Más competencias, menos medios, menos dinero: las diferencias salariales entre policías y guardias y los cuerpos autonómicos

Más competencias, menos medios, menos dinero: las diferencias salariales entre policías y guardias y los cuerpos autonómicos

Un miembro de las fuerzas nacionales cobra un 30% menos que un mosso, lo que cada mes supone casi 700 euros de diferencia.

Imagen de la manifestación convocada en Madrid por la equiparación salarial entre cuerpos policiales, el pasado 18 de noviembre.EFE

"Nadie está ahí por dinero", sentencia el novelista Lorenzo Silva. Cuando escribe "ahí" se refiere a ese lugar "donde muchas veces nadie más quiere estar": el salón revuelto donde se ha cometido un crimen machista, la carretera secundaria recalentada por el sol en la que yacen unos coches accidentados, la estación en la que han atentado unos yihadistas, las tripas de un ordenador cargado de abusos a menores... "Ahí" es donde están a diario las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Son funcionarios que saben que no van a hacerse ricos con su oficio pero, al menos, piden que se les trate con justicia. Y eso implica cobrar lo mismo que los agentes que componen las policías autonómicas. Equiparación salarial es lo que reclaman unos uniformados que, con una fuerza nunca vista, están saliendo a la calle a pedir dignidad. Por primera vez, hay visos de conseguirla.

La pelea tiene casi 30 años pero nunca en estas décadas ha habido avances, ni con Gobiernos del PSOE ni del PP. Promesas, muchas. Cumplimiento, ninguno. Los 64.000 efectivos de la Policía Nacional y los 88.000 de la Guardia Civil siguen esperando. Ha tenido que venir la crisis catalana para dar el último empujón a la vieja reivindicación de la homologación.

A grandes rasgos, un policía o un guardia cobra un 30% menos que un miembro de los Mossos d'Esquadra, los mejor pagados del país. Eso se traduce, al mes, en casi 700 euros de diferencia. Al año, la diferencia puede ser de hasta 12.783 euros. Si el sueldo base de un mosso es al año de 34.361,8 euros, el de un miembro de la Ertzaintza ronda los 30.000 y el de un policía foral los 27.458,25, el de un guardia civil se queda en 24.515,9 y el de un policía nacional, en 24.512,7 euros.

Las desigualdades vienen desde que los profesionales salen de sus respectivas academias: un mosso empieza cobrando unos 2.100 euros al mes y un guardia o un policía, unos 1.400. Hay policías locales que también empiezan cobrando unos 2.000 euros, aunque depende del tipo de población (en los años de precrisis hubo municipales cobrando hasta un 55% más que un guardia con especialidad antiterrorista). La brecha se agiganta en los cargos más altos: si el major de los mossos roza los 85.500 euros, un general de la Benemérita cobra 63.120 (22.000 euros menos) y un comisario jefe policial, 72.700 (12.800 menos). Son datos suministrados por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

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El sueldo base, que es el que se cotiza para la pensión, es igual dentro de una misma categoría y nivel funcionarial, por lo que las diferencias las marcan los complementos específicos, que llegan a suponer la mitad del salario de un agente y dependen de la dedicación o la peligrosidad. Las ocho principales asociaciones profesionales de guardias civiles ponen como ejemplo las variaciones de complemento de un uniformado encargado de seguridad ciudadana. La diferencia retributiva mensual en bruto entre un guardia y un mosso es de 875,43 euros.

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"Lo que pedimos no es más que justicia. Ya estamos cansados de palmaditas en la espalda y buenas palabras. Queremos dignidad. Hemos estado y estaremos, sin bajar un ápice en nuestro rendimiento, en todo lo que se requiera, desde la lucha contra el terrorismo al narcotráfico o las necesidades que tenga Cataluña. Siempre a la altura. Pero si sentimos el reconocimiento de la gente hacia nuestro trabajo, si las redes sociales nos apoyan, si los políticos dicen que es razonable lo que pedimos, ¿por qué no se nos da?", se pregunta David Gómez, portavoz de Jusapol, la plataforma que está llevando la bandera de esta pelea y que convocó la manifestación que el pasado 18 de noviembre sacó a la calle en Madrid a entre 30.000 y 100.000 personas (según el dato la Delegación del Gobierno en Madrid o el de los impulsores de la marcha).

A juicio de Gómez, se ha acabado generando un sistema "de policías de primera, de segunda y de tercera división", cuando los cuerpos nacionales, además, tienen más competencias que los autonómicos. "La ecuación es una locura: más competencias, más responsabilidad, pero menos salarios y menos medios", se duele. "No es justo que las instituciones más valoradas por los ciudadanos [lo dice el CIS] no tengan su reflejo en la nómina", abunda Jusapol en la iniciativa paralela que ha lanzado en Change.org para lograr la equiparación y que han firmado casi 150.000 internautas.

"Lo más irritante de todo es que los sueldos de las policías autonómicas son pagados por el gobierno español, lo que quiere decir que a ellos los paga el mismo pagador que a un policía nacional y a un guardia civil, y es el propio gobierno español quien nos está desfavoreciendo", abunda su manifiesto.

