura y convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses.
- La Administración de la Generalitat de Cataluña continúa funcionando como la organización administrativa ordinaria, pero bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno central.
- El Parlamento de Cataluña no puede proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni el Parlamento celebrar debate y votación de investidura una vez destituido Puigdemont.
- El Parlament no podrá adoptar medidas contrarias a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. El Gobierno central tiene un plazo de 30 días para poder vetar iniciativas.
- Tras el cese del conseller de Interior, el Gobierno tomará el control de los Mossos. Podrá dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los Mossos. También podrá acordar el despliegue de Policía y Guardia Civil, coordinando su actuación con la policía autonómica.
- Si fuera necesario, los miembros de los Mossos serán sustituidos por efectivos de Guardia Civil o Policía. En caso de incumplimiento de las órdenes, podrían incurrir en responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de otro orden.
- El Gobierno toma el control económico de Cataluña y garantiza que los fondos no se destinen a actividades relacionadas con el proceso secesionista.
- El Estado podrá imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios o personal laboral de la Generalitat de Cataluña que no acaten las medidas, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía
- Carecerá de validez cualquier publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña sin la autorización o en contra de lo acordado por los órganos o autoridades que designe el Gobierno.
- Las medidas se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, que resulte tras la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña.
