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Granados llega a la Audiencia Nacional sin contestar preguntas, para ser juzgado por la primera pieza de la trama Púnica

Su defensa ha pedido la nulidad del proceso por "falta absoluta de motivación" de algunas de las pruebas y ha protestado ante la ausencia de David Marjaliza en el banquillo.

14/11/2017 12:38 CET | Actualizado 14/11/2017 12:39 CET

El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha llegado cerca de las 09.45 horas de este martes a la Audiencia Nacional (AN) en Madrid, sede judicial en la que va a ser juzgado hasta el jueves por la primera de las 16 piezas que conforman la trama Púnica.

Acompañado de su abogado, José Javier Vasallo, ha entrado en las dependencias de la AN sin contestar a ninguna de las preguntas que han hecho los periodistas de decenas de medios de comunicación que le estaban esperando. Granados se encuentra en libertad desde el pasado 14 de junio, tras estar encerrado en la prisión de Estremera dos años y medio, considerado e investigado como el cabecilla de esta red corrupta.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comienza este martes a juzgar la primera pieza de la trama Púnica, la relacionada con el chivatazo que dos guardias civiles le dieron a Granados sobre que le estaban investigando. Por estos hechos, la Fiscalía le pide tres años de cárcel por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de secretos.

También se acusa a los dos guardias civiles, José Manuel Rodríguez Talamino y José Luis Caro Vinagre, que se enfrentan a la misma petición de cárcel. Según el Ministerio Público, Talamino facilitó al exdirigente 'popular' información reservada sobre la investigación contra el empresario David Marjaliza, lo cual "tuvo importantes consecuencias", ya que "dicha difusión obstaculizó y entorpeció gravemente el curso de la investigación que llevaba a cabo el Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil, menoscabando la prestación de ese servicio público y causando un importante daño a la causa".

El escrito de acusación de la Fiscalía señala que en septiembre de 2014 Talamino informó primero a su amigo Caro Vinagre, guardia civil en excedencia que desde el año 2000 llevaba desempeñando cargos de confianza en la Comunidad de Madrid promocionado por Granados, y después desveló la investigación a éste.

¿Y MARJALIZA?

La defensa del también exconsejero madrileño se ha quejado de que el presunto conseguidor de la trama, David Marjaliza, no esté sentado en el banquillo de los acusados junto al que fue su socio. Durante las cuestiones previas del juicio que celebra la sección primera de la Sala de lo Penal, el abogado de Granados, Javier Vasallo, ha pedido la nulidad por "falta absoluta de motivación" de algunas de las pruebas y ha protestado acerca de la ausencia de Marjaliza en el proceso.

A juicio del letrado, "David Marjaliza es la única persona que pudo obtener algún lucro" del chivatazo que le dio el guardia Rodríguez Talamino a Granados y a un exasesor de la Comunidad de Madrid y también exagente, Caro, los tres acusados por un delito de revelación de secretos por el que la Fiscalía pide tres años de prisión.

Ese lucro seria el de la destrucción de pruebas y de documentación de la trama por parte de Marjaliza, al que ha calificado de "pieza fundamental" en la red y ha destacado que es "el único que ha tomado medidas desde 2013" encaminadas a ocultar sus actividades.

Según el letrado, cuando Marjaliza prestó declaración en instrucción durante 13 horas en las que detalló muchos de los pormenores de la trama corrupta y que le valió salir de prisión un año y medio antes que Granados, el juez y el resto de partes tuvieron "a bien liberar" de responsabilidades al presunto 'conseguidor' de la Púnica del proceso.

También ha pedido el abogado la nulidad de todas las intervenciones telefónicas porque, a su juicio, vulneran el derecho de intimidad y del secreto de las comunicaciones de los acusados. Éstas "se deberían haber autorizado a través de autos concretos" pero, sin embargo, según su alegato, "infringen las reglas más elementales del control jurisdiccional que debió tomar el juzgado de instrucción".