UNA PELEA DE CASI TRES DÉCADAS

Hace 26 años que por primera vez se planteó en el Congreso la homologación salarial entre cuerpos policiales. Corría el 19 de junio de 1991 cuando Antonio Romero, el diputado malagueño de Izquierda Unida, le planteaba el problema al entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera. Entonces ya se hablaba de una diferencia de 80.000 pesetas (unos 480 euros) respecto de los salarios de los cuerpos regionales. De aquella primera presión al Gobierno central se sacó poco. El pago de nocturnos y de festivos, con el paso de los meses.

"Son muchos años de promesas de equiparación incumplidas desde aquel día", resume haciendo cuentas el secretario general de AUGC, Alberto Moya. Las asociaciones policiales -pese a que las reivindicaciones sindicales y políticas están realmente vedadas a este colectivo- fueron ganando espacio y voz y en 2008 organizaron las protestas más importantes hasta las de este 2017, "una unión histórica", para no ser menos que los agentes autonómicos. El candidato socialista a La Moncloa y extitular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, llegó a incluir una promesa de mejora en su programa electoral. También el PP del actual presidente, Mariano Rajoy. "Lo haré", dijo. Ahora las redes se lo recuerdan.

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Pero llegó la crisis y los de verde y los de azul, viendo que no era el mejor escenario para sus reivindicaciones, aguantaron el temporal, estando como estaban una casilla por detrás de otros funcionarios: recorte del sueldo un 5%, salario congelado, fuera pagas extra... Seguían cobrando menos y sin igualar otros derechos que la sociedad de hoy entiende como irrechazables: la conciliación familiar, las jubilaciones dignas, el pago de horas extraordinarias...

CON LA PUNTA DE LOS DEDOS

Ahora, su anhelo está cerca de ser una realidad. A la batalla de los profesionales se ha sumado Ciudadanos, que ha convertido la homologación en una "línea roja" para dar su visto bueno a los presupuestos generales del estado que le plantee el PP para 2l año entrante. "Que no acabe esta legislatura sin que un policía o un guardia civil cobre igual que un mosso", es la frase que estos días repite el líder de la formación naranja, Albert Rivera.

Su diputado Miguel Ángel Gutiérrez es el que se ha estado reuniendo con los agentes y el que ha planteado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, su propuesta: unos 1.500 euros más destinados a la subida salarial, a razón de 500 por cada año que resta de legislatura.

La equiparación se iniciará ya en los PGE de 2018 aunque obviamente no se puede lograr en un solo año, sino de forma progresiva. Cuando se complete, hacia 2020, cada efectivo se va a beneficiar de media de un incremento de 8.552 euros brutos al año. Contando 14 pagas iguales para estos 152.000 trabajadores públicos, el incremento en la nómina sería de 611 euros brutos al mes, unos 450 netos.

La cifra entra dentro de la horquilla que se habían planteado las organizaciones profesionales, que pedían entre 1.500 y 2.000 millones de euros para completar la equiparación, nada que ver con los 80 millones que inicialmente ofrecía el Gobierno en las negociaciones del presupuesto, a la vuelta del verano, cuando también hablaba de una subida a cinco años y no a tres.

Podemos es el otro partido que más está presionando para que los cuerpos nacionales cobren como los autonómicos, pero su oposición a las cuentas del PP es manifiesta. No obstante, a través de su diputado y guardia civil Juan Antonio Delgado, se ha mostrado dispuesto a apoyar la partida que se está debatiendo siempre que haya votación por separado. Las estimaciones de la formación que comanda Pablo Iglesias eran más altas, de hasta 2.500 millones para la subida.

El ministro Zoido ha dicho esta semana que la equiparación salarial comenzará efectivamente a partir de los presupuestos del año 2018. No ha querido cerrar cuantía alguna, dado que aún están las negociaciones abiertas con agrupaciones y partidos de la oposición, pero reconoce que se trata de una causa "justa" y que los profesionales "lo merecen". "Antes era económicamente inviable, ahora es posible", señaló en Onda Cero. Hace un mes, el Congreso ya aprobó, a iniciativa del PP, un proposición en la que insta al Ejecutivo de a equiparar el salario de los miembros de la Policía y la Guardia Civil al de los de otros cuerpos autonómicos.

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"Es una decisión del presidente de España", remarcó días atrás Zoido, cuyo equipo ha matizado que se lleva un año con reuniones y analizando nóminas para resolver el problema y que "la subida no será lineal para todos", sino ateniéndose a circunstancias como el destino.

Su secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, recalcó el jueves en la Comisión de Interior del Senado que los policías están "por encima de la media de salario de personal público del conjunto de España" y "también muy por encima de la media" de la Unión Europea, una valoración que los agentes niegan. Le piden que aporte cifras que avalen sus palabras o que rectifique.

Todas las asociaciones han avisado ya de que si no se llega a un acuerdo satisfactorio volverán las manifestaciones y movilizaciones. Ahora que han logrado que cale su mensaje, no hay marcha atrás.